Matteo Salvini continúa su lucha contra la inmigración atacando al sistema judicial italiano. El Ministerio de Interior de Italia ha comunicado a través de una nota oficial que se evaluará a aquellos jueces que "han dictado sentencias contrarias a las políticas de seguridad del Gobierno".

Con esta medida la Fiscalía del Estado revisará los casos en los que se aprueben solicitudes de asilo e investigará a los jueces encargados para determinar si "deberían haberse abstenido de ocupar cargos contrarios a las políticas de seguridad del Gobierno". 

Además de examinar la trayectoria profesional de los magistrados, se tendrán en cuenta sus opiniones personales sobre la inmigración. Por ejemplo Luciana Breggia, que es una de las primeras juezas en aparecer en esta "lista negra", rechaza el uso del término "inmigrante ilegal" y ha participado en las presentaciones de varios libros sobre inmigración y refugio. 

Otra magistrada de la lista es Matilde Betti que rechazó la apelación del Ministerio de Interior para reevaluar el registro -llevado a cabo por otro juez- de dos inmigrantes el pasado marzo. Entre sus actividades personales, Betti ha sido oradora en seminarios sobre los derechos de asilo organizados por diferentes asociaciones sociales.

Poder judicial independiente

Sobre estas actividades, el ministro ha afirmado que "un juez que por la noche presenta un libro a favor de la inmigración y por la mañana acoge con agrado el recurso de un inmigrante que en lugar de ser expulsado permanece en Italia, me parece algo extraño".

"Creo que es extraño que un juez participe en iniciativas políticas, a favor de la inmigración fuera de control, y luego dicte juicios sobre el tema", ha declarado Salvini en el programa Otto e Mezzo. "Necesitamos un poder judicial fuerte, libre e independiente", ha añadido.

Salvini ha lanzado esta radical medida contra los jueces tras los dictámenes de varias sentencias a favor de inmigrantes y la decisión del Tribunal Administrativo Regional de Florencia de cancelar la aplicación de las "zonas rojas".

Las zonas rojas son áreas de la ciudad a las que no pueden acceder personas que hayan sido denunciadas por cometer ciertos delitos, desde robo a tráfico de drogas o agresión. Para el ministro de Interior estas acciones son contrarias a sus políticas de seguridad e inmigración y no quiere permitir que se extienda por el país. 

La 'Ley Salvini'

Matteo Salvini llegó al Gobierno prometiendo la reducción de llegada de inmigrantes y refugiados. En septiembre de 2018, tres meses después del comienzo de la legislatura, se aprobó la 'Ley Salvini' que endurecía las condiciones para pedir asilo, facilitaba las expulsiones y aumentaba el presupuesto a la Policía. 

Desde entonces el vicepresidente del Consejo de Ministros no ha tenido ningún reparo en aplicar dicha ley. En octubre trasladó a todos los inmigrantes de Riace, una pequeña localidad calabresa símbolo de la acogida, a otros puntos del país y se detuvo a su alcalde, Domenico Lucano, por favorecer la inmigración clandestina. 

Asimismo, sus actuaciones más polémicas han sido los cierres de puertos para impedir el arribaje de barcos de rescate de inmigrantes, que le han costado varias investigaciones y casi un juicio por secuestro, que eludió gracias al respaldo del Senado que ratificó su inmunidad judicial como miembro del Gobierno.

El caso más conocido fue el barco del Aquarius en junio del 2018, que transportaba a más de 600 inmigrantes y finalmente fue acogido en Valencia, pero ha habido otros como el Sea-Watch, que ha conseguido llegar a la costa italiana en varias ocasiones a pesar de la negativa del ministro.

Igual que ahora amenaza a los jueces, en el último año también ha tomado medidas contra las ONG. En noviembre ordenó desmantelar el improvisado campamento de una organización local de Roma que acogía a 300 personas y en mayo anunció que multaría a las organizaciones que rescatan a personas en el Mediterráneo.