La discusión sobre el uso del velo islámico o hiyab en los países de la Unión Europea (UE) no es algo nuevo. Las prendas con mayor consenso para ser prohibidas han sido el burka, que oculta todo el cuerpo de la mujer, y el niqab, que solo deja al descubierto los ojos. Dinamarca se unió el pasado miércoles a la lista de países, como Francia, Holanda y Bulgaria, que han limitado o prohibido el uso de estos velos en espacios públicos.
La discusión sobre la propuesta de ley ha tenido un tono decididamente antimusulmán en las instituciones del gobierno de Dinamarca. El ministro de Justicia, Soren Pape Poulsen, argumentó que las tapaderas islámicas son "irrespetuosas" e "incompatibles con los valores daneses". Y el portavoz de inmigración e integración del Partido Popular Danés, en una comparecencia pública, afirmó estar comprometido a impulsar nuevas medidas contra la "islamización de Dinamarca". La votación en el Parlamento danés (75 a 30) dejó clara la posición de los legisladores, pero ha provocado protestas en el país.
El pasado miércoles por la noche más de 1300 personas protestaron contra la medida. Una manifestante, Sabina, de 21 años, aseguró que "no voy a quitarme mi niqab. Usarlo es una elección espiritual y ahora una señal de protesta. Los únicos resultados de esta ley es que vamos a adherirnos más firmemente a nuestra fe y al niqab". Algunos de los manifestantes llevaban carteles con mensajes como "dedos lejos de mi niqab" y "mi ropa, mi elección". Las autoridades no multaron a ninguna de las personas que se taparon la cara en las concentraciones por considerarlo parte de su derecho a la libertad de expresión.
La discriminación contra la población musulmana en Europa se materializa en las agresiones. La Fundación para la investigación política, económica y social (SETA) reveló en un informe que en el 2017 se produjeron unos 546 ataques antimusulmanes en España. Los crímenes de odio contra los musulmanes y los ataques contra las mezquitas casi se duplicaron en Londres. Solo en Polonia se cometieron 664 crímenes de odio en 10 meses. El 14% de los musulmanes en Noruega fueron objeto de ataques verbales o físicos y el 25% de todos los musulmanes que vivían en Malta fueron hostigados.
Por esto, muchos mandatarios europeos han defendido estas limitaciones en la vestimenta como medidas de seguridad para los musulmanes por los ataques que se han registrado contra ellos en los últimos años. Pero algunos funcionarios no han escondido sus intereses políticos y sociales detrás de estas medidas, como en Alemania, donde el exministro del Interior, Thomas Maiziére aseguró que la “integración también significa marcar claramente los límites de nuestra tolerancia con otras culturas”.
En junio de este año, Holanda también prohibió el uso de cualquier prenda que esconda la cara en lugares públicos. La norma afecta a más de 400 mujeres de confesión musulmana y el gobierno aseguró entonces que la nueva regla será útil para mejorar la seguridad en las calles del país. Amnistía Internacional rechazó estas medidas porque “a pesar de que algunas restricciones específicas al uso del velo integral pueden ser legítimas por razones de seguridad pública, esta prohibición no es necesaria ni proporcionada y viola los derechos a la libertad de expresión y de religión”.
Pero la regulación de estas prendas en Europa comenzó hace mucho. Francia fue el primer país en prohibir el uso del velo islámico integral en el espacio público, con una ley promulgada en el 2010 que fue ratificada por la Corte Europea de Derechos Humanos en el 2014. A pesar de que "vivir en la República con el rostro descubierto es un asunto de dignidad e igualdad", según la exministra de Justicia, Michelle Alliot Marie, la izquierda francesa se negó a participar de la votación por los riesgos de inconstitucionalidad y estigmatización que representa la medida hacia la comunidad musulmana en el país que, con más de seis millones de personas, es la más grande de Europa.
Estas medidas no se limitan a los lugares públicos porque el año pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que las empresas pueden prohibir a sus trabajadores portar cualquier signo religioso, al considerar que no se trata de algo discriminatorio, sino una política de empresa. Para Takis Tridimas, un académico de Londres, "la alta corte busca intentar acomodar el principio de equidad y el concepto de secularismo, como es entendido en algunos países. Entonces, prohibir cualquier tipo de signo religioso, como una kipá judía o un pañuelo islámico, por ejemplo, está bien, pues hace parte de la neutralidad. La decisión no es específica sobre una religión particular”.
Al contrario, Fotis Filippou, de Amnistía Internacional, ha rechazado este tipo de normativas porque "todas las mujeres deberían poder vestirse como quieran y usar ropa que exprese su identidad o creencias". Y que así como a las mujeres no se les debe obligar a usar algún tipo de atuendo religioso, no se debería castigar a las que eligen usarlo. Algunos países europeos, como España, Finlandia, Portugal y Grecia todavía no han establecido limitaciones legales firmes al uso público de artículos religiosos, pero todo puede cambiar.