Morir en los papeles: otra forma de represión en Venezuela

Rebeca estuvo muerta. No sabe cuánto tiempo. Fue una muerte silenciosa, ella ni tan siquiera se enteró. En 2008, resucitó. Consiguió salir de la muerte administrativa a la que el gobierno venezolano le había condenado por posicionarse como clara opositora. No ha sucedido ese milagro con su marido, Miguel, a quien le han desaparecido los registros de su cotización laboral de sus 43 años viviendo y trabajando en Venezuela.

La familia Carrasco González vive ahora en España. Han ido escapando de Nicolás Maduro poco a poco, en función de los papeles, el dinero y la necesidad. "Traer a Rebeca nos costó casi 1.000€", cuenta Miguel. La situación en el país caribeño era ya "imposible, infinitamente peor de lo que se ve en los medios de comunicación". Ya no solo los servicios básicos como las medicinas y la comida son costosos, sino que las trabas administrativas dificultaban la vida allí.

En la lista negra de Chávez

"Yo trabajé como voluntaria en el estado Falcón (al norte de Venezuela) para recoger firmas a favor del referéndum revocatorio contra Hugo Chávez", recuerda Rebeca. Entre 2003 y 2004, la oposición venezolana recolectó casi dos millones y medio de firmas válidas para votar democráticamente la continuidad o la expulsión de Chávez del poder. El 15 de agosto de 2004 se realizó la votación, con un resultado favorable a la permanencia de Chávez. El Gobierno utilizó como excusa saber si había firmas falsas en los listados para justificar la publicación en internet de todos los datos (nombres, apellidos, números de identificación...) de todos los venezolanos que apoyaron la realización del referéndum. Se la conoce como la "Lista Tascón", porque fue el diputado chavista Luis Tascón quien la compartió, una lista que se utilizó para reprimir a los contestatarios.

Edgar López huyó de Venezuela hace 13 años. Quería empezar su carrera como abogado en las instituciones públicas. "Firmé para que se llevara a cabo el referéndum revocatorio, y mi nombre apareció en la lista". En 2005, decide venirse a España ante la imposibilidad de encontrar trabajo por sus ideas políticas. También el nombre de Rebeca González aparecía en esta "lista negra". Desde el referéndum, "yo ya no pude votar. No me dejaban".

Pasaron cuatro años en los que Rebeca "no entendía nada y nadie me explicaba". Ya en 2008, "seguía sin poder votar, sacar el pasaporte a mis hijos o realizar gestiones administrativas. Hasta que al final, un muchacho que trabajaba en el SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) me dijo que fuese a Caracas porque el problema es que aparecía como fallecida”. Ahora, Rebeca tiene un papel que acredita que está viva, una "fe de vida".

¿Por qué a Miguel le han desaparecido los datos de cotización? "Mira, yo no tengo ni idea", responde Rebeca. Según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, "el ciudadano Miguel Carrasco (...) posee 20 semanas cotizadas", siendo la fecha de inscripción de 1975 a 1981. "Es algo ilógico, porque siempre me aseguré de estar dado de alta, más teniendo empleados en el negocio", explica Miguel, quien abrió una carpintería con el nombre de Andalucía.

"Son muchas trampas las que el gobierno venezolano nos ha puesto, desde hace años", lamenta Rebeca, haciendo alusión al estado de corrupción en el que se encuentran las administraciones públicas de Venezuela. "Mi hermana trabajó toda su vida con el gobierno en el Instituto Agrario Nacional y, cuando se jubiló, tuvo que luchar durante cinco años para que le pagaran su pensión, hasta que un primo nuestro con influencias lo consiguió", narra Rebeca.

"Represión y control"

"La última vez que me renové el pasaporte fue hace tres años y me costó 80 euros y tardaron un año en entregármelo. Ahora me cuesta 200 dólares y no sé cuánto tardarán". Edgar López, de 42 años, lleva cinco años sin pisar Venezuela. "Puedo ir con mi pasaporte español, pero para salir de mi país lo haría como venezolano. Me quedaría allá atrapado meses", explica.

