La extradición del español Carlos García Juliá, condenado por participar en la matanza terrorista de unos abogados izquierdistas cometida en la calle Atocha de Madrid en 1977, fue autorizada este martes por el Tribunal Supremo de Brasil.
Las autoridades brasileñas atendieron así la petición del Gobierno español sobre la extradición del antiguo militante de Fuerza Nueva, uno de los autores de la masacre en la que fueron asesinados a tiros tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo.
García Juliá, quien cumplió 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado en 1980, se encontraba prófugo y fue arrestado en diciembre de 2018 en Sao Paulo, donde vivía bajo una identidad falsa venezolana.
La Audiencia Nacional de España había pedido al Gobierno que solicitara a las autoridades brasileñas la extradición de García Juliá por entender que la condena que le fue impuesta no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días de prisión.
En una audiencia pública celebrada este martes -y que no estaba inicialmente programada-, la segunda sala del Tribunal Supremo de Brasil (STF) autorizó su extradición al considerar que se cumplían los requisitos necesarios, entre ellos la tipificación de los crímenes y la no configuración de un de un delito político.
En un parecer enviado al Supremo, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, recomendó la extradición al "no verificar" que la petición realizada por las autoridades españolas "haya sido presentado con "la finalidad de perseguir o castigar al extraditado por opiniones políticas".
Los detalles del proceso de extradición, sin embargo, todavía no han sido divulgados.
El antiguo militante de Fuerza Nueva, que tenía 24 años cuando cometió la matanza, fue condenado en 1980 por cinco asesinatos consumados y cuatro en grado de tentativa en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha de Madrid.
En libertad condicional desde 1991
Su condena fue limitada al máximo de treinta años previsto entonces por las leyes españolas y en 1991 se le concedió la liberad condicional.
Obtuvo después la autorización para viajar a Asunción y trabajar allí, con la condición de presentarse mensualmente en la Embajada de España en Paraguay, pero incumplió lo previsto.
El condenado desapareció e inició entonces un periplo de fugas por Latinoamérica. Su última pista antes de ser arrestado en Brasil se perdió en Bolivia, donde vivió un tiempo y había sido encarcelado por un delito relacionado con el narcotráfico.
Tras dos décadas en paradero desconocido, fue detenido en diciembre de 2018 en Sao Paulo gracias a las investigaciones de las policías Nacional española y Federal brasileña y el apoyo de Interpol.
El español fue arrestado cuando salía de su domicilio en Barra Funda, un barrio de clase media de la capital paulista donde era recordado por los vecinos como un hombre "amable", "discreto" y "educado" que vivía tras la identidad de Genaro Antonio Materan.
Según las autoridades, García Juliá vivía en Brasil desde hacía casi dos décadas y trabajaba como conductor de Uber, haciéndose pasar por un ciudadano venezolano.
El español llegó a Brasil en 2001 por Pacaraima, una empobrecida ciudad del estado brasileño de Roraima, pero antes también estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela con varias identidades falsas.