El Consejo de Ministros italiano ha aprobado este martes un decreto ley que prevé multas de entre 10.000 y 50.000 euros a las ONG que entren, transiten o atraquen en aguas territoriales italianas. La norma aún tiene que ser aprobada por el Parlamento y ha sido bautizada como "Decreto seguridad bis", por ser una modificación del decreto seguridad que ideó el ministro del Interior italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ya aprobado por las dos cámaras. 

La actual modificación también ha sido impulsada por Salvini, quien en la comparecencia ante los medios este martes opinó que no es una normativa extremadamente restrictiva, sino orientada a incrementar la seguridad del país. 

En el decreto aprobado por el Consejo de Ministros desaparecen las multas de hasta 5.000 euros por cada inmigrante rescatado en el Mediterráneo, pero se establecen sanciones de entre 10.000 y 50.000 a los propietarios o comandantes de embarcaciones de ONG que entren, naveguen o atraquen en aguas territoriales italianas. 

La Liga había insistido en las últimas semanas en la necesidad de sacar adelante esta medida, pero quedó congelada por la celebración de las elecciones europeas del pasado mayo, como ha explicado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. 

"La normativa ya estaba siendo detallada durante la campaña electoral, pero fui yo mismo quien pidió al ministro Salvini posponer su estudio porque fijar un consejo de ministros dos días antes de los comicios no me parecía oportuno", comentó.

Durante la campaña electoral el líder del antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y ministro de Desarrollo Económico y de Trabajo, Luigi Di Maio, protagonizó tensiones con Salvini a cuenta de esta normativa, pero hoy celebró su aprobación: "Es un comienzo y espero que el Parlamento apruebe esta medida para frenar la inmigración irregular", dijo. 

El "Decreto seguridad bis" está compuesto por dieciocho artículos que tienen como objetivo reprimir la inmigración clandestina, pero también endurecer los castigos contra quienes ataquen a la Policía en concentraciones y reforzar las medidas para garantizar la seguridad en los estadios deportivos. 

El decreto prevé la asignación de tres millones de euros en los próximos tres años para disponer de agentes encubiertos para combatir la inmigración ilegal. 

Además, se contratarán 800 nuevos empleados administrativos para las oficinas judiciales, con el fin de favorecer el cumplimiento de las sentencias de los condenados en vía definitiva que sigan libres.

También se amplía el llamado "Daspo", la prohibición de acceder a los recintos deportivos a quienes ataquen a los árbitros o protagonicen incidentes violentos en el extranjero. 

Finalmente, la norma contempla la concesión de ciudadanía italiana por méritos especiales a Ramy Shehata y Adam El Hamami, los dos jóvenes que ayudaron a frustrar el secuestro de un autobús escolar en marzo en el país.