La Asamblea Nacional Constituyente ha dado su primer zarpazo al destituir a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. En la sesión plenaria inaugural, la Asamblea “plenipotenciaria” ha decidido remover del cargo a una funcionaria después de que el Tribunal Supremo de Justicia hallara méritos suficientes para enjuiciarla.
Ortega se asume como “chavista”, pero desde hace varios meses se ha enfrentado al Gobierno dirigido por Nicolás Maduro, al que ha catalogado como una "dictadura" que viola los derechos humanos. Él la ha acusado de ser la "cómplice de la insurgencia armada", como ha bautizado a las protestas que en su contra se han desarrollado en todo el país desde hace cuatro meses.
La postura crítica de Ortega Díaz le ha valido el puesto, y así la ANC ha cumplido con su primer objetivo. En la lista de víctimas por venir sigue el Parlamento, de mayoría opositora, y especialmente sus diputados, a los que el propio Maduro ha amenazado con encarcelar.
Golpe en pleno desarrollo
La fiscal Luisa Marvelia Ortega Díaz (Valle de la Pascua, 1958) ocupa ese cargo desde el 13 de diciembre de 2007 y fue ratificada por el Parlamento en 2014, cuando el chavismo era mayoría. Pero ahora se ha convertido en la enemiga número uno del madurismo que ha decidido destituirla, según ella, “para que no siga defendiendo los derechos del pueblo”.
En un comunicado publicado horas después de ser destituida, Ortega Díaz ratifica que está “en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución” y nuevamente “desconoce” las decisiones del Tribunal Supremo.
“Si esto se los están haciendo a la fiscal general, ¿en qué estado de indefensión estamos?”, se pregunta la funcionaria en la misiva y advierte que con la pretensión de “acabar con la autonomía del Ministerio público” se afectará a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
También dice que ni ella ni el país se rendirá “ante la barbarie” y pide a los venezolanos “mantener viva la esperanza y la unidad”. Y concluye: “Seguiré luchando hasta mi último aliento y en el lugar que me toque ocupar”.
La Fiscalía en manos del madurismo
Tarek William Saab, un hombre vinculado al madurismo, fue nombrado por la Constituyente como el fiscal general provisional. Él, que también está al frente de la Defensoría del Pueblo, será el encargado de acusar y defender, en una doble función desde ya muy criticada. El diputado opositor Henry Ramos Allup ha resaltado, a manera de ironía, que eso es posible “según la novedosa concepción jurídica prostituyente”.
Ortega Díaz había denunciado que la sede del Ministerio Público, donde funciona su despacho, era “asediada” desde temprano por soldados de la Guardia Nacional. Esos funcionarios le impidieron el paso.
"No solamente procesan a las personas por la justicia militar, sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general a la sede principal", denunció la mujer que se convirtió en un dolor de cabeza para el chavismo en el poder. En las últimas semanas la Fiscalía inició investigaciones a altos oficiales civiles y militares involucrados en hechos de corrupción y de violación de los derechos humanos. El temor expresado por la propia fiscal es que las pruebas en poder del Ministerio Público ahora caigan en manos de los acusados.
ANC aislada internacionalmente
La decisión de la ANC, elegida el pasado domingo —con una abstención del 58,4 %— en unos comicios que no han sido reconocidos por la disidencia venezolana, también ha sido rechazada por el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. “Repudiamos el uso de la violencia contra la seguridad del Ministerio Público por parte de las fuerzas represivas”, escribió en su perfil de Twitter.
Países de la comunidad internacional, encabezados por Estados Unidos y Colombia, principales socios comerciales de Venezuela, no reconocen como válida a la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por 545 miembros vinculados en su totalidad al Gobierno de Maduro. También la ha rechazado la Unión Europea, Panamá, México, Canadá y Chile, entre otros.
De hecho, la instalación de la Constituyente le ha valido sanciones económicas y comerciales por parte de la administración norteamericana a funcionarios venezolanos. También ha impulsado la expulsión indefinida de Venezuela “de forma unánime” del Mercosur —una alianza regional integrada por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— por considerar que existe una “ruptura del orden democrático”.
