La crisis política y social de Nicaragua no remite. Al contrario, la normalidad parece estar lejos, por mucho que el Gobierno se empeñe en dar una apariencia contraria. La inseguridad y el miedo de la población por la represión brutal en que viven, las políticas de confusión y de intimidación, y la caída en picado de la economía del país, hablan por sí solas. 

Hace unos días allanaron sin orden judicial dos emisoras de radio independientes, Radio Darío y Radio Mi Voz; desmantelaron sus equipos y secuestraron a algunos de los trabajadores. A Miguel Mora, director del canal de televisión Noticias, independiente cien por cien, lo han perseguido, detenido, golpeado, y amenazado de muerte. Carlos Pastora, gerente de la TV Canal 10, se ha exiliado en Estados Unidos por las amenazas de muerte recibidas. Les inventan crímenes graves para poder procesarlos.

Continúan además las detenciones arbitrarias e ilegales por parte de la Policía; aumenta el número de presos políticos -ya son más de 600-, condenados sin posibilidad de defensa; todas las manifestaciones públicas están prohibidas; la gente sigue huyendo al extranjero para salvar sus vidas. El país vive un estado policial, con la supresión de las libertades civiles mediante fuerzas parapoliciales y un gran despliegue de mecanismos de vigilancia.

Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega aumenta su lista de golpistas, en la que incluye ya a su propio hermano, Humberto Ortega, su mano derecha en la revolución sandinista del año 79. Es una lista integrada por estudiantes, campesinos, feministas, empresarios, periodistas, ONG, "el imperio" (Estados Unidos), todos los países de la OEA (excepto Venezuela y Bolivia), la Unión Europea y los obispos, a quienes dedicó recientemente unas duras palabras tras el comunicado que emitieron por Adviento en el que denunciaban la situación del país.

Diálogo suspendido

No podemos olvidar que fue el propio Ortega quien solicitó a la Conferencia Episcopal Nicaragüense que los obispos tuvieran el papel de mediadores en la Mesa de Diálogo Nacional iniciada a raíz de las revueltas en el país. Entonces, los obispos pidieron al Gobierno cumplir cuatro condiciones para ese diálogo: la presencia de la CIDH en el país; el cese de la represión; el desarme de los paramilitares; y mostrar voluntad para dialogar. Condiciones que parecen lógicas si se trata de negociar la democratización del país. Sin embargo, el Gobierno solo cumplió la primera, por lo que ese diálogo se suspendió indefinidamente.

Sin embargo, en el comunicado de los obispos por Adviento, vuelven a repetir una vez más que "el diálogo como salida pacífica sigue siendo necesario". Para ellos, "la no violencia activa rompe la lógica bélica en la que se ha enfrascado el mundo actual, donde las armas valen más que la persona". Reconocen, sin embargo, que "en el diálogo con el Estado y con la sociedad, la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares". Pero que están "dispuestos a acompañar las propuestas" que contribuyan al "bien común".

La respuesta de Ortega no se hizo esperar. Durante la clausura del XVI Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el 3 de diciembre, arremetió una vez más contra los obispos: "Después de que los invitamos y les pedimos que fueran mediadores, dejaron de ser mediadores y pasaron a ser parte activa de las fuerzas golpistas". También les reprochó: "No tienen nada de cristianos y actúan con una mentalidad terrorista, criminal, se sumaron alegremente al golpe terrorista y criminal".

A continuación, la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, en su discurso diario emitido en los canales de televisión oficialistas, denominó como "clase magistral" los ataques de Ortega contra su hermano y contra los obispos de Nicaragua.

EEUU, por el adelanto de elecciones

No obstante, ninguno de los dos gobernantes ha hecho todavía declaraciones acerca de las sanciones de Estados Unidos  contra la vicepresidenta Murillo por corrupción y abusos contra los derechos humanos. "Murillo y sus operadores políticos han intentado desmantelar de forma sistemática las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control en el poder", afirmó en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Además, declaró que la vicepresidenta tiene influencia sobre la organización juvenil del Frente Sandinista, que habría cometido asesinatos extrajudiciales, torturas y secuestros.

La sanción de EEUU incluye la retirada de la visa americana, el bloqueo de todos sus bienes y activos bajo jurisdicción norteamericana, y la prohibición a personas y entidades estadounidenses de hacer negocios con ella.

Los mandatarios tampoco se han pronunciado sobre la orden ejecutiva de Donald Trump por la que declara al Gobierno de Nicaragua una "amenaza contra la seguridad nacional" de Estados Unidos. "Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua (...) constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza".

El silencio ha sido la única respuesta por parte del Gobierno nicaragüense, a pesar de que la Administración Trump advirtió que esto no se acaba aquí. Washington continuará "agregando presión" sobre el régimen de Ortega y sus partidarios utilizando "todas las herramientas económicas y diplomáticas a nuestra disposición". El objetivo de Washington es que el presidente de Nicaragua adelante las elecciones. Algo a lo que Ortega continúa negándose. 

¿Amnistía por los crímenes?

Por otra parte, el Senado de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), llamada coloquialmente Nica Act. Los siguientes pasos para convertirse en ley son la aprobación de las enmiendas del Senado en el Congreso y su firma por parte del presidente Trump. Esta ley impone sanciones individuales al Gobierno de Ortega, tales como el bloqueo de activos, prohibición de transacciones en el sistema financiero de EEUU o bajo su jurisdicción; bloqueo de propiedades o intereses en una propiedad, y negación o revocación de visados. Pero también la prohibición de que Estados Unidos vote a favor de préstamos solicitados por Nicaragua ante las organizaciones internacionales de las que la potencia forma parte, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM). Se trata de una ley más dura que la Ley Global Magnitsky Act (Glomag).

A pesar de todas estas presiones y de las continuas protestas de una gran parte de la población nicaragüense, Ortega sigue aferrado al poder. Los analistas temen que el Gobierno esté buscando una amnistía que dejaría en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos: desde que se iniciaron las protestas en abril, se ha asesinado a más de 500 nicaragüenses.

Sin embargo, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, manifestó el domingo pasado que la reconciliación no significa borrón y cuenta nueva, sino reparación a las víctimas. "Esa es la auténtica reconciliación. No es borrón y cuenta nueva, no es olvido para seguir en las mismas. Nosotros hoy decimos una reconciliación y un perdón abonado por la justicia y la verdad. Es un camino largo, pero es el que nunca hemos hecho en Nicaragua y es el que verdaderamente puede ayudarnos a construir una verdadera familia nacional", afirmó.

La situación, por tanto, se complica mucho, tanto para Ortega, cada vez más ahogado por la presión económica, como para el pueblo que lo sufre. De continuar la crisis sin solución, sería el pueblo el más perjudicado; la economía del país ha caído en picado y Nicaragua se vería abocada a convertirse en otra Cuba o Venezuela. Como dice el obispo Báez: "Nos hemos quedado estancados en una situación en la que no se va ni para adelante ni para atrás, y estamos como hundidos en el miedo, en el dolor y en la incertidumbre", pero "los últimos acontecimientos" significan que hay que "destrabar una situación que se está volviendo un callejón sin salida".