En varias ocasiones se ha escuchado decir al expresidente Uribe que ha gobernado pero no ha tenido poder en la Justicia ni en los órganos de control.

Nunca como senador pasó por oficinas de magistrados a buscar que nombraran un amigo o a intrigar por una decisión. Uribe llegó a la Presidencia de Colombia, según sus palabras, con respeto reverencial a las altas cortes, producto de su formación en la Universidad de Antioquia. El enfrentamiento con algunos magistrados de la Corte Suprema mostró un giro radical de aquella postura anterior. Magistrados como Gómez Quintero no aceptaron su tesis de dar el mismo tratamiento a guerrilleros y a paramilitares, en lugar de una discusión razonable lo acusaron de irrespetar a la Corte, no obstante, que como responsable del orden público, de la Ley de Justicia, Paz y Reparación, tenía la obligación de opinar sobre el tema.

Algunos magistrados, para tapar viajes con compañías no aconsejables y regalos sospechosos, desataron contra el Gobierno Uribe la más radical persecución. Una magistrada lo acusaba de querer asesinarla. Otros afirmaron que a los funcionarios del Gobierno Uribe había que condenarlos porque el tema era político... así lo registró un periódico nacional, que publicó la transcripción de una grabación. Obligaron al presidente a cambiar la terna para fiscal general y nunca eligieron.

Uno de los líderes de ese grupo de magistrados fue Leonidas Bustos, hoy prófugo por acusaciones de delitos del Cartel de la Toga. Y en la cadena siguió el magistrado Barceló, quien urdió la manera de ponerlo preso, en un proceso secreto frente al acusado, pero comunicado con fruición a personas de medios de comunicación y de la política, y en plena campaña de 2018.

Lo que sigue con el magistrado Reyes apenas empieza, el contrato con Juan Manuel Santos para el proceso de paz, del cual Cepeda era parte y Uribe antagonista, la venta de las acciones de la empresa jurídica a su hija de 19 años, beneficiaria de su seguridad social, pocos días antes de posesionarse en la Corte y el nombramiento como magistrado auxiliar de su socio en la oficina jurídica.

Muchos podemos concluir que Uribe es "fascista" por defender la democracia y las libertades, "fascista" en la rabia de sus críticos, que deberían examinar sus razones

El magistrado Reyes nombró en su despacho de la Corte a quien había sido su interventora en el contrato con Santos, a través de la oficina del Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, para revisar a los integrantes de las FARC que entrarían al proceso de La Habana. La señora se llama Elsa Margarita Galeras, y ya en la Corte tuvo participación en el proceso contra Uribe y Prada. Durante los diálogos de La Habana viajó con delegaciones de mujeres. También lo hizo la doctora Pilar Rueda, actualmente en la JEP (Justicia Especial para la Paz), esposa de Cepeda y quien fuera compañera laboral del magistrado Reyes.

Y Reyes nada comunicó, especialista en recusar para quedarse con todos los procesos contra Uribe y en pasar en orondo silencio sobre sus probables conflictos de interés.

El expresidente Uribe ha sido respetuoso de los fiscales, menos de Montealegre. Como gobernador, coincidió con el período de Alfonso Valdivieso. Después vinieron otros, ninguno de sus toldas políticas, incluidos dos en propiedad y uno encargado durante su gobierno.

El expresidente Uribe tampoco ha tenido ni buscado poderes en procuradurías o contralorías.

Muchos de quienes hemos seguido su trayectoria podemos concluir que Uribe es "fascista" por defender la democracia y el futuro de las libertades, "fascista" en la rabia de algunos de sus críticos, que deberían examinar sus razones, o tal vez su nostalgia porque no escrituró el consulado de Barcelona.

***Pedro Santos es analista experto en política colombiana.