Sólo purgando la corrupción se podrá reconstruir Brasil

En cualquier caso, el origen de nuestra lucha es el deterioro de la democracia ante la corrupción sistémica e institucional. Nuestro sistema representativo ha estado hasta ahora tan separado de su razón de ser que el deseo de gobernar se ha sustituido por el de permanecer en el poder. 

Nada ilustra mejor el complejo estado de la decadencia democrática de Brasil que la operación Lavadero de coches, la investigación sobre la corrupción a gran escala.

Nuestra estructura de gobierno se basa en coaliciones, lo que la hace vulnerable a la corrupción. Con docenas de partidos compitiendo para formar una mayoría en el Congreso, las campañas electorales se hinchan y resultan prohibitivamente caras. Ganar el poder supone para un partido político la oportunidad de elegir altos cargos en las empresas públicas. Estos ejecutivos reciben sobornos de los contratistas, y parte de ese dinero se canaliza otra vez al partido. 

Es un ciclo de autoperpetuación: las elecciones fraudulentas generan administraciones públicas que promueven la corrupción y están manejadas por políticos que crean reformas electorales para otorgarse más y más poder, recursos y control. Como resultado, los principales partidos políticos de Brasil, que se han turnado ininterrumpidamente durante décadas en el gobierno, no se centran en dirigir el país, sino en construir alianzas para mantenerse en el poder.

Los ministros, consejeros, senadores, representantes e incluso los miembros del poder judicial colaboran con intereses privados para tomar decisiones sobre inversiones públicas y presionan para la aprobación de leyes que beneficien desproporcionadamente a quienes están en el poder.

Algunos de los grupos económicos más grandes del país son, de hecho, imperios artificiales construidos sobre exenciones fiscales y préstamos del Banco de Desarrollo de Brasil, y sus fracasos han sacudido los cimientos de la economía nacional.

NYT

Recursos para el desarrollo habilitados para mejorar la calidad de vida y reducir la desigualdad social han servido para enriquecer a ciertos grupos y empresas que luego han sido aclamados como “campeonas nacionales”, pero también para financiar el sistema de partidos políticos. Más de 14 millones de personas han perdido su empleo como consecuencia de una política económica equivocada y la apropiación indebida de recursos públicos.

Incluso el presidente Michel Tener, cuya agenda rehúye el interés público y pone en riesgo nuestros recursos naturales, ha sido acusado recientemente de soborno y está intentando por todos los medios impedir posibles investigaciones sobre sus operaciones. A finales de agosto, intentó abolir la preservación de varios millones de hectáreas en el Amazonas -una extensión equivalente a la superficie Dinamarca- para que la tierra se pudiera abrir a la minería. Esto animaría a la deforestación, la pérdida de recursos hídricos y supondría una agresión a las comunidades locales e indígenas.

Pero la operación Lavadero de coches ha demostrado que podemos castigar a los políticos y a los altos cargos por sus crímenes. Esa investigación ha sido fundamental a la hora de aflorar la corrupción que se ha infiltrado en nuestro país, ha sacado a la luz miles de millones de dólares en pagos ilegales, ha permitido encarcelar a altos cargos y ha llevado al presidente a los tribunales bajo la acusación de violar las leyes de financiación de las campañas electorales. La operación inaugura una era en la que los empresarios y los políticos corruptos temerán por fin a la Justicia, porque saben que la prisión puede ser un escenario real en su futuro. La investigación deja entrever la posibilidad de un futuro político para el país, un futuro menos conformista, respetuoso con los valores de la ciudadanía y que exige igualdad para todos.

La operación Lavadero de coches también sirve como advertencia al sector empresarial y su práctica arraigada de influir en las decisiones gubernamentales. Los negocios involucrados en la corrupción pueden ser ahora intervenidos por la Justicia, lo que permite sentar las bases para que exista una verdadera competencia capaz de promover las obras y servicios públicos adecuados.

El tsunami que sacude Brasil dará paso a un nuevo paradigma político fundado sobre el principio de que Justicia significa justicia para todos. Todavía no hemos llegado ahí, pero la operación Lavadero de coches está funcionando, como lo demuestra la reacción del establisment político en todo el espectro ideológico.

Un número significativo de dirigentes políticos, empresarios y líderes de partidos están usando todos sus recursos para mantener las cosas como están. Hay alianzas entre antiguos enemigos para parar la investigación, y hay intentos de imponer reglas para las elecciones de 2018 que garantizarían la continuidad de quienes están actualmente en el poder. El equipo específico de investigación de la operación Lavadero de coches fue desmantelado en julio: la investigación pasó a ser absorbida por una división más grande de anticorrupción y, por tanto, se limitó su alcance. 

Nuestra esperanza de ver un Brasil revitalizado la depositamos en la prensa, en el poder judicial y en el pueblo. Con mucho sufrimiento, estamos aprendiendo a crear leyes e instituciones eficaces. Las elecciones de 2018 serán el primer gran examen; los votantes podrán entonces llevar a cabo la mayor limpieza de políticos jamás vista en la historia del país, tendrán la oportunidad de deshacerse de la corrupción y podrán abrir la puerta a una reconstrucción de las instituciones.

*** Marina Silva es profesora, ecologista y antigua senadora. Fue ministra de Medio Ambiente de Brasil entre 2003 y 2008, y se presentó como candidata a la presidencia del Gobierno en 2010 y 2014.

© 2017 Marina Silva. Distributed by The New York Times News Service & Syndicate.

NYT