"Haití no fue un incidente aislado". La tempestad levantada por un reportaje del periódico británico The Times el pasado viernes, donde se revelaba que trabajadores de Oxfam pagaron a prostitutas para organizar orgías durante la operación de ayuda humanitaria tras el terremoto de Haití en 2010, ha hecho tambalear los cimientos de una de las organizaciones benéficas más importantes de Gran Bretaña. Pero por si el escándalo no hubiese alcanzado suficiente magnitud, una nueva noticia saltó este martes a primera línea para avivar las llamas: la detención y encarcelamiento provisional del actual presidente de la entidad.
Entre un alud de dimisiones y de vergonzosas cifras de denuncias de abusos sexuales, el arresto de Juan Alberto Fuentes Knight, mandamás de la organización desde 2015, es el último revés de la profunda crisis a la que se enfrenta Oxfam. Fuentes, exministro de Finanzas de Guatemala, ha sido detenido y enviado a prisión preventiva junto al expresidente Álvaro Colom y otros exmiembros de su Gobierno en el país centroamericano en el marco de una operación por un caso de corrupción que investiga la malversación de fondos en la red de transporte urbano.
La explicación institucional de Oxfam se limitó a reseñar el hecho de que "todavía no conoce la naturaleza formal de los cargos, si hay alguno, contra el doctor Fuentes Knight". "Aún así, él se ha mostrado completamente franco con el consejo y la dirección de Oxfam sobre el hecho de que está entre antiguos funcionarios investigados", señaló la directora ejecutiva de la ONG, Winnie Byanyima, en un comunicado.
Con su máximo responsable entre rejas y con varios altos cargos destapando un comportamiento "sistemático" que contaba con la supuesta connivencia de la dirección, las incógnitas se centran sobre el futuro inmediato de la ONG, golpeada primero por los abusos sexuales y ahora por la corrupción, y sobre si será capaz de limpiar su imagen.
Medidas ineficaces
Una vez hecho público el escándalo -y reconocido por la propia organización- las confesiones de algunos trabajadores han puesto de manifiesto las inútiles medidas adoptadas para tratar de erradicar los abusos. Esa ha sido la versión de Hellen Evans, la encargada de investigar entre 2012 y 2015 las denuncias presentadas contra los empleados: "A medida que la escala del problema se conocía la organización no adoptó los pasos necesarios para responder". La extrabajadora ha afirmado que Mark Goldring, el directo de la ONG, estaba al tanto de que una mujer había sido obligada a mantener sexo a cambio de ayuda humanitaria.
En este sentido, Evans describió en un comunicado que en el año 2014 se realizó un sondeo confidencial entre los trabajadores en tres países que reveló que "uno de cada diez empleados habían sido testigos o experimentado una agresión sexual". The Times publicó este domingo que en 2017 Oxfam registró 87 nuevos casos.
Revelaciones como las de Hellen Evans, que habla de una "cultura del abuso sexual", han sido un motivo extra de presión para que algunos directivos, como Penny Lawrence, hayan presentado su dimisión. La directora adjunta de la ONG renunció a su puesto este lunes tras admitir que la organización no supo manejar los comportamientos de sus empleados. "Como directora de programa en ese momento, estoy avergonzada de que esto ocurriera bajo mi supervisión y asumo toda la responsabilidad", señaló en un comunicado.
¿Fin a las ayudas económicas?
La crisis a la que ha de hacer frente Oxfam no solo afecta a su reputación, podría acabar golpeando a sus cuentas. Penny Mordaunt, la ministra de Cooperación del Gobierno de Theresa May, ha advertido que Reino Unido retirará la financiación a todas las ONG que incumplan los estándares de comportamiento en el trabajo de campo y les ha pedido que "se organicen y haga más para asegurar el liderazgo moral". Oxfam recibe anualmente 32 millones de libras de las arcas de Westminster. En este mismo sentido, Bruselas ha solicitado a la organización benéfica una "explicación urgente" si quiere seguir cobrando los fondos que percibe de la Unión Europea.
Sin embargo, no solo los organismos públicos han amenazado con cortar el grifo de la financiación. En los últimos días, donantes habituales de la ONG han manifestado su profundo malestar ante las informaciones publicadas y han prometido cancelar sus aportaciones económicas si se demuestra la veracidad de los hechos. Algunas de estas personas llevan más de 30 años colaborando.
La filial de la organización humanitaria en España, que cuenta con casi 200.000 colaboradores, también está recibiendo peticiones de socios que quieren darse de baja. Francesc Mateu, director de Oxfam en Cataluña, ha explicado a la agencia Efe que les "han llamado socios que aseguran que no quieren colaborar con una ONG que puede tener personas tan contrarias a la misión de la propia organización"; lo cual "es legítimo y están en su derecho" porque reconoce que "cuesta interpretar" y "no es agradable" haber tenido "compañeros con esos comportamientos".