Un juzgado decretó prisión preventiva para seis policías chilenos acusados de torturar y agredir sexualmente en una comisaría a un manifestante durante el toque de queda que se impuso en el país durante los primeros días del estallido social.
El autónomo y querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó en sus redes sociales de que el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para los carabineros (nombre de la Policía chilena) "por constituir un grave peligro para la sociedad".
Los seis agentes fueron imputados por un delito de torturas, dos de los cuales fueron además acusados por abuso sexual agravado, indicó la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 21 de octubre, tres días después de que estallase la mayor crisis de la actual democracia chilena, cuando el estudiante de medicina Josué Maureira fue detenido en pleno toque de queda frente a un supermercado que estaba siendo saqueado.
Según relató el joven ante la Fiscalía, fue apaleado hasta quedar inconsciente y trasladado a la comisaria del municipio de Pedro Aguirre Cerda, situado en la capital y uno de las que más denuncias ha acumulado desde el inicio de la crisis.
Una vez allí, Maureira explicó que fue nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, vejado por su orientación sexual y por llevar las uñas pintadas de rojo, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los agentes.
El cuerpo policial está en el punto de mira por su presunta brutalidad en la dispersión de las protestas y ha sido acusado de haber cometido graves violaciones de derechos humanos por diversos organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW).
El INDH ha interpuesto desde el inicio de las revueltas un total de 943 denuncias contra agentes del Estado, de las cuales cinco son por homicidio, 750 por torturas y tratos crueles y 134 por violencia sexual (desnudamientos, tocamientos y cuatro violaciones).
Otro juzgado decretó el jueves prisión preventiva para otros cinco agentes por torturas a un manifestante en la céntrica Plaza Ñuñoa también durante el toque de queda.
El presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, ha reconocido abusos puntuales pero ha negado una política sistematizada para atacar a los manifestantes y se ha comprometido a investigar los hechos.
24 muertos
Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo, que ha dejado al menos 24 muertos y episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.
Aunque las manifestaciones han perdido fuerza, sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a las medidas sociales del Gobierno y al plebiscito del próximo mes de abril para decidir si se cambia la Constitución, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y señalada por ser el origen de las grandes desigualdades del país.