El feminicidio protagonizado el pasado sábado por un venezolano contra una ecuatoriana ha desatado el temor a una oleada xenófoba en el país, donde organismos de migrantes denunciaron este lunes 82 agresiones a ciudadanos de Venezuela en las últimas horas.

El nerviosismo en la comunidad venezolana se incrementó a primeras horas de hoy ante rumores -después desmentidos por la Policía-, sobre la presunta muerte de cuatro ciudadanos de ese país en Ibarra (norte), lugar del crimen.

Y aunque la Policía aseguró que "no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de altercados", el presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, denunció que 82 compatriotas suyos han sido víctimas de agresiones xenófobas en distintas ciudades de Ecuador.

"Estas noticias sobre muertos y heridos son falsas. La ciudad está en calma", aseguró en Twitter la ministra del Interior, María Paula Romo, en referencia a Ibarra, que hoy velaba el cuerpo de Diana Carolina.

El asesinato a cuchilladas, ante varios agentes de la policía, de esa madre de dos menores y que estaba embarazada, provocó el rechazo de un grupo de ciudadanos a la presencia de venezolanos en esa ciudad, un repudio que, según Febres Cordero, se replicó en otros lugares.

Un problema de violencia estructural

Cerca de un centenar de personas marcharon hoy por calles de la ciudad para rechazar el feminicidio y algunos incluso gritaron consignas en contra de los migrantes venezolanos.

La marcha llegó al lugar donde ocurrió el crimen y allí se improvisó un altar con flores, donde también se escucharon plegarias por la víctima.

Los manifestantes también lanzaron consignas contra la violencia de género y encendieron velas como símbolo de su protesta contra el aumento de las agresiones machistas.

En Quito, en cambio, una nutrida manifestaciones de grupos feministas marchó hasta las dependencias de la Fiscalía del Estado para reclamar por el aumento de los casos de violencia de género y contra la aparente lentitud de la justicia para atender estos casos.

Cris Almeida, presidenta del colectivo "Nina Warmi", dice que la manifestación, sobre todo, buscaba crear en la sociedad una "sensibilidad ante la violencia de género".

Lamentablemente, dijo, estos no son "casos aislados" y, más bien, retratan la "violencia estructural" que se da en la sociedad ecuatoriana, que incluso afecta a la función judicial.

Aseguró que once denuncias de violencia de género se presentan cada día en la Fiscalía del Estado y que en Ecuador se produce un feminicidio cada 3 días.

"Llegó el momento de actuar, no podemos seguir siendo indiferentes", remarcó la activista quien está convencida que en el mundo hay una "crisis de la masculinidad".

El cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero, que también apoyó la manifestación, dijo que "si no se hace algo urgente", el problema de la violencia de género "se puede salir de las manos".

Sin embargo, llamó a no confundirla con la actitud xenófoba de alguna gente en Ibarra, pues para él no se debe tolerar tampoco la xenofobia.

La incertidumbre de los venezolanos se acentuó ante la decisión de Ecuador de exigirles a partir de ahora un certificado apostillado de antecedentes penales.

Una demanda que es "casi imposible" de tramitar en Venezuela pues podrían esperar "no menos de seis meses" en su país para obtener el documento, según el presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador (Acve), Daniel Regalado.

El activista mostró su preocupación por la situación "de embudo" que se va a formar en la frontera con Colombia porque quienes llegan a Ecuador para establecerse, o en tránsito, "no van a tener la posibilidad" de obtener el certificado.

Al anunciar hoy el nuevo requisito, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, alertó contra las generalizaciones, pero dijo que su país tampoco puede cerrar los ojos a la preocupación por la inseguridad.

Ante el feminicidio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció el fin de semana la formación de brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos y subrayó que "se les han abierto las puertas, pero no se sacrificará la seguridad de nadie".

Sus declaraciones han echado más leña al fuego y arrastrado una ola de críticas en Ecuador, donde viven 250.000 venezolanos. La Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha expresado su temor de que las reacciones del Gobierno pueda fomentar la xenofobia.

Para el líder de la oposición, Guillermo Lasso, las declaraciones de Moreno "tienen un tinte de xenofobia, similares a las del presidente Donald Trump respecto a los migrantes en EEUU".

Frente a esas acusaciones, las autoridades defienden que las medidas que se adopten en Ecuador buscarán precautelar la paz ciudadana y la convivencia pacífica de nacionales y extranjeros.