Birmania reconoce crímenes de guerra contra la minoría rohinyá

Una comisión creada a instancias del Gobierno birmano reconoció este lunes que la minoría musulmana rohinyá fue víctima de "crímenes de guerra" en 2017, pero negó que hubiera una "intención genocida" como apuntan investigadores de la ONU.

Las conclusiones de la comisión han sido recibidas con escepticismo por activistas de organizaciones como Amnistía Internacional, que han cuestionado su imparcialidad y pedido la publicación del informe final con la metodología usada para su elaboración.

En un comunicado, la Comisión Independiente de Investigación (ICOE, en sus siglas en inglés) anunció el final de su investigación de los ataques de un grupo insurgente rohinyá y la respuesta del Ejército birmano entre agosto y septiembre de 2017 y la entrega de un informe final al presidente birmano, Win Myint.

Tras la entrevista a unos 1.500 testigos, el grupo de expertos afirmó que se produjeron "crímenes de guerra" y "serias violaciones de los derechos humanos" durante la campaña de las fuerzas de seguridad birmanas en el estado Rakáin (oeste).

"Aunque estas violaciones y crímenes serios fueron cometidos por diferentes actores, hay fundamentos razonables para creer que miembros de las fuerzas de seguridad birmanas estuvieron involucradas", precisó la comisión, creada en julio de 2018.

"La matanza de aldeanos inocentes y la destrucción de sus hogares fueron cometidas por algunos miembros de las fuerzas armadas de Birmania a través del uso desproporcionado de la fuerza durante el conflicto armado interno", añadió.

Sin embargo, los autores precisan que no encontraron pruebas que demuestren que las matanzas o desplazamientos de personas tuvieran la intención de destruir, en su totalidad o parcialmente a la comunidad musulmana o cualquier otra en el norte de Rakhine, por lo que desestimó la acusación de genocidio.

La ICAO no confirmó cuándo se hará público el informe, que consta de 416 páginas, incluidos una docena de anexos para que sean investigados por la justicia birmana.

La comisión está presidida por la diplomática filipina Rosario Manalo, así como el expresidente del Tribunal Constitucional birmano Mya Thein, el diplomático japonés Kenzo Oshima y el profesor birmano y antiguo responsable de Unicef Aung Tun Thet.

Birmania (Myanmar) no reconoce a los rohinyás como ciudadanos sino que los considera inmigrantes "bengalíes" y los somete a todo tipo de discriminaciones, incluidas restricciones a la libertad de movimientos.

Se calcula que vivían en Rakáin algo más de un millón de rohinyás, pero más de 725.000 se exiliaron a la vecina Bangladesh tras las operaciones militares de 2017 en respuesta a los ataques del grupo insurgente Ejército Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y fronterizos.

Investigadores de la ONU han acusado de genocidio a los militares birmanos en una campaña de asesinatos, torturas, quema de casas y violaciones de mujeres y niños.

Como consecuencia de aquellas operaciones, Gambia acusó a Birmania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de violar la Convención contra el Genocidio y la líder de facto birmana y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, encabezó la defensa el pasado noviembre.

Está previsto que la CIJ anuncie esta semana si aprueba el establecimiento de medidas cautelares en Birmania para proteger a los rohinyás.