Dimitió un día antes de que el Tribunal Supremo le reclamara la renuncia, lo llaman 'doctor Cianuro', no se ha bajado de los coches blindados en décadas, saltando de ministerios al sector privado y de nuevo a altos puestos oficiales, siempre llevándose el trabajo de una casa a la otra. Néstor Humberto Martínez Neira, ex fiscal general de la República de Colombia es el paradigma de las puertas giratorias que van siempre en un solo sentido, el de su beneficio propio.
Pero ya cayó, y los checks and balances del Estado democrático colombiano empiezan a hacer leña de sus ramas, que parecían alcanzar todos los resortes. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia -la policía judicial- denuncian que Martínez Neira montó un sistema de escuchas ilegales a altos magistrados, a periodistas, a activistas de los derechos humanos, a políticos y a todos aquellos que se significaran por ser opositores al Gobierno y al Grupo Aval, el conglomerado para el que trabajaba hasta el día antes de ser nombrado fiscal general.
Según informa el periodista de investigación colombiano Gonzalo Guillén en el diario La Nueva Prensa, fue de este modo que el fiscal general supo que la Corte Suprema había incluido en su orden del día exigirle la dimisión. Así pudo adelantarse, justificando su renuncia en su presunto desacuerdo con la no extradición del narco de las FARC Jesús Santrich. El líder de la narcoguerrilla es reclamado por la DEA estadounidense por haber continuado con el tráfico de estupefacientes después de la firma de los acuerdos de paz entre el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos y la nomenklatura de las autodenominadas Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia.
Jesús Santrich, líder narco de las FARC.
El nombre de Santos, expresidente -hasta hace un año- del país suramericano aparece siempre que se habla de Martínez Neira. Y no sólo porque bajo su mandato ocupara el puesto de ministro de la Presidencia entre agosto de 2014 y junio de 2015, o lo nombrara fiscal general sólo un año después. Sino por lo que hizo justo antes y entre ambos cargos.
El escándalo Odebrecht persigue tanto a Santos como a Martínez Neira. La trama corrupta montada por la gran constructora brasileña repartió decenas de miles de millones de euros entre los poderosos -públicos y privados- de toda Latinoamérica durante años. Y, de hecho, la campaña de reelección de Santos ha sido acusada de haberse financiado con fondos procedentes de estas corruptelas. El Grupo Aval trabaja con Odebrecht en Colombia. Y Martínez Neira era su abogado antes y después de ser ministro de la Presidencia.
Ahora se sabe que Martínez Neira utilizó a agentes de la CTI para controlarlo todo a través de pinchazos telefónicos -conocidos como "chuzadas" en Colombia-. Según los policías denunciantes, "se ordenan arbitrariamente, sin control de jueces y sin que hagan parte de ninguna investigación", revela Guillén, uno de los periodistas más respetados en Colombia.
En sus conversaciones con el reportero de investigación los agentes también afirman que el actual "vicefiscal general, Jaime Camacho Flórez, habría tomado parte activa en estas interceptaciones ilícitas, principalmente a las que se están haciendo a los magistrados de la Corte Suprema y la Constitucional". Pero Camacho es como la zorra en el gallinero, pues él mismo había sido encargado por Martínez Neira de hacerse cargo de las denuncias de los magistrados de la Corte Suprema que sospechaban estar siendo "chuzados".
Camacho -nombrado por Martínez Neira- cerró el caso, negando que hubiera tales escuchas. Y todo encaja, porque los agentes del CTI -alguno de ellos confiesa haber paerticipado del entramado- alegan que el plan era "recoger toda la información de manera ilícita que sirva para montar acusaciones temerarias o armar escándalos contra determinadas personas a través de la Oficina de Prensa de la Fiscalía.
Y es que Néstor Humberto manejaba toda la información relevante en Colombia y la usaba a conveniencia. De sus manejos ha sido acusado de cobrar ingentes cantidades y haberlas invertido en cuentas opacas y en bienes inmuebles en Madrid.
La conexión Odebrecht
Uno de los que más ha estado «pinchado» es Leonardo Espinosa, el fiscal ad hoc nombrado por la Corte Suprema para investigar la corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval, en la que está comprometido Martínez Neira personalmente. Sus escándalos sacaron al pueblo a la calle en enero, cuando ya se anticipaba su caída irremisible, pero él se resistía.
De hecho, según relata Guillén, las oficinas en Bogotá del fiscal Espinosa fueron allanadas el viernes 17 de mayo por orden verbal del fiscal general interino, Fabio Espitia, sólo 24 horas después de la dimisión irrevocable Martínez Neira.
La Fiscalía ad hoc fue creada por la Corte Suprema de Justicia, que no se fiaba de su fiscal general ante la cantidad de conflictos de intereses de Martínez Neira en los escándalos de corrupción del Grupo Aval y su socio Odebrecht en el pago de sobornos y otros delitos para obtener contratos multimillonarios con el Estado colombiano.
El fallecido Jorge Enrique Pizano, testigo principal del caso Odebrecht y contra el fiscal general de Colombia.
Del allanamiento y registro a las oficinas de Espinosa "no hubo acta de inventario como debe ser ni constancias de nada. Se llevaron todos los expedientes y todos los computadores”, indicó otra fuente a Gonzalo Guillén.
Marcelo Odebrecht fue detenido y encarcelado el 19 de junio de 2015, el mismo día en que Martínez Neira dejó el Ministerio, seis días antes de que el conglomerado empresarial se hiciera con la concesión del gran contrato de la Ruta del Sol II. Una enorme carretera de más de 520 kilómetros que acercaría Bogotá al norte costero a razón de más de 2.500 millones de euros. Y entre tantas partidas y subcontratas, la cosa no casaba por decenas de millones de euros.
Ahí empezaron los verdaderos problemas de Martínez Neira, hace unos meses, cuando el caso avanzaba en los tribunales, a pesar de sus obstruccionismos, y murió en extrañlas circunstancias -presuntamente envenenado- su viejo amigo Jorge Enrique Pizano, "controller" de las cuentas para el Grupo Aval, que había denunciado los desfalcos a Martínez Neira durante ese año entre el Ministerio y la Fiscalía.
Cuando Martínez Neira estaba volviendo el caso contra Pizano -como le cusan de haber hecho en otros, entre ellos en el litigio del empresario Carlos Mattos en el 'caso Hyundai'-, Pizano murió intoxicado por cianuro, a los pocos días cayó su hijo Alejandro. Y poco después, Rafael Merchán -ex secretario de Transparencia del Gobierno Santos- también fallecía en extrañas circunstancias. Para entonces, ya había dimitido el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, Carlos Eduardo Valdés para "no mancharse" con un caso tan oscuro.