Dimite el forense jefe de Colombia para "no mancharse" en unas muertes sospechosas que implican al fiscal general

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, Carlos Eduardo Valdés, ha presentado su dimisión en medio de la controversia por el manejo de las pruebas sobre el fallecimiento de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en su país.

"He presentado mi renuncia el día de hoy porque mi trabajo de ocho años frente al Instituto no tiene por qué verse manchado", dijo Valdés en una declaración a los periodistas.

Valdés dimite porque cometió un error, o al menos eso dice. El caso es que ahora sostiene que dio por bueno que las manchas de esa toalla, hallada en un cubo de ropa sucia del servicio privado de Pizano, eran de sangre, sin comprobarlo. Y que finalmente supo que eran de saliva, a pesar de su color marrón oscuro una vez secas.

Explicó que las muestras biológicas encontradas en una toalla en la casa de Pizano en realidad corresponden a rastros de saliva y no a vestigios de sangre como inicialmente se informó. Fuentes de la política colombiana han reconocido a EL ESPAÑOL que el caso está cruzado de demasiados intereses "en un entorno, el de la Justicia colombiana, que está completamente corrupto", a pesar de la llegada al Palacio de Nariño del nuevo presidente, Iván Duque, hace apenas unos meses.

"Mi equivocación obedeció a que, por las características iniciales de la mancha, asumí que se trataba de una mancha de sangre [humana]. A partir de ese momento cometí el error de no preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano y si había o no allí cianuro", dijo Valdés.

El caso es que Pizano, que sufría un cáncer y, oficialmente al final, falleció el pasado 8 de noviembre de un infarto y no por envenenamiento, era el testigo clave en el caso Odebrecht. Su condición en el pasado de interventor independiente en la empresa concesionaria de la carretera Ruta del Sol II, cuyo socio mayoritario era la multinacional brasileña, lo puso en el ojo del huracán cuando denunció descuadres en las cuentas. Lo hizo ante quien hoy es fiscal general de la República, Néstor Humberto Martínez.

Martínez acababa de abandonar en junio de 2015 el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos como ministro de la Presidencia y mano derecha del jefe del Estado. Inmediatamente, asumió como abogado privado de la empresa filial de Odebrecht en Colombia, Corficolombiana. Entonces no cursó las denuncias que le presentó Pizano en persona ni dio cuenta de ellas cuando asumió como fiscal general, dos años después.

Al contrario, una vez fiscal general le dio la vuelta al caso y Pizano acabó siendo investigado por el caso, en medio de las acusaciones de que Odebrecht había financiado la campaña de Santos para la reelección, en 2013. De ahí que su muerte en extrañas circunstancias y, sobre todo, la de su hijo envenenado en su casa familiar sólo tres días después, levantara las sospechas de una operación oscura.

Su hijo sí murió por cianuro

Tres días después de la muerte de Pizano, su hijo el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, murió envenenado con cianuro al beber agua saborizada que estaba en una botella que halló en el escritorio que su padre tenía en su casa. Su muerte por envenenamiento, al menos por ahora, sigue siendo la versión oficial.

Valdés reafirma ahora que el estudio realizado por Medicina Legal sobre las causas del fallecimiento del Pizano "tiene absoluta validez científica" y que allí se descarta la presencia de cianuro. A pesar de ello, en declaraciones a la cadena La FM, dijo que aunque Medicina Legal, la entidad que dirigía, "tiene certeza de que no halló cianuro en los tejidos analizados y en la muestra analizada en la toalla”, de todas formas no puede confirmar si Pizano murió envenenado o no.

"Los resultados obtenidos en el laboratorio y que ustedes conocieron no alteran en nada la integridad de él; ese resultado es veraz, no tiene ninguna modificación y, como ustedes saben y se dieron cuenta, fue enviado a la Fiscalía General de la Nación, no al director [de Medicina Legal]", mantiene Valdés, deslizando el señalamiento, de nuevo, al fiscal Martínez.

Las grabaciones, por seguridad

Pizano había grabado esas conversaciones porque entonces ya temía por su vida -como relató también a la columnista de El Espectador Cecilia Orozco- y preparó un testamento mediático por si le pasaba algo, con entrevista a cámara incluida. En ese legado póstumo, explicó que, "por precaución", grababa las "conversaciones privadas" que mantuviera como responsable de un puesto tan delicado como el de "controller de las cuentas" de una constructora poderosa en un país corrompido hasta el tuétano tras 50 años de conflicto entre narcoguerrillas, paramilitares y políticos de moral irregular.

El escándalo de Odebrecht se avivó a los pocos días, cuando el mes pasado el programa Noticias Uno emitiera una entrevista grabada en agosto con el ingeniero Pizano, en la que aseguró que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, conocía desde 2015, antes de estar en el cargo, las irregularidades de la firma brasileña.

El periodista Iván Serrano, del canal Noticias 1 de Colombia, emitió el pasado noviembre una serie de audios grabados el 25 de junio de 2015 en los que Martínez Neira hacía lo posible por quitarle importancia a la presunta implicación de su jefe, el multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, en una trama de contratos duplicados, no respaldados o hinchados que había descubierto el auditor interno de Corficolombiana, la filial en el país suramericano de la constructora brasileña Odebrecht.

Marcelo Odebrecht y sus colegas colombianos se habían hecho con el gran contrato de la Ruta del Sol II, una enorme carretera de más de 520 kilómetros que acercaría Bogotá al norte costero a razón de más de 2.500 millones de euros. Y entre tantas partidas y subcontratas, la cosa no casaba por decenas de millones de euros.

Según la Fiscalía, los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia para hacerse con el contrato de la carretera Ruta del Sol II, en donde Pizano trabajó como auditor en representación del Grupo Aval, fueron de 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares).

Sospechas en el 'caso Carlos Mattos'

El fiscal Martínez es famoso en Colombia por "tener tantas incompatibilidades para ser nombrado fiscal que por eso mismo lo hicieron", como sostiene el periodista Daniel Samper Ospina, sobrino del expresidente Ernesto Samper y columnista de la revista Semana.

Así, su ejecutoria está repleta de polémicas, como la maniobra por la que el empresario Carlos Mattos se convirtió en demandado en el 'caso Hyundai', por el que el empresario hispano-colombiano, accionista minoritario de EL ESPAÑOL, fue desposeído de la exclusiva de distribución de la marca coreana en Colombia. Ahora, Mattos es perseguido por la Fiscalía por supuestos sobornos a un juez para lograr medidas cautelares en abril de 2016.

El caso es que el despacho DLA Piper Martínez Neira fue el promotor de la estrategia procesal de Mattos, como ha demostrado el abogado Alex Vernot, prestigioso letrado muy próximo al líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro. Vernot ha sido el último arrestado por iniciativa del fiscal Martínez Neira bajo la acusación de ofrecer dinero a uno de los testigos de cargo contra Mattos.