Una niña de cinco años se recupera en el hospital de las heridas que han marcado su rostro y su cuerpo cuando una bomba destruyó la casa en la que vivía junto a su familia a las afueras de Saná, Yemen. Buthaina se lleva la mano al ojo derecho, completamente amoratado por los escombros. Esta imagen y la trágica historia de Buthaina recorrió el planeta hace ahora justo un año, abriendo los ojos al mundo (al menos por unos días) ante las atrocidades de la olvidada guerra en Yemen.
En aquel ataque de finales de agosto de 2017 murieron 16 civiles y otros 17 resultaron gravemente heridos, entre ellos Buthaina que perdió a sus cinco hermanos en un bombardeo a una zona residencial que la coalición encabezada por Arabia Saudí reconoció pero achacó a un “error técnico”.
Una bomba de fabricación estadounidense guiada por láser fue en aquella ocasión responsable de la devastación, según pudo acreditar Amnistía Internacional. Se trataba del mismo dispositivo de “precisión” que España ha vendido ahora a Arabia Saudí. Una remesa de 400 bombas modelo Paveway que ha dejado en evidencia el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con los derechos humanos y su respeto por la legalidad internacional. “España corre el riesgo de ser cómplice de crímenes de guerra”, alerta Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional.
Imágenes del ataque aéreo de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Sana'a, Yemen, el 25 de agosto.
“Las bombas son de alta precisión y no se van a equivocar matando yemenís”, despachó Isabel Celaá tras ser preguntada por el último volantazo del Gobierno socialista en el último Consejo de Ministros. La realidad desmiente las peregrinas explicaciones de la ministra portavoz. “Las excusas y explicaciones del Gobierno son absurdas”, defiende Estévez.
Las bombas “inteligentes” que nuestro país va a enviar a Arabia Saudí cumpliendo un contrato firmado por el Gobierno anterior son las mismas que ya han causado centenares de víctimas civiles en los más de tres años que dura la guerra de Yemen, un conflicto que ya se ha cobrado más de 10.000 muertos, según las estimaciones de la ONU. Tal y como denuncian varios organismos internacionales, esta munición se ha utilizado ya contra hoteles, hospitales, viviendas y hace poco un autobús escolar, una masacre en la que murieron 40 niños.
La "responsabilidad" de Sánchez
Precisamente este ataque levantó de nuevo la indignación internacional y llevó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a anunciar que cancelaría la venta de los proyectiles desatando días después la enésima rectificación del Ejecutivo socialista. “Priorizamos mantener los contratos con Arabia Saudí y los puestos de trabajo en la bahía de Cádiz”, indicó el presidente del Gobierno este domingo en La Sexta. Pedro Sánchez rechazó también “cualquier responsabilidad” del uso que haga Riad de esas bombas, algo que según su versión “no compromete” a su Ejecutivo.
La realidad es bien distinta. La legislación española prohíbe el comercio de armas a terceros países “cuando existan indicios racionales de que podrían utilizarse para cometer violaciones de derechos humanos”, según Estévez. El Gobierno socialista pasa por encima de la ley 53/2007, aprobada en la primera legislatura de Zapatero y vendida como un éxito por el “exigente y riguroso” sistema que se implantó para evitar que se usara armamento español en conflictos internacionales. El artículo 4 de la citada ley indica expresamente que las transferencias de material de Defensa deberán ir acompañadas de cláusulas en las que queden “garantizados el destino y uso final de los materiales”.
El programa electoral del PSOE de las últimas generales manifestaba también el compromiso de cumplimiento de esta ley y la “denegación cuando exista riesgo claro de que [las armas] puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido al ser humano”.
Además, la legalidad internacional también compromete la decisión final del Gobierno socialista sobre las armas vendidas a Arabia Saudí. “La responsabilidad no acaba en las fronteras de España”, recuerda Amnistía Internacional tras las “excusas” de Pedro Sánchez en su entrevista con Ana Pastor. “El Gobierno tendría que tener un certificado para garantizar que este armamento no se usa contra civiles y los convenios internacionales suscritos obligan a España a respetar el derecho internacional”, sostiene Estévez.
Sin ir más lejos este lunes, la Unión Europea ha recordado a España que los estados miembros tienen el compromiso de rechazar la venta de armas a terceros países si existe un “riesgo claro” de que se utilicen para violar derechos humanos. Así lo ha recordado la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior: “La posición común debe ser respetada”.
¿Cómo son las bombas?
Las bombas vendidas a Arabia Saudí por más de nueve millones de euros pertenecen al modelo GBU-10 Paveway y estaban en el excedente del Ejército español. Han sido fabricadas por la empresa Raytheon en Estados Unidos y se trata de un artefacto que, según describe el propio Ministerio de Defensa, permite aumentar la precisión de las bombas "con un sistema económico y fiable" gracias a su guiado láser.
El Ejército del Aire posee tres generaciones de bombas Paveway. La primera data de los años 60 y tenía una fiabilidad del 75% y la tercera, que tiene mayor precisión, permite incluso el seguimiento de objetivos móviles, según indica Europa Press. Estos dispositivos, de unos 2.000 kilos de envergadura, tienen un margen de error de nueve metros de radio aproximadamente.