Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este fin de semana un "castigo severo", las divisiones en la Unión Europea dificultan las sanciones a Arabia Saudí por el supuesto asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul.
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 28 se reúnen este lunes en Luxemburgo y el escándalo ni siquiera figura en su agenda oficial, aunque seguro que se abordará en los pasillos. La jefa de la diplomacia europea, la socialista italiana Federica Mogherini, se ha limitado hasta ahora a pedir una investigación y plena transparencia a las autoridades saudíes. Una reivindicación un punto menor que la que han planteado este domingo Reino Unido, Alemania y Francia en un comunicado conjunto.
Y es que, al igual que ocurre con EEUU, varios países europeos, entre ellos España, mantienen importantes vínculos económicos y militares con Arabia Saudí. Los norteamericanos son los principales suministradores de armas al régimen saudí (por valor de 8.400 millones de dólares entre 2014 y 2017), seguidos por Reino Unido (2.600 millones) y Francia (475 millones), según Forbes. El propio Trump sostiene que EEUU estaría "castigándose a si mismo" si detiene el envío de material militar a Riad y no aclara en qué tipo de sanciones está pensando.
En contraste, otros Estados miembros como Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia o Finlandia aplican desde hace meses medidas restrictivas y no autorizan ni exportan armas que se puedan usar en la guerra de Yemen.
¿Embargo de armas?
"La mayor sanción que la UE puede aplicar hoy a Arabia Saudí por sus vulneraciones sistemáticas a derechos y libertades es el embargo de armas. El Parlamento Europeo lo ha aprobado en varias ocasiones, y las razones de respeto a las directivas europeas son incuestionables", explica a EL ESPAÑOL la eurodiputada liberal Beatriz Becerra, vicepresidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Eurocámara.
En teoría, la UE cuenta con una posición común que compromete a todos sus Estados miembros a no vender armas a un país si existe el "riesgo claro" de que puedan utilizarse para vulnerar los derechos humanos. La última vez que Bruselas esgrimió este pacto fue precisamente cuando el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó la venta de 400 bombas a Arabia Saudí. Sin embargo, la propia Comisión admite que la exportación de armas es una competencia nacional y que cada Gobierno debe valorar "caso por caso" si la venta cumple o no los criterios.
Es el Parlamento Europeo el que ha adoptado hasta ahora la posición más contundente de denuncia de vulneraciones de los derechos humanos en Arabia Saudí. En 2015 concedió el premio Sájarov al bloguero saudí Raif Badawi, encarcelado por supuestamente "insultar los valores islámicos". Además, el pleno de la Eurocámara aprobó el pasado 4 de octubre una resolución que critica a los países que siguen vendiendo armas al régimen saudí pese a la guerra en Yemen, la "peor crisis humanitaria del mundo".
Tanto las fuerzas leales al Gobierno yemení, reconocido internacionalmente y apoyado por una alianza de Estados árabes liderada por Arabia Saudí, como los rebeldes Houthi, respaldados por Irán, han sido acusados de bombardear zonas densamente pobladas, así como hospitales, escuelas y otros objetivos civiles, según denunciaban los eurodiputados.
Un dictamen que dejaba en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que justo acababa de dar luz verde a la venta de las 400 bombas. Durante la votación se produjo la paradoja de que los eurodiputados del PSOE apoyaron poner fin a la venta de armas a Arabia Saudí, contradiciendo así el criterio de Sánchez. Y la delegación del PP votó en contra de este punto, ya que fue el anterior Gobierno de Mariano Rajoy el que firmó el contrato de las bombas.
Para Becerra, el Gobierno de Sánchez "naufraga también en esta cuestión, por una mezcla de incompetencia, soberbia y cobardía al respecto". "No será capaz de adoptar una postura respetable porque la coherencia política es ajena a su interinidad, e incompatible con una falta absoluta de liderazgo y de comprensión de la política internacional", señala a este periódico.
La Eurocámara pide sanciones
Precisamente, es la Eurocámara la que lidera también ahora la petición de sanciones contra la monarquía petrolera por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. "Si se confirman las conclusiones preliminares de las fuerzas de seguridad turca que apuntan a su asesinato en el consulado saudí, pido a la UE y a sus Estados miembros que respondan de forma contundente y reevalúen sus relaciones con Riad, incluyendo las ventas militares", reclama el presidente de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, Pier Antonio Panzeri.
Por su parte, la eurodiputada liberal holandesa Marietje Schaake ha escrito una carta abierta a Mogherini en la que sostiene que los europeos "no pueden ni debe quedarse callados ante la política de intimidación de Arabia Saudí y las violaciones de derechos humanos que siguen cometiéndose bajo el liderazgo de Mohammed bin Salman". Si el asesinato de Khashoggi ha sido obra de agentes saudíes, la UE "debe estar preparada para imponer sanciones selectivas contra dirigentes saudíes así como sanciones económicas contra el reino de Arabia Saudí".
La misiva ha reunido hasta ahora casi medio centenar de firmas, entre ellas las de Becerra (ALDE), Ana Miranda (BNG), Izaskun Bilbao (PNV) o Jordi Solé (ERC). Ningún eurodiputado del PSOE ni del PP.
¿Harán caso los Estados miembros de lo que pide la Eurocámara? "Es probable que los europeos continúen priorizando los intereses estratégicos y económicos con Arabia Saudí", asegura Julien Barnes-Dacey, experto en Oriente Medio del think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Pero a su juicio la política europea de presionar discretamente a los saudíes en privado ha fracasado. "Si los europeos no presionan ahora de forma contundente a Riad para que asuma más responsabilidad por sus acciones, se arriesgan a dejarle la vía libre hacia políticas todavía más peligrosas", afirma.