"Cuando vas a los tribunales es casi como sufrirlo todo otra vez y acabas sintiéndote peor contigo misma, como diciéndote: 'Fue por mi culpa. Fui yo la que hizo algo mal'". Son las declaraciones de Emilie, una víctima de violación que cuenta el trauma que supone conseguir justicia en Dinamarca cuando sufres una agresión sexual. 

Los daneses llevan a gala vivir en uno de "los países más felices del mundo" y estar siempre en los primeros puestos de los listados internacionales sobre transparencia política, educación y menor corrupción, entre otros.

También es considerado como uno de los países más desarrollados en cuestiones de igualdad de género y seguridad. Sin embargo, el último informe de Amnistía Internacional sobre las agresiones sexuales en el país, titulado "'¡Queremos respeto y justicia!'. Superar los obstáculos de las supervivientes de violación a la justicia en Dinamarca", muestra una realidad muy diferente. 

Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional (AI), afirma que "a pesar de la imagen de Dinamarca como país con igualdad de género, la realidad es muy distinta para las mujeres, debido al grado terriblemente alto de impunidad de la violencia sexual y a anticuadas leyes sobre la violación que no cumplen las normas internacionales". 

Es verdad que en los últimos años el gobierno danés ha tomado medidas para mejorar el acceso de las supervivientes a la justicia, pero en Dinamarca todavía se denuncian muchas menos violaciones de las que realmente se cometen. Además, cuando las mujeres acuden a la policía, la probabilidad de procesamiento y condena de los responsables es muy baja. 

Según los datos de AI, de las mujeres que sufrieron violación o intento de violación en 2017 (las estimaciones oscilan entre 5.100, según el Ministerio de Justicia, y 24.000, según un estudio reciente), solo 890 denunciaron ante la policía. De estas denuncias, 535 dieron lugar a procesamiento, y solo 94 se resolvieron con sentencia condenatoria.

El "horrible" proceso judicial

Por un lado, las víctimas que no denuncian, lo hacen a menudo por miedo a no ser creídas, e incluso a ser culpadas y avergonzadas, por la policía y los funcionarios de justicia.

Por otra parte, los redactores del estudio aseguran que el bajo índice de condenas cuando las supervivientes sí denuncian se debe muchas veces a la existencia de prejuicios profundamente arraigados en el sistema de justicia.

Asimismo, la investigación de AI, que se basa en entrevistas a 18 mujeres y niñas de más de 15 años, que han sufrido violación, así como a ONG, especialistas y autoridades pertinentes, determina que el proceso de denuncia y sus consecuencias suelen resultarles sumamente "traumáticos" a las supervivientes.

Kirstine, periodista de 39 años, intentó presentar una denuncia de violación a la policía tres veces. La segunda, la llevaron a una celda de la comisaría y le advirtieron de que podía ir a la cárcel si mentía.

Explicó que el proceso de denuncia había supuesto “soportar más miedo, vergüenza y humillación” y dijo a Amnistía Internacional: “Si hubiera tenido 20 años, no habría seguido tras el primer intento”.

Otra mujer entrevistada contó a AI lo intimidada que se sentía al tener que ir a la policía: "No era más que una mujer de 21 años, sentada allí con dos tipos que me miraban y decían: '¿Estás segura de que quieres contarlo?’ [...] No era más que una cría ‘asegurando’ que había sido violada”. 

Una de las supervivientes llegó a afirmar que "no iría a la policía si me violaran otra vez". 

Esta falta de confianza en el sistema se debe a que, aunque hay directrices para la policía nacional sobre cómo tratar los casos de violación, la práctica policial actual sigue siendo incoherente e incumple a menudo estas directrices y las normas internacionales.

A su vez, las mujeres y las niñas que denuncian violación tienen que hacer largos recorridos por los tribunales y la experiencia puede ser muy desagradable y profundamente insatisfactoria, debido a la actual legislación del país. 

Legislación anticuada 

A pesar de que Dinamarca ratificó en 2014 el Convenio de Estambul que dice que "la violación y todos los demás actos de naturaleza sexual no consentidos deben ser clasificados como delitos", su legislación todavía no define "violación" en base al consentimiento. 

Es decir, en su Código Penal (artículo 216), una violación es considerada como tal cuando hay violencia física, amenazas o coacción y cuando la víctima no pudo resistirse. 

Esta definición es muy problemática según los expertos que afirman que, ante una agresión sexual, la víctima puede sufrir una "parálisis involuntaria" o "bloqueo", lo que puede impedirla decir explícitamente "no" o resistirse físicamente, lo que no significa que dé su consentimiento. 

El hecho de que la ley se centre en la resistencia y la violencia en vez de en el consentimiento ha afectado no sólo a la denuncia de las violaciones, sino también a la sensibilización en general sobre la violencia sexual, aspectos, que son clave para prevenir las violaciones y abordar la impunidad.

Desde AI abogan por que Dinamarca "reforme sus anticuadas leyes y poniendo fin a la perniciosa cultura de culpabilización de la víctima y aplicación de estereotipos negativos existente actualmente en los procedimientos judiciales". 

Bajo el hashtag #LetsTalkAboutYES, Amnistía Internacional ha comenzado una campaña para que la ley cambie en Dinamarca. En este sentido, ya dieron un paso adelante en 2013, cuando tipificaron como delito la "violación conyugal" (violación dentro del matrimonio).

Panorama internacional

De igual manera, Amnistía ha analizado la legislación sobre la violación de 31 países de Europa y ha determinado que sólo 7 tienen leyes basadas en el consentimiento. Son Suecia (que reformó la ley en mayo de 2018), Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Alemania, Chipre, Islandia y Bélgica.

En el resto de los países europeos, para que el delito sea considerado violación, la ley exige, por ejemplo, el uso de la fuerza o de amenazas, algo que no se da en la gran mayoría de los casos de violación.

En España, Eslovenia, Grecia, Finlandia y Portugal, también se están planteando implementar el cambio legislativo para adecuarse a las leyes internacionales.