La ONU endureció en la madrugada del viernes al sábado sus sanciones contra Corea del Norte, limitando aún más su acceso a productos petroleros y vetando sus exportaciones en varios sectores. Sin embargo, la principal novedad del nuevo paquete es la expulsión de los ciudadanos norcoreanos que trabajan en el extranjero, alrededor de 100.000, la mayoría en las vecinas China y Rusia.



Una mano de obra apreciada por su bajo coste y su espartana ética de trabajo, que asume en general los empleos que no quieren los locales, albañiles en duras condiciones climáticas o leñadores en remotas regiones de Siberia.



Un buen ejemplo se ha dado en Rusia los dos últimos años, el país ha empleado cuadrillas de albañiles norcoreanos para acelerar y abaratar las obras de construcción del Mundial del próximo verano. Varias federaciones escandinavas de fútbol elevaron una protesta a la FIFA por las condiciones de "semiesclavitud" en las que viven estos albañiles, que dormían en barracones y trabajaban los siete días de la semana.

500 millones de dólares al año



El sueldo de estos empleados no lo perciben ellos sino que se deposita en una cuenta del Partido, que se queda con entre un 50% y un 75%, en concepto de "contribución a la defensa de la patria". De esta manera, el Estado norcoreano venía ingresando unos 500 millones de dólares al año, un balón de oxígeno en el contexto de sanciones y aislamiento internacional.



Según el texto de la resolución de la ONU, todos los Estados deberán expulsar de su territorio a los trabajadores norcoreanos durante los próximos dos años. Inicialmente, el plazo propuesto era de un año, pero Rusia forzó a última hora el cambio al considerar que 24 meses era el mínimo necesario por cuestiones logísticas, según

explicó su embajador tras la votación.



Las medidas son una respuesta al lanzamiento a finales de noviembre de un misil balístico de largo alcance, un tipo de proyectil que sería capaz de golpear cualquier punto del territorio continental de Estados Unidos.



Acuerdo entre EEUU y China



Washington fue el gran impulsor de las nuevas sanciones y obtuvo el respaldo unánime de los otros catorce miembros del Consejo de Seguridad. La resolución fue negociada discretamente durante las últimas semanas por EE.UU. y China, el país más cercano a Corea del Norte, y al que la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, agradeció su cooperación: "La unidad que este Consejo ha demostrado con estas sanciones sin precedentes es un reflejo de la indignación internacional con las acciones del régimen de Kim".



La resolución 2397 endurece de forma importante las amplias medidas que ya están en vigor contra Pyongyang, en un intento por dificultar a Corea del Norte la financiación de sus programas armamentísticos y forzarle a negociar.



En el ámbito petrolero, el texto reduce a 500.000 barriles al año el límite de productos refinados que pueden entrar al país, lo que según EE.UU. recortará en un 89 % las importaciones norcoreanas de gasolina, diesel y otros combustibles. Además, tras haber ordenado en septiembre congelar las ventas de crudo a Corea del Norte, el Consejo de Seguridad reforzó hoy esa medida, estableciendo un tope anual de

cuatro millones de barriles.



Restricción a las exportaciones



La resolución recorta también las exportaciones norcoreanas, que ya estaban muy limitadas por anteriores sanciones, extendiendo el veto a las ventas en sectores como el alimentario, el agrícola o los equipos eléctricos.

Según Washington, actualmente las prohibiciones ya cubrían ámbitos que generaban a Pyongyang el 90 % de sus ingresos por exportación, por lo que el impacto de las nuevas medidas será únicamente de unos 200 millones de dólares al año.

La resolución impone también prohibiciones a la importación de ciertos productos como maquinaria pesada y vehículos de transporte, aunque incluye excepciones para piezas utilizadas en aviación civil. Además, endurece los controles sobre buques que entrar y salen del país, en un intento de combatir el contrabando de productos como carbón y petróleo.