El Gobierno de Nicaragua ha expulsado a una misión de la ONU en medio de la crisis que atraviesa este país y que ha causado entre 322 y 448 muertos desde abril pasado, tras un duro informe en el que señala al Estado como responsable de violaciones a los derechos humanos.

"Este Ministerio [de Relaciones Exteriores] comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita", señaló el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una carta dirigida a la representante regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Marlene Alejos, y divulgada por el Ejecutivo sandinista.

La misión de la Acnudh llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer de la crisis sociopolítica que estalló en abril, y el miércoles pasado emitió un informe en que denunció el "alto grado de represión" estatal en las protestas contra el Gobierno, en las que se han registrado "más de 300 muertos y 2.000 heridos".

El canciller Moncada afirmó que mantendrán una "relación normal" con la Acnudh y seguirán "las vías normales que hemos tenido siempre mediante la representación permanente de nuestro país en Ginebra".

Uso desproporcionado de la fuerza

Ese organismo, que en su informe acusa al Gobierno de Ortega por el "uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica", entre otras violaciones a los derechos humanos, anunció que hará un seguimiento en la distancia de Nicaragua.

"La Acnudh proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del Alto Comisionado", señaló el organismo.

Además, instó al Gobierno a seguir las recomendaciones del informe, que fundamentalmente consisten en suspender toda violencia contra los derechos humanos, buscar la verdad, y la rendición de cuentas.

La decisión del Gobierno fue criticada por organismos humanitarios internacionales y locales, que lo calificaron como una "expulsión".

"El Gobierno de Nicaragua está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión contra aquellas personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión", dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, al respecto.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, tildó de "inaudita" la decisión del Gobierno de Ortega que, a su juicio, busca evitar que el caso de Nicaragua sea tocado el 5 de septiembre próximo en el Consejo de Seguridad de la ONU, y advirtió de "más represión contra los nicaragüenses".

"Denunciamos que la dictadura de Ortega insiste en mantener el camino de la violencia y la confrontación, no solo dentro del país, sino con todos los países del mundo, sin medir lo que significa el aislamiento total de su Gobierno y por su causa, del mismo país", denunció, por su lado, el opositor Frente Amplio Democrático (FAD).

Partido opositor Ciudadanos por la Libertad

"Esta deplorable decisión, que solo viene a confirmar ante el mundo la gravísima situación de violación de los derechos humanos en Nicaragua, es también una muestra del aislamiento internacional del régimen actual y de su falta de adecuación a las normas de convivencia que rigen a la comunidad internacional", indicó, por su parte, el partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Ese colectivo hizo un llamado a los órganos y Estados miembros de las Naciones Unidas a adoptar todas las acciones internacionales necesarias en el ámbito bilateral y multilateral para exigir al Gobierno de Ortega "el cese de las violaciones a los derechos humanos y la represión contra el pueblo que respaldó las protestas iniciadas en abril".

También "el restablecimiento de la democracia permitiendo elecciones libres donde los nicaragüenses podamos cerrar, con nuestro voto, este capítulo oscuro de la historia patria", agregó.

Medio centenar de onegés de América dijeron que en Nicaragua se han roto "los más esenciales valores democráticos" y que la crisis del país, con la muerte de centenares de personas en protestas contra el Gobierno, debe ser abordada por el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo miércoles.

Manifestación con tiroteo

Mientras la situación internacional se tensa, es tarde ha tenido lugar una multitudinaria manifestación contra Ortega en la que se ha producido un tiroteo en el que al menos una persona resultó herida por disparos.



El incidente ocurrió cuando personas encapuchadas que se desplazaban en una camioneta abrieron fuego contra la marcha, en la que participaban miles de personas, según testigos.



El herido, un médico que participaba en la protesta contra Ortega, recibió un disparo en un brazo y otro superficial en el pecho, pero su vida no corre peligro.



Los manifestantes ya habían sido atacados por una caravana aparentemente oficialista y por policías antidisturbios que intentaron impedir su recorrido, en el sureste de Managua.



Nicaragua atraviesa los enfrentamientos más sangrientos desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.



Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas de la seguridad social que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder.