AMLO se saca de la chistera una consulta para enjuiciar a expresidentes y tapar sus trapos sucios

El último fin de semana de agosto, en varios puntos de Ciudad de México, en otras ciudades del país e incluso en Estados Unidos, simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), comenzaron su camino para juntar dos millones de firmas de votantes antes del 15 de septiembre. Azuzados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los dirigentes del partido en el poder, buscan que se convoque una consulta legal y popular con la siguiente pregunta:

"¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?".

Aunque la pregunta suene abierta, los puestos donde se recogen las firmas y la web que la promociona están decorados con las mismas caras: Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón (2006-2012), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006). Lo que López Obrador llama el periodo neoliberal de México y al que culpa de todos los problemas que tiene México.

Aunque López Obrador ha dicho que él votaría en contra en caso de que llegase a celebrarse, él es el principal ideólogo e impulsor de este nuevo símbolo con el que busca desviar la atención de las crisis de México. La de salud de México, que ya roza los 70.000 muertos por coronavirus; la económica, con una caída del 9% del PIB y nueve millones de nuevos pobres este 2020, y la de seguridad, con unas estadísticas altísimas en delitos que no bajan; además de crear su plataforma política de cara a las elecciones intermedias de junio de 2021, en las que se renueva el Congreso mexicano.

"Entre otras cosas, la consulta es una cortina de humo, un distractor", argumenta Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research de Nueva York y profesor del Tecnológico de Monterrey, "López Obrador gobierna con símbolos, como el avión presidencial, que ya está desgastado, y entonces busca símbolos nuevos, ya que le permiten controlar la agenda, acallar otros temas y llevar las discusiones a donde él quiere".

"También lo hace fundamentalmente para ubicar un tema en el contexto de la elección del año que entra, ya que éstas tienen una lógica local. El presidente no quiere perder la mayoría que tiene en el Congreso y sus candidatos, en las anteriores elecciones, se beneficiaron de su figura, entonces busca meter su imagen para que voten por él, no por sus candidatos", razona López.

El sistema político mexicano es bicameral, con un Senado y una Cámara de Diputados. El 6 de junio de 2012 se renuevan completamente dicha Cámara, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos y juntas municipales. López Obrador, que sigue teniendo fuerte tirón popular, impulsó hace tres años que se lograse una mayoría y ahora busca revalidarla.

Una muestra de la prioridad que supone para López Obrador esta consulta se puede observar en los diversos y frecuentes exhortos que ha hecho para su celebración. La última este mismo miércoles, cuando avisó al Instituto Nacional Electoral (INE) de que se preparase para organizarla, ya que en caso de que no se llegue a las firmas necesarias, él mismo pedirá que se realice.

Su anterior símbolo político fue la denuncia de Emilio Lozoya, ex director de la petrolera estatal Pemex, sobre los sobornos de la brasileña Odebrecht al entorno del ex presidente Enrique Peña Nieto del partido Revolucionario Institucional y la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) con conocimiento de la bestia negra de López Obrador, Felipe Calderón. Esta denuncia fue filtrada desde entornos gubernamentales a todos los medios de comunicación mexicanos el mismo día a la misma hora y se complementaba con un vídeo donde se veía al ayudante principal de un senador del PAN recibiendo una obscenidad de dinero en una enorme bolsa de deporte, supuestamente para que su representado votara a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto.

Pero esta narrativa se desmontó el 21 de agosto, cuando se publicaron dos vídeos y un audio en los que se veía cómo su hermano y uno de sus operadores políticos, Pío López Obrador, recibía dinero en sobres color manila y bolsas de papel de un subordinado del gobernador de Chiapas para financiar a Morena y lo anotaba en una libreta terriblemente voluminosa que apodaba 'La Biblia'. De las conversaciones se infiere que eran entregas mensuales, que se dilataron al menos un par de años, que sirvieron para financiar al partido de López Obrador y que este lo sabía. Ese subordinado, David León, acabó recibiendo altos puestos políticos en la Administración.

López Obrador, que no se cansa de atacar la corrupción de los sexenios anteriores, contestó que eso eran aportaciones de la gente para su partido político. Lo cierto es que las cantidades no son comparables, siendo unas millones de dólares y otras millones de pesos, pero según las leyes mexicanas es un delito electoral ya que no fueron declaradas, además de toda la parafernalia de sospecha que rodea recibir sobres de dinero en cafeterías.

"Lo de Lozoya desapareció después de los vídeos de su hermano ya que no sería congruente", dice el politólogo López Montiel. Hacía falta un nuevo símbolo. Y el 24 de agosto, cuando los medios seguían analizando los vídeos y sus paralelismos, López Obrador sacó de la chistera la consulta sobre enjuiciar a los expresidentes.



Un aspecto que han cuestionado muchos analistas y abogados es la legalidad de la consulta. ¿Hasta qué punto no es un linchamiento y vulnera el derecho a la presunción de inocencia? José Woldenberg, que ha defendido en ocasiones a López Obrador y es exconsejero del Instituto Nacional Electoral, publicaba en una columna que ya existen instituciones de justicia como los tribunales y las fiscalías y que esta consulta tiene más de campaña publicitaria y circo romano, con su pulgar arriba o pulgar abajo, que de una rendición de cuentas.

El politólogo López Montiel está seguro de que la Suprema Corte de Justicia, equivalente al Tribunal Supremo o al Constitucional español y que debe aprobar la pregunta de la consulta, la rechazará por vulnerar los derechos fundamentales.

"Pero en cualquier escenario, el presidente hará la consulta aunque sea sin validez legal, de cualquier manera, ya que quiere estar presente en la elección y sabe que hay una gran animadversión a los expresidentes", concluye. Una encuesta reciente decía que el 90% de los mexicanos querían verlos ante los tribunales, pero que una mayoría da permiso para que puedan violarse los procesos legales.