La negociación para diseñar la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea (UE) llega a partir del martes a la octava ronda oficial de contactos sin perspectivas de avances relevantes en los principales obstáculos que la bloquean, especialmente la pesca y los subsidios estatales.
El primer ministro británico, Boris Johnson, prioriza la libertad reguladora de Londres tras el brexit, en lugar de apostar por mantener una relación lo más cercana posible a la UE desde fuera del mercado único, como aspiraba su antecesora, Theresa May.
Esa hoja de ruta ha enturbiado el diálogo entre ambos lados del canal de la Mancha y amenaza con precipitar una ruptura sin acuerdo a final de año, que tendría profundas implicaciones en ámbitos como el comercio, los servicios financieros, el transporte y la cooperación en seguridad. Estos son los principales obstáculos en la negociación:
Subsidios estatales
Las leyes sobre rescates y ayudas a empresas han cobrado especial relevancia ante la recesión provocada por el coronavirus, y en Bruselas preocupa especialmente que las firmas británicas operen con ventaja en tiempos de crisis.
La UE exige al Reino Unido que mantenga una "alineación dinámica" con las leyes comunitarias sobre subsidios, lo que en la práctica implica que el Gobierno británico debería cumplir las futuras normas que apruebe Bruselas en ese ámbito, aunque no tendría voz ni voto a la hora de diseñarlas.
El negociador británico, David Frost, junto al comunitario, el francés Michel Barnier, en una reunión en marzo en Bruselas.
Los 27 socios comunitarios esperan además que los magistrados británicos remitan cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando surjan disputas en ese ámbito.
Londres rechaza ambas posibilidades, que a sus ojos menoscabarían la autonomía del Reino Unido como país independiente y limitarían su capacidad para rescatar compañías o sectores en problemas.
Propone, en cambio, que ambas partes se informen mutuamente cada dos años sobre los subsidios estatales que han aprobado en ese periodo. En caso de disputa, ambos lados deberían comprometerse a estudiar las demandas que presenten los socios del otro lado del canal, si bien no se establecería un mecanismo formal para dirimir conflictos.
Pesca
La industria pesquera representa en torno al 0,1% del PIB del Reino Unido, pero su peso político es mucho mayor.
La percepción de que los pescadores británicos se han visto perjudicados en las últimas décadas por los arreglos comunitarios fue uno de los argumentos que los partidarios del brexit abanderaron antes del referéndum de 2016, y Johnson quiere cumplir con las promesas que hizo en aquella campaña.
Es además una de las principales cartas negociadoras del Reino Unido, porque la UE quiere evitar a toda costa abrir un nuevo reparto de cuotas que llevaría a choques entre países comunitarios. Londres exige negociar cada año el acceso mutuo a las aguas, la cantidad total de pesca permitida y las cuotas que se asignan a cada Estado.
La Unión Europea, en cambio, propone que los dos lados continúen garantizando el acceso recíproco permanente a sus aguas y mantener intactas las actuales cuotas. Se negociaría anualmente, en cambio, la cantidad de capturas totales permitidas durante la siguiente temporada.
Competencia
Las normas de competencia, como los subsidios estatales, están incluidas en un paquete que en el argot de las negociaciones se conoce como "Level playing field" ("Campo de juego en igualdad de condiciones", en inglés).
Bruselas quiere que los tribunales británicos apliquen un conjunto de normas sobre competencia que serían análogas a las comunitarias, un modelo que iría en línea con el que aplican los países del Espacio Económico Europeo (EEE).
Londres en cambio, apuesta por acordar unas reglas a medida para evitar conductas contrarias a la competencia y mantener la colaboración en ese terreno, pero sin replicar la legislación comunitaria ni establecer un mecanismo de resolución de disputas.
Mercado laboral
Los 27 socios comunitarios piden al Reino Unido que se comprometa a no rebajar en el futuro el nivel de protección de los trabajadores vigente en la UE al término del periodo de transición, el próximo 31 de diciembre.
Londres, sin embargo, prefiere limitar el compromiso a una declaración que garantice estándares laborales elevados y aplicar las indicaciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de las Naciones Unidas.
Medioambiente
De manera análoga, la UE no quiere que el Reino Unido debilite el nivel de protección medioambiental actual, un ámbito que incluye los estándares alimentarios.
Londres pretende que ambas partes se comprometan a no rebajar los estándares con el objetivo de atraer comercio o inversiones, y aspira a crear un mecanismo de resolución de disputas cuyas decisiones serían vinculantes, aunque no tendría poder para ejecutarlas ni imponer sanciones.
Los compromisos que adquiera Londres con Bruselas en este terreno, como en muchos otros, pueden afectar a su capacidad negociadora de acuerdos de libre comercio con terceros países, como Estados Unidos y Australia.
Con todo, el Gobierno británico maneja una ambiciosa agenda medioambiental en campos como las medidas contra las emisiones contaminantes y la protección de la biodiversidad, y ha sugerido la posibilidad de elevar los estándares europeos en ciertos ámbitos medioambientales.
Seguridad
El Reino Unido busca un acuerdo que facilite la cooperación con la UE tanto en el acceso a bases de datos como a nivel operacional, a través de la colaboración con agencias como Europol.
Entre otros aspectos, Londres demanda acceso al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), una base que por ahora no utiliza ningún país externo al bloque.
Bruselas ha mostrado serias reticencias a que Estados ajenos al espacio Schengen y la UE tengan entrada a ciertas bases de datos, y prevé tomar decisiones caso por caso para cada área de información. Exige además al Reino Unido reciprocidad en ese campo.
También vincula la profundidad de la cooperación en seguridad a la voluntad del Reino Unido de aplicar ciertas partes de la Convención Europea de Derechos Humanos.
En la negociación sobre seguridad, que también incluye la defensa, el Reino Unido tiene diversas cartas para poner sobre la mesa. Entre otras, puede utilizar a su favor el hecho de ser la única potencia nuclear de Europa junto con Francia, así como sus estrechos vínculos en defensa e inteligencia con Estados Unidos.