Trump anunció la decisión de poner fin al programa DACA este martes y las reacciones no tardaron en llegar; cientos de personas afectadas, los llamados dreamers, salieron a las calles para defender sus derechos. No obstante, no solo los ciudadanos de a pie se han revelado, el fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, junto a otros estados del país ya han anunciado que presentarán una demanda conjunta.
En un vídeo a través de las redes sociales el fiscal neoyorquino ha animado a los jóvenes inmigrantes. "Mi mensaje a los DREAMers: mantener la lucha. Demandaremos al Presidente Trump para preservar la DACA, porque estáis aquí para quedaros", ha dicho.
No es la primera vez que este fiscal, de origen judío, planta cara a Donald Trump en términos de política migratoria. Ya en enero de 2017, Schneiderman se unió a la demanda federal contra la orden del presidente para bloquear la entrada a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. Orden muy polémica que fue bloqueada por la justicia en varias ocasiones.
En el momento en el que la fiscalía de Schneiderman se unió a esa demanda, este calificó en un comunicado la decisión de Trump de "inconstitucional y fundamentalmente antiamericana" y destacó la intención del presidente “de discriminar a los musulmanes”.
Protección para los 'dreamers' en Nueva York
Junto a Schneiderman, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha prometido buscar protección judicial para las personas que entraron al país como indocumentados siendo niños.
"El presidente está hablando de rescindir el programa DACA, un discurso que lo único que sirve es para alimentar la bestia del racismo", dijo Cuomo durante un acto público.
"El fin de esta política representa un asalto a los valores que construyeron este estado y esta nación" añadió en un comunicado.
Cuomo afirmó que la medida afectaría a casi 42.000 residentes de Nueva York, provocándoles problemas y separando familias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió el pasado martes acabar con la ley que protegía a 800.000 jóvenes inmigrantes que, a partir de ahora, permanecerán con un constante interrogante en sus vidas.