Al margen de ello, Diosdado Cabello, constituyentista y número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha propuesto que la ANC funcione durante dos años en los que tome decisiones y emita decretos que permitan lograr “justicia y paz”. La próxima dosis la podría recibir el Parlamento en los próximos días.
Defender los espacios y evitar una ruptura
Julio Borges, presidente del Parlamento, ha dicho que los diputados sesionarán en el Palacio Legislativo, a pesar de que el oficialismo ha asomado que ese espacio le pertenece a la Asamblea Nacional Constituyente y no cohabitará con la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
“Rechazamos y desconocemos el nombramiento que se hizo y que se haya sacado de su cargo a la fiscal Luisa Ortega Díaz”, ha comentado Borges, quien también ha pedido a los opositores que continúen manifestando en las calles y en las universidades en contra de la Constituyente. “Este es un Gobierno forajido, sin autoridad, que recurre a la violencia militar y a los colectivos [como son conocidos los paramilitares armados que apoyan al Gobierno]”.
En esa misma tónica el diputado Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular, cree que Maduro “enterró lo último de legitimidad que le quedaba” con la imposición de la Constituyente y por eso los venezolanos “no reconocen” al régimen.
Tras 130 días de protestas en contra de Nicolás Maduro, que han dejado a más de un centenar de muertos y miles de heridos y detenidos, las manifestaciones bajaron su intensidad y frecuencia después de conocerse los resultados de las elecciones a la Constituyente el pasado domingo 30 de julio.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha denunciado que los comicios del 30J fueron fraudulentos, pero alguno de los partidos que la integran han asegurado que participarán en las elecciones regionales que convocará el mismo Consejo Nacional Electoral que organizó “el fraude constituyente”, así bautizado por la MUD. Esa postura ha generado roces entre los sectores moderados y radicales de la coalición opositora, integrada por 19 toldas políticas de diferentes tendencias ideológicas.
SECUESTRO DE INSTITUCIONES
La oposición venezolana denunció que el chavismo gobernante secuestró las instituciones del país, después de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera esta misma jornada a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y designara a Tarek William Saab, a quien los opositores no reconocerán.
"Lo que está sucediendo en Venezuela es el secuestro total de todas las instituciones por una sola mano, por un partido político (...). Nosotros rechazamos y desconocemos el nombramiento que se ha hecho hoy", dijo a periodistas el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges.
Luisa Ortega Díaz fue removida después de que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera suspenderla "para su enjuiciamiento por la presunta comisión de faltas graves" en el ejercicio de su cargo.
La abogada dijo en un comunicado que desconoce esta decisión, al tiempo que reiteró sus denuncias sobre un presunto golpe de Estado a la Constitución venezolana, en vigencia desde 1999.
En tanto que el nuevo Fiscal General justificó esta medida de la Asamblea Nacional Constituyente porque, aseguró, permitirá "restituir" el orden jurídico en la nación petrolera.
"Lo que se hizo, lo desconocemos, es absolutamente ilegal (...), se equivoca el gobierno si cree que atropellando a los venezolanos va a doblegar a este país", insistió por su parte Borges.
Asimismo, pidió a los partidarios de la oposición "resistir con dignidad" ante las primeras decisiones de esta Asamblea, e hizo un llamamiento a mantener las protestas que han sacudido al país los últimos 4 meses, y que se saldan con al menos 121 fallecidos tras desatarse hechos violentos en algunas de estas manifestaciones.
"Hay que continuar en la calle", señaló sin ofrecer detalles de nuevas movilizaciones.
El órgano de más de 500 miembros, que reescribirá la Carta Magna y reordenará el Estado, está conformado solo por afectos al oficialismo, después de que la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no se presentará a los comicios del pasado domingo por considerarlos un intento del Gobierno venezolano de instaurar una dictadura.
Estados Unidos, la Unión Europea y otra docena de países latinoamericanos también han señalado que desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y las decisiones que de ella emanen.