La falta de materiales para renovar y hacer los pasaportes ha desembocado en un aumento de un mercado paralelo. "Se inventaron una pegatina que significaba que el pasaporte estaba renovado. Pero igual, no hay forma de saber cuánto tiempo están tardando en ese proceso". El gobierno está utilizando su ineficiencia como forma de "represión y control", obligando a los venezolanos a acudir al mercado negro donde "un pasaporte puede llegar a costar 3.000 dólares". Para emigrar, se necesita el pasaporte. "Por ejemplo, están rechazando a venezolanos que están huyendo a pie por América del Sur porque no tienen un documento físico", cuenta López.

Es el SAIME el que gestiona todos los documentos de identidad, aunque, según Edgar, "ahora, ni tan siquiera hay acceso al portal web para solicitarlo". Desde la web, solicitas la renovación y desde Venezuela avisan al ciudadano cuando se tiene que pasar por el Consulado en España para poder recogerlo. "Hay gente que lleva dos años esperando".

Pero no solo ocurre con los pasaportes. Ocurre con todos los documentos que requieran homologación. Edgar asegura que "con cualquier papeleo que necesites que el gobierno te selle y certifique, vas a tener problemas". Si un estudiante quiere homologar su título, tiene que ir al Ministerio de Educación y al Ministerio de Relaciones de Exteriores para que lo sellen. "Como es gente que tienen la idea de irse del país, no lo certifican y obligan a los estudiantes a acudir al mercado paralelo".

"Se nos hace cuesta arriba".

En la familia Carrasco González todos tienen doble nacionalidad, excepto Rebeca. Denuncian lo complicado que les fue desde un principio sobrevivir en España. "A los hijos de españoles que escapamos de Venezuela se nos hace muy cuesta arriba todo". Rebeca Carrasco, hija de Rebeca y Miguel, explica que "para unos somos extranjeros y, para los otros, también".

"Nos comimos todos los ahorros. Llegó un momento en que no había trabajo y fuimos tirando de lo que teníamos". Los planes no eran huir de Venezuela, pero el dinero del matrimonio mermaba, las represalias por pertenecer a la oposición eran evidentes y no veían ninguna solución. "Algunos supieron ver el problema desde antes y fueron sacando el dinero del país, pero nosotros no tuvimos esa visión y nos quedamos sin ahorros".

Miguel cobra ahora 425 euros mensuales. Es lo que le corresponde como pensión no contributiva, puesto que no hay pruebas de que haya trabajado los 43 años. "Es imposible conseguir cualquier certificado, los borran", aseguran. Es con ese dinero y con el que gana Rebeca trabajando de suplente como limpiadora como logran vivir en Madrid. "Nunca me imaginé trabajar de esto, pero lo hago a mucha honra". Viven en San Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde, uno de los barrios más pobres de Madrid y donde más cantidad de inmigrantes se concentran. "Al menos tenemos para comer, allá hasta los huevos son malos".

-¿Ni las gallinas tienen para comer?

-Ni tan siquiera las gallinas– responde Rebeca.

"Tiene coraje"

De Juan Guaidó opinan que va a llegar más lejos que Leopoldo López. "Este tiene coraje, la suficiente valentía", dicen. La propuesta de amnistía a las autoridades militares a cambio de que presten su apoyo a la oposición no fue bien acogida en el entorno de la familia Carrasco. "Con tantas muertes, torturas y el daño que han hecho... Estos crímenes no pueden quedar impunes".

Edgar no se atreve a volver a Venezuela "hasta que el nuevo gobierno no tome el control completo". Su padre murió y no ha podido acompañar a su familia en el duelo. Es un simple trámite administrativo el que le separa de ella.

El champán está preparado en la casa de los Carrasco. "Tenemos varias botellas para cuando caiga Maduro. Son todas regaladas", se exculpan mientras se sacuden los aires de grandeza que se pueda creer de ellos. "Amamos Venezuela, ¡hasta Miguel está deseando volver!".