Una estrategia más determinante, definitiva e inmediata es lo que la delegación encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó llevará este lunes a la mesa de la reunión del Grupo de Lima (GL), en Bogotá, y que analizará las acciones futuras en el caso de la crisis venezolana.
“Vamos a exigir una escalada en la presión diplomática y en el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicolás Maduro”, declaró en comunicado de prensa el diputado y representante de Venezuela, Julio Borges, quien acompañará a Guaidó en el encuentro.
Guaidó pide al Grupo de Lima "una acción definitiva" pese al rechazo de España y la UE
“Queremos utilizar la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, del presidente Iván Duque y de todos los cancilleres del Grupo de Lima para fijar y pedir ese paquete de acciones contundentes. Lo ocurrido ayer abre las puertas a una estrategia más determinante, definitiva e inmediata”, explicó Borges.
Aunque Guaidó adelantó el sábado en la noche que todas las alternativas estarían sobre la mesa, ya se rinden análisis sobre el cercano porvenir en Venezuela y que involucran el uso de la fuerza. Tood, a pesar de que desde Europa las voces no son proclives. Ni el ministro español, Josep Borrell -quien advirtió que "España condenaría una intervención militar"-, ni la comisaria europea, Federica Mogherini -quien se limitó a llamar "intimidaciones" a la represión del régimen en los pasos de camiones de ayuda humanitaria- mostraron predisposición.
“Cuando ocurra la decisión que se va a tomar en Bogotá, Venezuela estará frente a un proceso muy delicado en el que la seguridad colectiva será ejecutada y/o ejercida por una acción comunitaria de Estados, en la que obviamente se entiende se hará uso del instrumento militar y en consecuencia Venzuela entrará en una situación de guerra. ¿Por qué? Porque el objetivo que persigue necesaria y forzosamente el Estado venezolano en la persona del presidente de la República, por vía de aclamación, Juan Guaidó, es una actividad de seguridad colectiva, sancionadora con carácter punitivo” explica José Machillanda, doctor en Ciencias Políticas y director del Centro de Estudios de Política Proyectiva.
Resalta que se trata de una alternativa de guerra, de conflicto, ya que un problema de política doméstica se ha convertido en un problema regional. “La alternativa de conflicto implica que el Pacto de Río se reunirá con el grupo de naciones democráticas de la región y procederá a someter por la vía de la fuerza, o sea de las bocas de fuego, al elemento militarizado del Estado venezolano que representa en este momento el señor Vladimir Padrino López, quien obviamente sabe desde ayer que los procesos de deserción de oficiales y tropa del cuerpo armado explican que los 1.400 generales no sirven para el ejercicio del mando, por cuanto no existe una relación de comando ética que permita, faculte o facilite que el subalterno cumpla las órdenes de los superiores porque los identifican con la corrupción, robo y la economía paralela y, sobre todo, con una ideologización que los hace pensar sólo en sus intereses”, aclaró.
No es inmediata
“La situación es muy complicada porque después de los hechos de ayer se demostró que no estamos a las puertas de una solución inmediata a la crisis”, dice Fernando Ochoa Antich, general de División retirado y ex ministro de la Defensa (1991-1992) y ex ministro de Relaciones Exteriores (1992-1994) de Venezuela. “No se logró el objetivo que se tenía, que era conseguir el desmoronamiento del régimen a través de la reacción de las Fuerzas Armadas”.
“Históricamente son las Fuerzas Armadas las que resuelven crisis sociales y políticas en el mundo. Aquí eso no ha ocurrido porque están a las órdenes del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela] y no del Estado. Estamos en presencia de un gran control de inteligencia, hasta exagerado, que se dedica a perseguir oficiales, a reprimirlos, incluso a hostigar a sus familiares”, menciona.
Uno de los casos más significativos de esta persecución de militares y parientes es el del general Raúl Isaías Baduel, quien encabezó la operación que restituyó en el poder a Chávez en 2002, pero que desde 2009 está en prisión bajo cargos de corrupción, los cuales rechaza y aseguró que su detención se debe a que se opuso a una reforma constitucional impulsada por Chávez y al establecimiento de un capitalismo de Estado. Su hijo Raúl Emilio Baduel también está en cárcel bajo cargos de instigación a delinquir e intimidación pública, luego de participar en una protesta pacífica en la ciudad de Maracay.
“¿Por qué las Fuerzas Armados no reaccionan como se esperaba? Porque han sido penetradas y destruidas de manera premeditada, primero por Chávez y luego por Maduro”, explica Ochoa, quien, al igual que Machillanda, considera que la situación venezolana afecta intereses de otros países de la región como, por ejemplo, Colombia, que ha recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos, creando campamentos de refugiados en su frontera, y Estados Unidos que ve afectados sus intereses geopolíticos y económicos frente a la presencia de Rusia y China en Venezuela.