23.101 muertes. A una semana de acabar 2017, México registra el peor dato en número de asesinatos en las últimas dos décadas. Una cifra elevada que, paradójicamente, se da en el año en el que se ha promulgado la polémica Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.
De acuerdo con el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), que se publicó este viernes, en los primeros 11 meses del año se produjeron un total de 37.527 homicidios; 23.101 dolosos y 14.426 culposos. El dato de los homicidios dolosos supera la marca del 2011, de 22.409 muertes.
Los estados más violentos fueron Guerrero, con 190; Baja California, con 178; el Estado de México, con 172; Veracruz, con 138, y Chihuahua, con 137. Aunque la mayoría de los 32 estados que conforman México sufrieron un repunte de la violencia en el presente año.
El Gobierno defenderá otro dato
En este sangriento 2017, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes no podrá ser usada por el Ejecutivo para disfrazar las cifras, pues el Gobierno ha esgrimido en muchas ocasiones que si bien ha subido el número de víctimas, la tasa disminuyó por el aumento de la población mexicana.
Con base en este parámetro, 2011 es todavía el año más violento con 19,37 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, y 2017 se colocó, de forma preliminar, en 18,70 casos por cada 100.000 mexicanos.
Estos son los dos peores datos de la serie, que abarca desde 1997 y que en 2007 tuvo su mejor registro, cuando la tasa de homicidios dolosos bajó a 9,34 por cada 100.000 habitantes.
Consecuencias del narco
En México se produjo un repunte de la violencia hace 11 años por la llamada guerra contra el narcotráfico que propugnó el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que hasta la fecha ha dejado al menos 150.000 muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30.000 desaparecidos.
Este supuesto combate frontal al crimen organizado supuso la salida a las calles de los militares, donde han permanecido desde entonces efectuando tareas de seguridad pública.
Esta semana después de debates y controversia surgidos dentro y fuera del plano político, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley de Seguridad Interior
Polémica Ley de Seguridad
Cartel en contra de la militarización de la lucha en la calle.
El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia. Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando una década, para otros perpetúa su presencia en las calles, donde han sido acusados de uso indebido de la fuerza y desapariciones forzadas.
Ante la avalancha de protestas en las calles y en redes sociales, y la opinión contraria de organismos de tanto peso como las Naciones Unidas o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Peña Nieto anunció, tras la promulgación el jueves, que no emitiría ninguna declaración de seguridad hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera sobre su constitucionalidad.
El futuro de esta polémica ley se debatirá ahora en el Supremo, donde la CNDH ya anunció que planteará una acción de inconstitucionalidad y pidió el apoyo de la ciudadanía para recabar argumentos.
A expensas de su constitucionalidad
El Ejecutivo y buena parte del Congreso, que aprobó la ley por mayoría, están convencidos de que la normativa no presenta vicios de inconstitucionalidad.
Así lo expresó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Renato Sales: "Que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determine, a partir de la propia Constitución, si efectivamente (la ley) se apega o no al texto fundamental", remarcó.
Para él, la norma no tienen "ningún vicio de inconstitucionalidad", y además, no implica "ninguna violación a derechos fundamentales".