Las polémicos comicios que tienen lugar este jueves servirán para reemplazar al dimitido presidente Abdelaziz Buteflika. Miles de argelinos han inundado en los últimos días las calles y plazas para denunciar lo que consideran una farsa orquestada por el régimen militar para tapar un golpe de Estado y perpetuarse en el poder.
Al grito de "estas elecciones son mentira" y "no participaremos hasta que caiga el régimen militar", ciudadanos de todas las edades desafiaron el imponente despliegue policial, que incluyó decenas de vehículos antisdisturbios y varios helicópteros.
Más de un millar de policías con porras y escudos, gendarmes y agentes de los servicios secretos infiltrados entre los congregados impidieron que la marcha saliera del recorrido asignado y entrara en la plaza de la Grand Poste, símbolo de una protesta que estalló hace diez meses.
Revuelta popular
"Creen que pueden con nosotros, pero no saben lo que el pueblo de Argelia está dispuesto a resistir. El jueves no votaremos porque todo esto no es más que una mentira de un régimen corrupto que nos roba", dijo Salah, un estudiante de la universidad central de Argel.
A su lado, sus compañeros portaban pancartas en las que se podía leer que el "verdadero poder pertenece al pueblo" y tarjetas rojas con el adverbio "no" escrito en árabe y la palabra "voto" en lengua francesa.
"Lo que está ocurriendo en Argelia es en realidad un golpe de Estado. Es el mismo régimen, los mismos ministros, la misma gente que con Bouteflika", explicaba, por su parte, Ali, funcionario público.
"Simplemente están ajustando cuantas entre ellos y creen que así nos pueden engañar. Queremos un verdadero Estado civil y no uno militar" como el que domina Argelia desde la independencia de Francia en 1962, dijo.
Condena histórica
Las manifestaciones, que comenzaron el pasado 22 de febrero para protestar contra la decisión del entonces presidente Abdelaziz Bouteflika de presentarse a un quinto mandato consecutivo, coincidieron con el anuncio de una pena de cárcel histórica para dos exprimeros ministros argelinos.
Un tribunal de Argel condenó a 15 años y doce años de prisión, respectivamente, a Ahmed Ouyahia, líder del gobierno en cuatro ocasiones y jefe de gabinete del mandatario, y a uno de sus sucesores, Abdelmalek Sellal.
Junto a ellos fue sentenciado a 20 años de cárcel el antiguo ministro de Industria Abdeslam Bouchoureb, juzgado en ausencia al hallarse huido de la justicia, y sus colegas Mahdjoub Bedda y Youcef Yousfi, a los que se les impuso diez años de cárcel.
La misma sentencia fue dictada para el exministro de Transporte y director de campaña de Bouteflika, Abdelghani Zaâlane, mientras que la exgobernadora de la ciudad de Blida (próxima a la capital) Yamina Zerhouni recibió cinco años de cárcel.
En el juicio también fueron condenados los empresarios Ali Haddad -siete años de prisión-, Hassan Arbaoui -seis años de cárcel- y Mohamed Bairi, tres años, los mismos que Farés Sellal, hijo del exprimer ministro.
Campaña de manos limpias
Las penas suponen una reducción de alrededor de cinco años respecto a la petición de la Fiscalía del Estado, que en el caso de los dos exprimeros ministros había solicitado condenas a 20 años de presidio.
Según el juez, está probado que los acusados se beneficiaron de una red corrupta y desviaron fondos ilícitos para financiar la campaña de Bouteflika, quien se vio obligado a renunciar al poder a finales del pasado marzo forzado por la protesta en la calle y la presión del jefe del Ejército y nuevo hombre fuerte del país, Ahmed Gaïd Salah.
Tras la renuncia el general -al que designó el propio mandatario en 2004- impulsó una campaña de "manos limpias" que ha llevado a la cárcel a decenas de políticos, oficiales de alto rango, empresarios y periodistas considerados miembros del "clan Bouteflika".
Entre ellos el propio hermano del presidente, Said, al que se consideraba el poder en la sombra, y el general Mohamad Mediane alias "Tawfik", que fue durante 25 jefe de los servicios secretos y posible sucesor.
Presunta maniobra electoral
Said y Tawfik fueron condenados a finales de septiembre a 15 años de cárcel en un juicio rápido de cuyas garantías se duda por un delito de conspiración, al igual que el número dos de los servicios de Inteligencia, general Ahmed Tartag, y la presidenta del partido de los Trabajadores, Louise Hanoun.
Ouyahia, por su parte, fue detenido hace casi seis meses, poco después de que Gaïd Salah aumentara la crisis al pedir la inhabilitación del dignatario.
Este martes los manifestantes volvieron a pedir la caída de Gaïd Salah y de todo el gobierno, liderado por el que fuera ministro de Interior de Bouteflika, Nouredin Bedaui, a los que acusan de maniobrar para amañar unas elecciones que deberían haberse celebrado el pasado 4 de julio