Un tribunal de Camboya inició este jueves el primero de una serie de macrojuicios contra más de 150 políticos y activistas vinculados al principal partido opositor, ilegalizado en 2017, y visto como el golpe definitivo para "eliminar la última voz de la disidencia".

Durante este primer proceso se juzga a 61 personas, entre ellas el cofundador del Partido Nacional para el Rescate de Camboya (CNRP), Sam Rainsy, quien se encuentra exiliado en Francia, y la vicepresidenta, Mu Sochua, actualmente en Malasia, por cargos de "conspiración" o "incitar a la violencia", entre otros delitos.

Decenas de policías custodiaban esta mañana el tribunal municipal de Nom Pen, a donde se acercaron familiares de algunos de los detenidos, quienes fueron transportados en camiones policiales desde el penal donde permanecen en prisión preventiva.

A la vista de hoy, que duró alrededor de tres horas y media, solo acudieron 11 de los 61 procesados, muchos de los cuales están en el exilio y que serán juzgados en rebeldía sin que las autoridades les permitan volver al país.

El primer día de juicio se limitó a la declaración de dos de los acusados, si bien el segundo no terminó de testificar antes de que el juez emplazara a continuar con el proceso el 28 de enero, informó la directora del Centro para los Derechos Humanos en Camboya, Sopheap Chak.

Ilegalización de la oposición

En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo ilegalizó al Partido Nacional para el Rescate de Camboya e inhabilitó a más de un centenar de sus dirigentes por supuestamente conspirar para derrocar al Gobierno, acusación rechazada por la formación opositora.

La ilegalización de la oposición produjo una ofensiva contra la prensa independiente, que llevó al cierre del diario Cambodia Daily y de varias emisoras de radio, y a la expulsión de una ONG estadounidense dedicada a la promoción de la democracia.

Esta campaña se emprendió meses después de que el gubernamental Partido Popular de Camboya perdiera posiciones en las elecciones municipales y antes de las elecciones generales de 2018, en las que el partido de Hun Sen se hizo con todos los diputados del Legislativo ante la ausencia de oposición.

Acallar la disidencia

El macrojuicio contra los militantes de la ilegalizada oposición ha desatado numerosas críticas, entre ellas la del embajador de los Estados Unidos en Nom Pen, Patrick Murphy, quien se mostró "seriamente preocupado por la falta de debido proceso", el principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona, e instó a las autoridades a "garantizar el derecho de expresión pacífica".

Por su parte, Kasit Piromya, del grupo Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos y exministro tailandés de Exterior (2009-2011), denunció en un comunicado el uso de la Justicia para acallar hasta el último rescoldo de la disidencia política.

"Después de años de consolidar el país como un estado de partido único, el número sin precedentes de miembros y activistas del CNRP en juicio muestra cómo el régimen gobernante en Camboya no se detendrá hasta eliminar a la última voz de la disidencia política".

"¿Cómo puede ser delito el mero hecho de asociarse o apoyar a un partido político? Un sistema político multipartidista es crucial en cualquier sociedad democrática para garantizar una supervisión adecuada al gobierno", remarca Kasit.

Acusados en el exilio

Desde el exilio, Mu Sochua, una de las acusadas que pretende volver este domingo a Camboya a pesar de no contar con el permiso del Gobierno, se lamentó hoy del profundo daño hecho contra la democracia en su país.

"La disolución ilegal de una vibrante oposición, elecciones falsas en 2018, corromper el sistema judicial, un estado de partido único. ¿Cuánto queda de democracia?", escribió en Twitter.

Según Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, el primer ministro camboyano utiliza el cierre de fronteras decretado para contener la pandemia de la covid-19 como excusa para bloquear el regreso de los opositores.

"El hecho de que a los políticos de la oposición se les haya negado la entrada a Camboya para defenderse de las acusaciones en su contra revela lo cínicos que son estos juicios", advierte Yamini Mishra, directora para Asia-Pacífico de Amnistía Internacional.

Por su parte, la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en Camboya, Rhona Smith, instó al gobierno de Camboya a respetar "el derecho a un juicio justo de estas personas (...) y les facilite el regreso para defenderse en los tribunales".