Irán se ha sumido en el caos. Más de 100 personas han muerto en 21 ciudades distintas de Irán durante las protestas que empezaron la semana pasada por la subida del precio de los combustibles. Los datos son de Amnistia Internacional y la organización avisa que el número podría llegar a los 200.

Desde este fin de semana, Irán ha cortado el acceso a Internet para impedir que los ciudadanos difundan las imágenes de las protestas. Sin embargo, se han publicado varios vídeos saltándose el bloqueo de Internet muestran que las protestas contra el régimen continuaron durante la noche del lunes en varias ciudades iraníes a pesar de la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en las calles. 

"Grabaciones de vídeo verificadas, testimonios de testigos e información recopilada por activistas fuera de Irán revelan un patrón desgarrador de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad iraníes", ha manifestado AI.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a manifestantes quemando retratos de altos cargos del régimen y reclamando la dimisión de las autoridades, además de enfrentamientos entre manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad.

El aumento del precio de la gasolina de 10.000 a 15.000 riales (de 7,5 a 11 céntimos de euro) por litro fue el detonante. Decenas de miles de iraníes han salido a la calle desde el viernes para protestar por la subida del precio de combustible pero también por la grave situación económica que vive Irán.

Desde la retirada de EEUU del acuerdo nuclear y las consecuentes sanciones económicas impuestas a Irán, el PIB ha caído un 10%, los precios de los productos importados se han cuadriplicado y los ingresos de la clase media se han reducido a la mitad. 

El Gobierno iraní argumenta que la decisión tiene por objetivo ayudar a la población más pobre del país. El plan es utilizar las ganancias de la subida de precios del combustible para aumentar los subsidios que reciben 60 millones de iraníes. La medida conseguiría también bajar el consumo de gasolina, uno de los más altos del mundo. 

Sin embargo, los argumentos del Gobierno no han convencido a la población que considera como una especie de derecho disponer de combustible a precio irrisorio debido a las grandes reservas petroleras del país, así como por la falta de una red de transporte público adecuada que permita los desplazamientos. Decenas de sucursales de bancos, estaciones de servicio, almacenes e incluso estaciones de policía han sido atacadas y quemadas. 

A raíz de todo esto, tanto Jameneí como otros responsables del país han acusado a "grupos contrarrevolucionarios" en el extranjero y a países como Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel de instigar los disturbios con el objetivo de desestabilizar el país.

"Todos los centros de la maldad en el mundo que se nos oponen han alentado estas protestas. Esto incluye desde la siniestra y malvada familia Pahlaví hasta el grupo criminal Muyahedin Jalq", denunció Jameneí el pasado domingo.

Jameneí se refirió así a los descendientes y seguidores en el exilio del último Shá de Irán, Mohamad Reza Pahlaví, y a una organización opositora con sede en Francia a la que Teherán considera grupo terrorista.

La gasolina que incendia el mundo

La subida del precio de la gasolina o de los transportes es un detonante frecuente para las protestas sociales. Las protestas de Chile empezaron por la subida del transporte público. Lo que empezó siendo un llamado de los universitarios chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se ha convertido en la mayor convulsión social desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990.

Más de 1,2 millones de personas tomaron las calles de Santiago el 25 de octubre para clamar contra el desigual modelo económico del país, pese a que Piñera había pedido perdón por su "falta de visión" y había anunciado días atrás un tibio paquete de medidas sociales, que incluía el aumento del salario mínimo o la reducción del sueldo de los parlamentarios.

Después de varios días de protestas, los parlamentarios acordaron la madrugada del 15 de noviembre la convocatoria de un referendo en abril de 2020 para preguntarle a la ciudadanía si quiere un nuevo texto constitucional y qué tipo de órgano debería redactarlo, algo que el presidente, Sebastián Piñera, había rechazado al comienzo de la crisis y que tampoco ha conseguido calmar los ánimos en las calles.

Dos semanas antes, Ecuador vivía su rebelión social. Comenzó después de que el gobierno de ese país llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por más de 4.200 millones de dólares a cambio de una reducción del déficit fiscal.  Para lograrlo, Lenín Moreno anunció un "plan de austeridad" que, entre otras medidas, incluyó la eliminación de los subsidios a los combustibles en Ecuador desde hace cuatro décadas.

Las protestas las iniciaron los transportistas pero fueron los indígenas quienes finalmente protagonizaron las manifestaciones masivas del país. Lenín Moreno decretó estado de excepción por 60 días poco después de iniciarse el movimiento, el jueves 3 de octubre. Con esto, se desplegaron las Fuerzas Armadas por las ciudades ecuatorianas, se establecieron zonas de seguridad y se incrementó la presencia policial.

Pero las protestas en Ecuador se detuvieron inmediatamente después de que se estableciera una mesa de diálogo entre gobierno y líderes indígenas, el 13 de octubre. Ese día se acordó la derogación del decreto y con ello se acabaron las manifestaciones y la calma volvió al país.