El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha presentado este martes una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país a Juan Guaidó, proclamado presidente encargado el pasado 23 de enero, así como que se congelen sus cuentas bancarias.
La orden procede de Nicolás Maduro, quien designó al fiscal y a los principales miembros del Supremo que atenderán fielmente a la solicitud. Su presidente, Maikel Moreno, se deshizo en elogios hacia el régimen chavista pocas horas después de la proclamación de Guaidó, en un acto institucional -de apertura del año judicial- que tornó en mitin de Maduro.
Saab ha explicado que desde el histórico 23 de enero "se han suscitado hechos violentos, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional".
Por el momento, no se ha ordenado el arresto, medida que podría levantar una mayor polvareda, con la atenta mirada de Washington, que hace unas horas prometió "una respuesta significativa" si la integridad de Guaidó se ve amenazada. Las palabras del fiscal suenan sin embargo demasiado parecidas a las pronunciadas para detener y encarcelar al opositor Leopoldo López en 2014.
Guaidó está llegando más lejos de lo que Maduro podía imaginar. En su papel de víctima, el dictador asegura en entrevistas a medios afines que se ha orquestado un "golpe de Estado". Entretanto, trata de escenificar normalidad en sus apoyos, especialmente en el ejército, donde los compromisos de Guaidó empiezan a calar. Internacionalmente, ya tiene la partida ganada.