Leopoldo López Gil, eurodiputado del PP y portavoz de derechos humanos del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, ha reclamado que Josep Borrell, Alto representante para la Política Exterior y la Seguridad Común de la Unión Europea, lidere a la comunidad internacional y condene la masacre de los funcionarios chavistas en el centro penitenciario de Los Llanos (Venezuela) para reprimir un motín de los internos el pasado 1 de mayo.
El también líder opositor de la democracia venezolana ha pedido al máximo representante de la diplomacia europea que solicite “una investigación imparcial inmediata y fehaciente para que los responsables sean puestos a la orden de la justicia y respondan por sus inhumanos actos”.
López Gil ha enviado una carta a Borrell en la que señala las "evidencias" de que la protesta de los reos -en cuya represión fueron asesinados medio centenar de ellos y más de 75 resultaron heridos- se debió a la "prohibición de recibir alimentos del exterior" del centro penitenciario, y "no por un intento de fuga", como han argumentado las autoridades penitenciarias.
El eurodiputado ha enviado también a Borrell un informe del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de Venezuela, Humberto Prado -al que ha tenido acceso este periódico- en el cual queda documentado que el origen del motín fue esa prohibición.
En este sentido, López Gil ha recordado en su carta a Borrell que los reclusos de Los Llanos “dependen de agua y alimentos que le suministran sus familias, ya que los centros penitenciarios de Venezuela no proveen insumos ni medicinas básicas a los reos”. Sin embargo, alegando medidas sanitarias provocadas por la pandemia del coronavirus las autoridades han limitado las visitas de sus familiares a los presos.
“Este marco factual indica que no se produjo fuga alguna sino un motín previsible por las circunstancias a las que son sometidos los reclusos, sumadas al hacinamiento en las cárceles venezolanas”, subraya el eurodiputado. López Gil, hijo del líder opositor Leopoldo López -perseguido por el régimen de Nicolás Maduro-, que también ha recordado que las recomendaciones de Naciones Unidas establecen como inaceptable contener un motín recurriendo a la fuerza o realizando ejecuciones extrajudiciales.