Roma

El paseo de los Foros Imperiales luce más vacío que de costumbre. El termómetro supera los 35 grados y ni los incansables turistas se atreven a visitar las ruinas de la Ciudad Eterna. A pleno sol, no son horas para observar la columna de Trajano. Aunque justo delante Eyub y una veintena de sus connacionales han decidido hacer una parada más larga de lo normal. Hasta que las autoridades les ofrezcan un techo bajo el que dormir.

La semana pasada se lo arrebataron por la fuerza. La policía los desalojó de un edificio ocupado próximo a la estación ferroviaria de Termini. Allí vivían desde hace cuatro años Eyub y cerca de un centenar de eritreos como él, entre ellos niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. “Acampamos en la plaza que hay justo delante porque nos echaron, pero nadie nos ofreció dónde ir. Dos días más tarde vino la policía con mangueras y nos expulsaron de allí a palos”, cuenta el joven. Sobre las esterillas en las que descansan han colgado el viejo cartel que presidía el edificio: “Somos refugiados, no terroristas”.

El desalojo se venía postergando desde hace años, pero su ejecución se saldó con una batalla campal y un fuerte ruido mediático. Las fuerzas del orden alegaron que los acampados les arrojaron latas con material inflamable, mientras que un vídeo en el que un oficial le arengaba a sus compañeros que “le arrancaran el brazo” al primero que lanzara un objeto contra ellos sirvió para que se creara un bando pro-policía y otro pro-refugiados. Resultaron heridos 13 inmigrantes, la mayoría mujeres. Hasta el Vaticano intervino, a través de su secretario de Estado, Pietro Parolin, que condenó “la violencia de ambos lados”.

"Pensamos quedarnos aquí hasta que nos realojen"

Eyub llegó a Italia en 2008 y como la gran mayoría de los desalojados cuentan con asilo político. “Tengo un niño que va a la escuela aquí en Roma y asistencia sanitaria, por lo que pensamos quedarnos aquí hasta que nos realojen en otro lugar de la ciudad”, sostiene. Desde Médicos Sin Fronteras, que ya ha denunciado en otras ocasiones el abandono de estos refugiados que llevan años en Italia pero no han encontrado trabajo, señalaron que “es una vergüenza que la falta de soluciones habitacionales alternativas haya llevado a una situación de violencia como ésta”.

Desde el ayuntamiento, gestionado por el Movimiento 5 Estrellas, apuntaron a la política de acogida del Gobierno. Mientras que del otro lado, el ministro del Interior, Marco Minniti, le pidió a la alcaldesa, Virginia Raggi, que no haya más desalojos sin haber encontrado antes un espacio para su acogida. Ambos, que tienen una reunión prevista este miércoles para buscar una solución, se plantean utilizar decenas de edificios confiscados a la mafia, de los 600 con los que cuentan en estas condiciones las administraciones públicas en las grandes ciudades italianas.

Los migrantes acogidos en estos momentos en Italia son cerca de 175.000. Y aunque Roma lamenta que sus centros no dan más de sí, hay otras zonas que soportan una mayor presión. En la próspera Lombardía, cuya capital es Milán, se concentran el 13 por ciento y en Campania –capital, Nápoles- el 9 por ciento. Mientras que Lazio –la región romana- concentra al 8 por ciento, como también Piamonte o Emilia Romagna. La diferencia, según la alcaldesa Virginia Raggi es que por la capital italiana pasan cada día miles de ‘inmigrantes fantasma’, de los que quieren continuar a otras ciudades y no figuran en los registros. Entre ellos, muchos de los 12.600 menores no acompañados que han llegado este año a Italia, según las cifras de Interior.

Un 'arma arrojadiza' contra el Gobierno

La política migratoria ha servido, sin embargo, como arma arrojadiza del Movimiento 5 Estrellas contra el Gobierno. Al margen de los exabruptos ya descontados de la xenófoba Liga Norte, Beppe Grillo y los suyos se han encargado de alimentar la relación entre inmigración e inseguridad o de encabezar los ataques contra las ONG que se dedican al salvamento en el Mediterráneo. El vicepresidente del Parlamento y probable candidato del partido a las próximas elecciones generales, Luigi Di Maio, respondió ante los últimos incidentes en Roma que “la alcaldesa debe ocuparse de la emergencia migratoria, pero sobre todo de los romanos”.

Un inmigrante, en el suelo tras ser aturdido por un cañón de agua. Efe

Tampoco es la primera vez que la edil de la capital italiana muestra su mano dura con la inmigración. En junio Virginia Raggi ya envió una carta al Ministerio del Interior para que no le designaran por el momento la acogida de más inmigrantes, al tiempo que el líder de su partido, Beppe Grillo, lanzaba una campaña para desmantelar los campamentos de gitanos que existen en Roma. Sin embargo, según Roberto Zaccaria, presidente del Consejo Italiano para los Refugiados, “conviene circunscribir el episodio del reciente desalojo forzado de Roma a una decisión judicial y no generalizar, pese a que la ciudad debería haber hecho más para crear alternativas de acogida”.

“¿Qué país no estaría sometido a un tremendo estrés cuando pasa de alojar a más de 150.000 personas por las 30.000 o 40.000 de hace un par de años?”, se pregunta Zaccaria. Y precisamente este incremento, “ante el que Italia ha estado abandonada por Europa” –según el experto-, ha provocado que cada vez sean más los municipios que se niegan a acoger inmigrantes, siguiendo la directriz marcada por el Gobierno de un máximo de 3 refugiados por cada 1.000 habitantes.

En algunos casos a través de protestas vecinales o en otros de negativas de alcaldes –incluidos del Partido Democrático, el partido de Gobierno-, los ejemplos se repiten en todo el territorio nacional. En los últimos días una de las reacciones más sonadas han sido las amenazas del movimiento ultraderechista Forza Nuova contra un sacerdote del municipio toscano de Pistoia que se llevó a un grupo de refugiados a la piscina. Pura anécdota que sirve como crítica de fondo de la extrema derecha, liderada por la Liga Norte, contra la postura de la Iglesia hacia los inmigrantes que representa el papa Francisco.

Repentino parón en la inmigración

Toda esta corriente crítica se viene fraguando durante los últimos años en los que Italia ha soportado un constante flujo migratorio, que sin embargo ha sufrido un repentino parón en el último mes. El pasado lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, elogió los esfuerzos del gobierno italiano junto al ejecutivo libio para atajar el tráfico de personas antes de llegar a Europa e impulsó junto a España, Alemania, la propia Italia y varios países africanos un sistema de centros de identificación en los países de origen.

El control del territorio por parte de las autoridades libias es imprescindible para lograr el objetivo. De ahí que diferentes líderes comunitarios, como el presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, reclamaran en los últimos días inversiones millonarias en aquel país.

Por el momento Italia ha enviado un barco militar para apoyar a la Marina libia en la vigilancia de sus costas y ha firmado un código de conducta que reduce el papel de las ONG en los salvamentos en el Mediterráneo. Según una investigación de la agencia Reuters, en las últimas semanas una suerte de guerrilla, que podría estar financiada por el propio gobierno libio, está frenando a los migrantes en sus costas para que no se lancen al mar. Ahora alguien hace el trabajo sucio allí. La duda es qué ocurrirá si dejan de hacerlo o, mejor dicho, si dejan de recibir un salario por actuar.