Más de 7.000 hondureños han perdido el derecho sobre sus casas o sus tierras tras abandonarlas al ser acosados por las pandillas criminales, según un estudio de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicado hoy.
El estudio, que usa cifras de 2015, denuncia que de las 174.000 personas que debieron abandonar sus hogares entre 2004 y 2014, unas 7.000 dijeron que huyeron porque grupos criminales les arrebataron sus tierras o sus casas.
El estudio se realizó con datos de 20 municipios del país, "por lo que está claro que el número real de desposeídos es mucho mayor", indica el texto, dado que hay muchas más localidades, y muchos de los desplazados no quieren hablar por miedo a represalias.
Los desahucios toman distintas formas, explicita el informe, dado que en algunos casos las bandas criminales dan 24 horas a los ocupantes para que las abandonen, en otras los echan inmediatamente y en algunos casos les compran la propiedad aunque a un precio menor que el del mercado.
El estudio también indica que las comunidades afroamericanos e indígenas sufren amenazas de muerte en los casos que reclaman sus derechos colectivos sobre tierras ancestrales que son usadas por terceros para actividades industriales o con fines económicos.
Ante esta situación, ACNUR recomienda al Gobierno que cree un registro de tierras o viviendas abandonadas, que garantice la protección de los derechos de los desplazados internos y que establezca mecanismos para la restitución de sus propiedades.
Mientras tanto, ACNUR junto a Caritas ha comenzado a identificar viviendas y tierras abandonadas, y ha establecido un mecanismo de registro para, a la largo plazo, poder identificar a sus legítimos propietarios.
ACNUR recuerda que más allá de los desplazados internos, la violencia está obligando a muchos hondureños a atravesar las fronteras y emigrar. Según sus datos, solo en 2016 más de 24.935 hondureños buscaron protección internacional.