El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés) ha dado a conocer esta semana el Índice de Impunidad Global 2018, con los países en los que sale más 'barato' asesinar a un informador. Coincide su publicación este año con las pesquisas y el escándalo en torno al crimen de Jamal Khashoggi el 2 de octubre en Estambul o, a menor escala, con el envío de paquetes-bomba de fabricación casera a las sedes de la CNN en Manhattan y Atlanta, interceptados antes de que pudieran causar daño alguno.
El CPJ, con sede en Nueva York, ha examinado los ataques deliberados contra periodistas por el hecho de serlo, con resultado de muerte y sin resolver judicialmente entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de septiembre de 2018, no así las muertes en combate o misiones peligrosas, como la cobertura de protestas que se prevén violentas. El caso Khashoggi, que escapa del citado periodo por apenas 48 horas, se enmarca claramente en el primer grupo, pero Arabia Saudí no está en el índice, que incluye a las naciones que acumulan al menos cinco casos sin condena.
El ranking tiene en cuenta este factor y lo contrasta con la población total de cada país. Tras cruzar las cifras, Somalia, por cuarto año consecutivo, sigue a la cabeza con 25 casos, por delante de Siria, con 18, e Irak, con 25. Les siguen Sudán del Sur (5), Filipinas (40), Afganistán (11), México (26), Colombia (5), Paquistán (18), Brasil (17), Rusia (8), Bangladesh (7), Nigeria (5) e India (18).
Mapa del Índice de Impunidad Global 2018.
Afganistán ha regresado a la lista a raíz de la matanza en abril de nueve periodistas en Kabul, víctimas todos ellos de un suicida, al igual que Colombia, donde dos profesionales y su chófer, también en abril, fueron secuestrados y ejecutados por narcoterroristas en la frontera con Ecuador.
En los últimos diez años, al menos 324 informadores, en su mayoría locales, han sido asesinados en todo el mundo. El 85 por ciento de estos crímenes ha quedado sin castigo para sus autores.
Todos miran a Bin Salman
El de Khashoggi, descuartizado vivo, es el ejemplo más reciente y paradigmático de la crueldad y frialdad -habrá que ver si de impunidad- con las que se puede acallar una voz crítica. La principal diferencia con otros ha sido la repercusión, que ha puesto el foco sobre el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y en cuestión la hasta hace poco segura sucesión en el trono. El régimen terminó admitiendo que Khashoggi 'murió' en su consulado en la capital turca, justificándose en una supuesta 'desproporcionada' respuesta a una pelea.
La coartada choca con la investigación de los hechos, de la que se desprende premeditación y ensañamiento. El reino se limita a decir sobre lo ocurrido en su casa diplomática que lamenta los "dolorosos acontecimientos" y que confía en el "compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos y hacer que todos los responsables rindan cuentas ante los tribunales competentes".
Por el momento hay 18 ciudadanos saudíes detenidos, todos ellos en su país, pero se desconoce si se encuentran en la cárcel o bajo arresto domiciliario, si han comparecido o no ante un juez o los cargos que se han presentado contra ellos. También ha habido destituciones. Entre ellas, según los canales oficiales del reino, están la de Saud al Qahtani, asesor de Bin Salman, o la del general Ahmed al Asiri, número dos de los servicios secretos y también próximo al príncipe. No se ha concretado si alguno de ellos o los dos están entre los arrestados.
Arabia Saudí, líder mundial en periodistas presos
La no presencia de Arabia Saudí en el Índice de Impunidad Global 2018 no lo excluye de ser uno de los principales polos de preocupación en el mundo en materia de libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ya le carga la muerte de Khashoggi, lanzó la semana pasada una alerta sobre la situación en el país, recalcando que "tiene un puesto muy bajo, el 169 de 180, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2018", y que "probablemente, caerá aún más bajo en la tabla de 2019 por la gravedad de la violencia y los abusos de todo tipo contra los periodistas".
Amnistía Internacional, en su informe 'La situación de los Derechos Humanos en el mundo 2017-2018', denuncia que "las autoridades siguen reprimiendo a activistas pacíficos y disidentes, acosando a escritores, comentaristas activos en internet y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión manifestando opiniones contrarias a las políticas del gobierno".
RSF sitúa a Arabia Saudí como el país donde más informadores hay entre rejas "debido a su labor", concreta. "La cantidad de periodistas y blogueros en las prisiones de Arabia Saudí se ha duplicado desde que Bin Salman se convirtió en el príncipe heredero. Actualmente, hay al menos 27 detenidos. A la mayoría los arrestaron a finales de 2017. El motivo de su detención y el lugar donde se encuentran recluidos generalmente se mantienen en secreto. Muchos han 'desaparecido' de esta manera para reaparecer algún tiempo después en una prisión", relata la organización.
Al Shehi, Al Zamel, Al Najfan...
El periodista Saleh al Shehi fue condenado a cinco años de cárcel por acusar a la familia real saudí de tolerar la corrupción en una intervención en televisión en 2017. Dos compañeros suyos, los columnistas Essam al Zamel y Abdulá al Malki, son juzgados en este momento por sus análisis críticos sobre la política y economía. A la espera de juicio está la bloguera Eman al Nafjan, volcada en los derechos de las mujeres y acusada por este motivo de poner en riesgo la "seguridad y estabilidad" del reino. No son los únicos.
La amenaza de perder la libertad o la vida es en sí una poderosa 'invitación' para alinearse con el gobierno o quedarse callado. El caso Khashoggi evidencia además que abandonar el país del que se informa o sobre el que se reflexiona tampoco garantiza la integridad. Sirva al menos su final, más propio de una macabra ficción, para poner de relieve sus palabras. Las últimas, no muy halagüeñas, en The Washington Post:
"Una narrativa dirigida por el Estado domina la opinión pública, y si bien muchos no la creen, una gran mayoría de la población es víctima de ella. (...) Lamentablemente, esta situación es poco probable que cambie. (...) Los gobiernos árabes han dado rienda suelta a silenciar cada vez más los medios de comunicación. La región enfrenta su propia versión del telón de acero, impuesto, no por actores externos, sino por fuerzas internas disputándose el poder".