Tercera muerte sospechosa en un mes en Colombia relacionada con el 'caso Odebrecht'

El caso Odebrecht parece estarse solventando en Colombia más en la morgue que en las salas de Justicia. Este jueves se ha registrado la tercera muerte sospechosa relacionada con el mayor escándalo de sobornos de la historia de Latinoamérica, que ha implicado a gobernantes, diputados, empresarios y funcionarios de todos los grandes países del subcontinente.

En el caso colombiano, las sospechas señalan a la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos en 2013. La muerte repentina de quien fuera su secretario de Transparencia, Rafael Merchán, alimenta la oscuridad que sobrevuela sobre la figura de Santos y la de otros de sus colaboradores.

Entre ellos, el primero de la lista es el actual fiscal general de la República, Néstor Humberto Martínez Neira, quien después de ser señalado por sus conflictos de intereses en el escándalo, decidió retirarse en algunas de las investigaciones del caso.

Jorge Enrique Pizano, Néstor Humberto Martínez Neira y Alejandro Pizano

Martínez Neira fue ministro de la Presidencia de Santos hasta junio de 2015 y a los dos días de dejar el cargo ya era abogado de la filial colombiana de Odebrecht, Corficolombiana. En ese cargo conoció las irregularidades que le reveló Jorge Enrique Pizano, controller de la empresa, y primera de las muertes sospechosas, el pasado mes de noviembre.

A los tres días, fallecía el hijo de Pizano, Alejandro, envenenado por cianuro al beber de una botella de agua que alguien había colocado en la mesa de escritorio del dormitorio de su padre, en su finca de Cundinamarca, región de Bogotá.

Investigaciones oscuras

Ahora, la muerte de Merchán, de 43 años, se añade a las de los dos anteriores. Por el momento, no han trascendido datos de las circunstancias en las que fue hallado su cadáver, y la familia ha reclamado respeto mientras avanzan las investigaciones.

Pero la dirección general de Medicina Legal está en este momento descabezada, pues el forense jefe, Carlos Eduardo Valdés, dimitió hace una semana tras dos décadas de carrera profesional, para "no mancharse", según alegó.

Carlos Eduardo Valdés, dimitido forense jefe de Medicina Legal de Colombia. E.E.

En su carta de renuncia dijo admitir "un error" en las primeras pesquisas sobre el fallecimiento de Pizano, negó oficialmente que pudiera demostrar que el ingeniero había sido envenenado -como defendió oficialmente en un principio-, aunque tampoco negarlo. Pero ahora también su antiguo departamento queda bajo la sospecha de los manejos de la "corrupta" Justicia colombiana.

Diversas fuentes cercanas al Gobierno de Colombia y de los medios de comunicación nacionales han confesado a este periódico que "si hay algo corrupto en el país es la Justicia", porque "parte de los jueces y de los fiscales saltan del lado público al privado, y vuelta, de la carrera judicial con demasiada frecuencia".

Efectivamente, en Colombia no hay procedimientos legales de incompatibilidades y éste es el caso de Martínez Neira. El fiscal general supo de las presuntas ilegalidades que se habrían cometido en el proyecto de la gran Ruta del Sol II, una enorme autopista que vertebra ahora de sur a norte Colombia.

En el proyecto, Pizano había descubierto pagos contra facturas inexistentes y, tras su muerte, quedó demostrado que se los había desvelado al abogado de la empresa, el hoy fiscal general.

Ni entonces inició investigación alguna ni después desde la Fiscalía la impulsó. Al contrario, convirtió el caso en una persecución contra su antiguo amigo, que había grabado la conversación en el despacho de Martínez Neira, y la guardó como "seguro". Se hizo pública tras su fallecimiento.

Sospechas en el 'caso Carlos Mattos'

El fiscal Martínez es famoso en Colombia por "tener tantas incompatibilidades para ser nombrado fiscal que por eso mismo lo hicieron", como sostiene el periodista Daniel Samper Ospina, sobrino del expresidente Ernesto Samper y columnista de la revista Semana.

Así, su ejecutoria está repleta de polémicas, como la maniobra por la que el empresario Carlos Mattos se convirtió en demandado en el 'caso Hyundai', por el que el empresario hispano-colombiano, accionista minoritario de EL ESPAÑOL, fue desposeído de la exclusiva de distribución de la marca coreana en Colombia. Ahora, Mattos es perseguido por la Fiscalía por supuestos sobornos a un juez para lograr medidas cautelares en abril de 2016.

El caso es que el despacho DLA Piper Martínez Neira fue el promotor de la estrategia procesal de Mattos, como ha demostrado el abogado Alex Vernot, prestigioso letrado muy próximo al líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro. Vernot ha sido el último arrestado por iniciativa del fiscal Martínez Neira bajo la acusación de ofrecer dinero a uno de los testigos de cargo contra Mattos.

Puntos oscuros

Ahora, tras la muerte en circunstancias sospechosas de Merchán, la Fiscalía General queda de nuevo en entredicho, ya que las investigaciones no avanzan y, sin embargo, tres personas que pueden esclarecer el caso han fallecido en extrañas circunstancias. 

La declaración de Merchán iba a favorecer a otro alto funcionario de Santos, Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), procesado en las investigaciones de corrupción en la Ruta del Sol II.

Pero las investigaciones sobre estas tres muertes también están llenas de puntos oscuros.