El Gobierno alemán aprobó hoy un proyecto de ley para facilitar la expulsión de los refugiados cuya petición de asilo haya sido rechazada y que incluye retener en la cárcel a los que estén a punto de ser deportados para facilitar esa operación.

El paquete de medidas ha sido impulsado por el ministro del Interior, Horst Seehofer, pese a los recelos internos en el seno de la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas a algunos de sus apartados. 

Seehofer, de la Unión Cristianodemócrata de Baviera (CSU) y representante del ala más derechista entre bloque conservador de la canciller Angela Merkel, ha denominado su proyecto "Ley para un retorno ordenado".

Su propósito principal es evitar que los solicitantes de asilo rechazados y que vayan a ser expulsados en breve, por haber agotado las posibilidades de recurrir contra ello, traten de evadirse de la orden de deportación.

Asimismo prevé reducir hasta mínimos las prestaciones de aquellos refugiados anteriormente registrados en otros países de la Unión Europea (UE) y que se encuentren en Alemania. 

Junto a estas medidas, se prevé asimismo agilizar la incorporación al mercado laboral de los asilados capacitados para trabajar, a los que se facilitará el acceso a cursos de idioma e integración.

El proyecto de ley plantea, por otro lado, ampliar el periodo contemplado para analizar las peticiones de asilo, actualmente establecido en una media de tres años, que se alargaría hasta cinco. Interior estima que hay unos 700.000 refugiados, registrados como tales entre 2015 y 2017, cuya solicitud está aún pendiente de una decisión definitiva.

En 2015 ingresaron en Alemania casi un millón de solicitantes de asilo, récord absoluto de llegada de refugiados a este país, lo que desbordó la capacidad de acogida y gestión de esos casos, según ha reconocido reiteradamente Interior.

En los años siguientes el flujo migratorio se ha ido reduciendo considerablemente, en parte por las medidas adoptadas por el Gobierno alemán para reducir estos contingentes, por el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía en materia migratoria y también por el cierre de la denominada "ruta de los Balcanes".

Sin embargo, siguen sin haberse resuelto todas las peticiones de asilo -alrededor de 1,5 millones, desde 2015 a principios de este año- y hasta ahora tampoco se han agilizado las expulsiones al ritmo al que Seehofer aspira. 

Se estima que Alemania solo ha ejecutado la mitad de las órdenes de expulsión de refugiados rechazados desde el inicio de la llegada masiva de peticionarios de asilo, en 2015, sea por problemas burocráticos o por falta de disposición a cooperar en las operaciones de sus países de origen.

Según balances recientes, en los últimos cuatro años se ordenaron unas 188.000 expulsiones, de las cuales algo menos de la mitad no llegaron a materializarse, sea por problemas administrativos o de otro orden.