Avanzan los planes para una acción militar "quirúrgica" que saque a Maduro de Venezuela

"La dictadura no saldrá voluntariamente". Ésta es la frase que resume la verdad de lo que se piensa en los salones y pasillos de techos altos y moqueta donde se está discutiendo, fuera de Venezuela, el futuro del país caribeño. La pronunció el pasado 2 de mayo Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

En una reunión de su Consejo Permanente en Washington, los embajadores de los países de la región trataron la nueva situación creada tras el lanzamiento de la "operación Libertad" dos días antes por el presidente encargado, Juan Guaidó.

La OEA, bajo el liderazgo del uruguayo Almagro, ha sido uno de los foros más beligerantes contra el régimen de Nicolás Maduro desde que heredó la tiranía de su fundador, Hugo Chávez. Ahora, forma lobby con otras instituciones y, junto al Departamento de Estado de EEUU y los representantes del bautizado como Tribunal Supremo en el Exilio, que preside Miguel Ángel Martín Tortabú, está diseñando un plan de presión definitiva para forzar la caída del madurismo.

"Con la salida de Maduro o su apresamiento; saliendo por su propio pie o con esposas; camino del exilio o de una cárcel en el extranjero, el proceso es inexorable y desde hace una semana estamos diseñándolo", explica una fuente directamente implicada en la negociación. "La operación de extracción, si es necesaria, será como la de Osama bin Laden, limpia y corta", apunta, "son sólo tres o cuatro personas a las que hay que apresar".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento que se viene elaborando desde pocos días después de que Guaidó diera la orden de liberar a Leopoldo López de su arresto domiciliario. Representantes de la OEA, del Tribunal Supremo en el Exilio y de la Administración estadounidense tienen ya esbozado un plan de intervención militar en Venezuela. Y todo porque aquel martes 30 de abril, los acontecimientos por una parte se precipitaron y por la otra se ralentizaron.

La "operación Libertad", en suspenso

Para empezar, la liberación del preso político más famoso y simbólico de Latinoamérica se anticipó un día sobre el plazo previsto. La negociación abierta entre representantes del régimen bolivariano y los del Gobierno legítimo de Guaidó -con el patrocinio directo de EEUU y la aquiescencia de Rusia- abrió un canal de comunicación que sirvió para que el Servicio Bolivariano de Inteligencia, los espías del régimen, el Sebin, advirtiera a Guaidó de que lo iban a mandar detener ese mismo día, tras filtrarse sus movimientos. Y eso precipitó la operación.

Precisamente el adelanto de 24 horas respecto al que manejaban las cancillerías de EEUU, Colombia, Brasil y Chile -según fuentes de la propia oposición democrática venezolana- fue lo que puso tan en dificultades la "operación Libertad" que perjudicó su éxito. Washington tuvo que improvisar, y John Bolton -asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump- convocó a la prensa a las puertas de la Casa Blanca para señalar en público a los caballos de Troya en el régimen: Mikael Moreno, presidente del Tribunal Supremo chavista; Vladimir Padrino López, general y ministro de Defensa; y Rafael Hernández Dala, jefe de Contrainteligencia Militar.

Pero éstos entonces ya habían apagado sus teléfonos. "Es que no se puede negociar con el demonio", explican las citadas fuentes negociadoras, "jugaron a dos barajas y a la primera dificultad, se bajaron del barco". Y es que Diosdado Cabello -número dos del régimen y buscado por la DEA como responsable del narcotráfico del Cartel de los Soles- se negó a ser le chivo expiatorio.

Así, el avión preparado para sacar a Maduro y llevarlo a La Habana se quedó en tierra. Y se activó, en sigilo, la negociación que ha podido conocer este periódico. Representantes de la OEA, del Tribunal Supremo en el Exilio y de la Administración estadounidense tienen ya esbozado el documento que invoca "Reponsabilidad de Proteger (R2P)" con un plan de acción.

Las acciones

Altos representantes de Almagro (OEA), Martín Tortabú (TSJ en el Exilio) y Mike Pompeo (secretario de Estado de EEUU) trabajan como think tank de la intervención militar en Venezuela, ya aprobada al menos de palabra por el propio Guaidó. Las tres organizaciones han diseñado una estrategia por tierra, mar y aire. Literalmente:

Piden un compromiso a la coalición resultante por la democracia en Venezuela de "realizar despliegues preventivos de ayuda militar colectiva". La idea es apostar militares en las fronteras en instalaciones de asistencia médica y alimentaria dentro del país, en las zonas fronterizas de situación aguda, y de los venezolanos en territorio extranjero. Pero también "dentro del país".

