Cinco países latinoamericanos, además de Canadá, presentaron la semana pasada una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Ahora, la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra (ALDE), ha pedido a la Comisión y al Consejo Europeo que impulse a los Estados miembros de la Unión Europea a que se sumen a la iniciativa.
De hecho, este mismo sábado Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, ya dio el primer paso y anunció que su país se suma a Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Canadá y Colombia. El presidente de este último país, Iván Duque, ya impulsó otra denuncia contra el tirano venezolano ante la CPI el año pasado cuando aún era un congresista más. Él y otros 80 senadores colombianos demandaron al propio Nicolás Maduro por asesinato, tortura y apartheid. Lo hicieron en mayo, en plena escalada represora del régimen chavista cuando las calles se llenaron durante meses, día a día, de cientos de miles de ciudadanos venezolanos exigiendo libertad, democracia y comida.
Becerra, comprometida con la causa democrática en Venezuela desde el Parlamento Europeo -suya fue la iniciativa por la que los presos políticos y los opositores democráticos a la dictadura bolivariana fueron galardonados con el Premio Sajárov 2017 a la Libertad de Conciencia- señala que que "el primer país que debería unirse a la denuncia contra el régimen chavista es España, por los lazos que nos unen con Venezuela y por la cantidad de refugiados que están llegando".
Cartas de la eurodiputada Beatriz Becerra a Mogherini y Tusk, para que los países de la UE se sumen a la denuncia a Maduro ante la CPI por crímenes de lesa humanidad.
Para Becerra, la paradoja es terrible, porque tras aquel encuentro entre Borrell y Arreaza, el jefe de la diplomacia española argumentaba que la decisión estaba basada en que su departamento no quiere que a España le pase con Venezuela lo mismo que ocurrió con Cuba, "que cuando vino el deshielo, España estaba en una posición tan dura, que desde Europa quien lo lideró fue Francia".
Ahora, es de nuevo el país vecino el que levanta la bandera de los derechos humanos y la democracia en un país latinoamericano, y la parlamentaria europea se pregunta por qué: "Si Macron ya se ha sumado, ¿a qué espera Sánchez? No podemos ser cómplices ante una terrible emergencia humanitaria fruto de las acciones de una dictadura despiadada. Sánchez no puede seguir los pasos infames de Zapatero".
El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presumió la semana pasada de la labor que está llevando a cabo en Venezuela su antecesor socialista en la Moncloa. Sánchez dijo "respetar" sus gestiones, a pesar de que sólo son avaladas por el propio régimen y la oposición democrática en pleno no lo considera interlocutor válido y ha llegado a calificarlo de "portavoz del tirano" y "tonto útil de la dictadura". El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, incluso lo señaló como responsable de las más de 160 muertes que poblaron las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas en aquellos cuatro meses "de infamia" en la primavera de 2017: "La mediación de Zapatero sólo legitimó al régimen, desde que llegó a nuestro país hay más presos políticos y el resultado son todos estos jóvenes muertos por la libertad".
En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y dirigido tanto a la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, como al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, Beatriz Becerra recuerda que "la semana pasada seis Estados americanos solicitaron a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación contra el Gobierno de Venezuela por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde las protestas iniciadas en febrero de 2014 hasta la actualidad".
Fue durante aquellas protestas de 2014 cuando el régimen detuvo a Leopoldo López, el preso político más famoso de Latinoamérica, que fue condenado a casi 14 años de prisión y fue encerrado en una torre herrumbrosa abandonada de la cárcel militar de Ramo Verde. Pasados tres años, fue confinado a prisión domiciliaria y sometido a aislamiento.
Becerra también subraya que "el Gobierno francés acaba de anunciar su apoyo a esta solicitud. El pasado mes de mayo, con motivo de la reunión del G-7 en Canadá, el presidente Tusk reconoció las continuas violaciones de derechos humanos sufridas por el pueblo venezolano durante este periodo". La representante española añade que el Parlamento Europeo, en una resolución de julio pasado sobre la situación en Venezuela, brindó "un total apoyo a las investigaciones de la CPI" y se pidió a la UE "que desempeñe un papel activo en esta cuestión".
La misiva a Mogherini y Tusk termina conminando a ambos altos dirigentes a que expliquen qué medidas se van a adoptar desde las instituciones europeas "para lograr un papel activo de la UE en estas denuncias en cumplimiento de las resoluciones del Parlamento". También pide que se promueva "el apoyo de otros Estados miembros a las solicitudes y denuncias mencionadas ante la CPI".