Boris Johnson abre una grave crisis institucional en la democracia parlamentaria más consolidada del Viejo Continente. El primer ministro, que llegó al poder en julio tras la incapacidad de Theresa May por desatascar el brexit, ha descolocado a propios y extraños con una drástica decisión: cerrar el Parlamento en la recta final del brexit.
La fecha señalada para ejecutar la salida de la Unión Europea se acerca de forma inexorable y el líder conservador ha decidido apostar todo su capital político a una carta: brexit salvaje o sin acuerdo. Johnson, consciente de los tiempos, nunca ha descartado este escenario aunque siempre ha prometido que luchará por arrancar un acuerdo mejor a Bruselas. El premier -conocedor de las instituciones europeas- sabe que es casi imposible renegociar algo mejor para su parroquia euroescéptica y ha puesto rumbo al precipicio de la incertidumbre.
La suspensión del Parlamento hasta el 14 de octubre es técnicamente un formalismo completamente legal. Cada otoño, el Gobierno británico paraliza la Cámara de los Comunes durante unas semanas para empezar un nuevo periodo de sesiones que Isabel II inaugura solemnemente con el 'Queen Speech'. Un acto meramente decorativo en el que la Reina lee el programa legislativo que le ha remitido el Ejecutivo de turno.
Isabel II aprueba el cese de la actividad parlamentaria
Johnson se escuda en que su antecesora no había convocado este mecanismo desde hace dos años para hacerlo ahora. Lo cierto es que este receso del Parlamento va a durar cinco semanas en vez de las dos habituales y llega en un momento muy volátil de la política británica. Hasta el árbitro del Parlamento, John Bercow, ha intervenido para tachar la decisión de "escándalo democrático".
La oposición británica, con Jeremy Corbyn a la cabeza, lleva semanas buscando una estrategia para complicar los planes del primer ministro. Los laboristas planeaban una rentrée agitada y llegaron a pensar en una moción de censura para deponer a Johnson y montar una suerte de Gobierno de salvación. Los números para esta alternativa no daban a pesar de la división interna entre los conservadores, partido mayoritario en la Cámara de los Comunes.
El Boris salvaje
Sin embargo, en las últimas horas el plan para evitar la temida salida a las bravas parecía ser otro. Los laboristas planeaban lanzar una ofensiva parlamentaria que incluyera una legislación que prohibiera expresamente una ruptura no pactada con la UE. Esta vía sí podría haber contado con el apoyo parlamentario suficiente si los laboristas sumaban sus votos a los de los liberales y conseguían seducir a un puñado de conservadores rebeldes.
Sin embargo, una vez aprobado por la Reina el cierre del Parlamento, las opciones para que la oposición actúe se reducen. El Parlamento está atado de pies y manos y sólo tiene unos días actividad: el 3 de septiembre los diputados vuelven al trabajo y el día 10 la suspensión entra en vigor. Estas son las opciones para evitar el jaque de Boris Johnson al Parlamento:
Moción de censura
Jeremy Corbyn lleva todo el verano fantaseando con deponer al primer ministro y ponerse al frente de un Gobierno de salvación que retrasaría el brexit y convocaría nuevas elecciones. La aritmética no le sonreía pero ahora, tras el "golpe" de Boris Johnson, todo podría cambiar. Diputados conservadores están empezando a ver esta opción como una salida, aunque casi ninguno parece dispuesto a asumir que el líder laborista se convirtiera en primer ministro en esta carambola. "Sería un tiro en el pie", admiten fuentes tories al diario The Times.
Si esta vía prospera, se abriría un período de 14 días para formar un nuevo Ejecutivo. La legislación británica prevé que si no hay acuerdo se convocarían de forma automática elecciones anticipadas.
Batalla judicial
El escaso margen de tiempo que el cierre del Parlamento deja a los políticos abre paso a las conjeturas sobre una decisión judicial contra Boris Johnson. El catedrático de Derecho Constitucional Eduardo Vírgala cree que "los tribunales pueden entender que la decisión del primer ministro es una convención constitucional". El High Court sería el tribunal competente para estudiar un posible recurso sobre este asunto. Vírgala cree que los jueces podrían actuar si consideran que "el Parlamento esté impedido de buscar una salida". La base jurídica sería la presunta mala fe mostrada al clausurar el Parlamento para acallar la voz de los diputados y saltarse su soberanía.