Para ello, alientan a "los donantes" a apoyar programas de "prevención y protección de crímenes". Y además recuerdan que "las medidas de tipo coercitivo y el ejercicio de misiones militares no están ligadas indisolublemente a actos bélicos o de guerra". Al contrario, se elige el contexto castrense como "forma" más efectiva de llevar a cabo estas acciones "de inteligencia, otras de apresto en defensa, y otras", si fuera necesario "de carácter bélico de ataque o defensa según el caso".

Proponen "embargos de armas", sanciones financieras a los gerifaltes del régimen y la restricción de viajes a individuos, además de "prohibiciones sobre el tráfico aéreo", y la suspensión o expulsión del régimen chavista venezolano de organizaciones internacionales o regionales.

Y finalmente, se plantea "la acción militar en misión de paz". Es decir, y según la fuente contactada por EL ESPAÑOL, "la intervención de tropas extranjeras para sacar de sus posiciones de poder a los líderes chavistas". Una entrada que sería "quirúrgica y rápida, como la de Bin Laden en Pakistán", explica. "Entrar, localizar, detener, salir", detalla, "eso se puede hacer en menos de una hora".

El documento lo reconoce con palabras más diplomáticas: "Se debe estipular en unas condiciones mínimas, que acompañe tareas humanitarias, y estar el tiempo estrictamente necesario".

"Los delincuentes van rápido, los buenos vamos lentos"

El texto completo está dividido en seis apartados y una "propuesta de acción conjunta de países" con una "coalición internacional de justicia".

Los objetivos que pretende proteger están explicitados en los tres primeros puntos: Derechos humanos, seguridad humana y soberanía. El siguiente detalla las circunstancias del "Estado fallido" en que se ha convertido Venezuela por "responsabilidad directa de Nicolás Maduro Moros". Los puntos 5 y 6 describen las "acciones urgentes para salvar a la población" y los "mecanismos de acción de la Responsabilidad de Proteger".

Finalmente, el documento -ya completo pero aún en fase de estudio- propone las acciones concretas para lograr la efectiva caída de la tiranía madurista para propiciar la transición hacia una democracia plena.

Todas ellas están basadas, según esta fuente, en que "los delincuentes van rápido y los buenos vamos lentos". Por eso, los primeros planteamientos piden aplicar medidas de “diplomacia dura” y seguir con el programa de sanciones económicas "a los responsables del daño humanitario". En este punto, la postura "equilibrista" de la que fuentes de la oposición acusan a la Unión Europea -sobre todo, desde la llegada del PSOE al poder en España- queda retratada, pues sólo se cita como "determinantes" hasta ahora a EEUU y Canadá.

Aparte de otras medidas coercitivas en el plano legal -seguimiento de los "capitales corruptos" y persecución de su blanqueo, retirada de visados, más presión ante la Corte Penal Internacional, congelamiento de los pagos de deuda, etc-, el texto propone medidas positivas como "asegurar el trabajo" de las ONG, fomentar el de la OEA y la ONU para "promover las obligaciones que emanan del Principio de Responsabilidad de Proteger" e implementar "con urgencia" leyes de refugiados y leyes humanitarias en los Estados colindantes.

Los actores del futuro

Los redactores del documento consideran imprescindible que la comunidad internacional reconozca "los liderazgos políticos que han procedido con coraje" en la tarea de liberación de Venezuela. Y también concretamente a las "organizaciones no gubernamentales, a la Academia", y lo que bautizan como "los poderes legítimos", lo que incluye al "legítimo Tribunal Supremo de Justicia".

Todo para que no haya más fricciones dentro de la oposición democrática, hoy reunida en torno a Juan Guaidó, pero en la que hay demasiadas rencillas y lucha de poderes. El futuro gobierno de transición deberá armarse en torno a su legitimidad, otorgada por la cincuentena de países -entre ellos, España- que lo han reconocido como presidente encargado.

Como dice el texto, "la liberación de Venezuela y las tareas de reconstrucción se logran con los actores ya indicados" y se conmina a que todos ellos "participen en el desarrollo en diversas áreas: reconciliación, justicia, seguridad, desarrollo, etc".