El golpe de Estado en Birmania ha despertado viejas tensiones mundiales. Estados Unidos se ha apresurado a condenar el golpe, amenazando con "tomar medidas contra los responsables" mientras China abogó por "solventar las diferencias dentro del marco legal y constitucional"  en una división predecible del mundo.

Tony Blinken, el secretario de Estado de EEUU, que enfrenta su primera gran crisis desde que asumió el cargo la semana pasada, expresó la "grave preocupación y alarma" del país sobre los hechos ocurridos en Birmania. 

"Pedimos a los líderes militares birmanos que liberen a todos los funcionarios del Gobierno y líderes de la sociedad civil y que respeten la voluntad del pueblo de Birmania expresada en las elecciones democráticas del 8 de noviembre. EEUU apoya al pueblo de Birmania en sus aspiraciones de democracia, libertad, paz y desarrollo. Los militares deben revertir estas acciones inmediatamente", aseveró el alto diplomático estadounidense.

También la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, mostró su preocupación, advirtiendo de que el país tomaría medidas en contra de os responsables. "EEUU se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones o de impedir la transición democrática en Birmania, y tomará medidas contra los responsables si estos pasos no se revierten", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado citado por Reuters.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China se limitó a expresar el deseo de que la situación creada por el golpe de Estado militar en Birmania se resuelva "dentro del marco constitucional y legal".

"Esperamos que todas las partes gestionen sus diferencias dentro del marco legal y constitucional, y mantengan la estabilidad política y social", expresó hoy el portavoz de la cancillería Wang Wenbin durante la rueda de prensa diaria.

Un experto citado por el diario estatal Global Times indicó que "China ha mantenido buenas relaciones tanto con el Gobierno como con el Ejército" birmanos, por lo que espera que ambas partes "lleguen a un acuerdo" que sirva para salvaguardar la paz y la estabilidad.

La misma fuente apuntó que "las acciones de los militares pueden entenderse como un ajuste de la disfuncional estructura de poder del país", que desde 2011 había iniciado una transición controlada hacia la democracia tras décadas de dictadura militar.

El portavoz de asuntos exteriores de China se negó a aclarar si China, que tiene importantes intereses de petróleo y gas en Birmania, había percibido algún tipo de movimentaciones cuando el ministro de Relaciones Exteriores chino se reunió con el jefe militar de Birmania que ha tomado ahora el poder.

En la reunión del mes pasado entre el jefe militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, quien asumió el poder, y el principal diplomático de China, Wang Yi, el general expuso sus afirmaciones de que las elecciones de noviembre habían sido fraudulentas, citando irregularidades muy parecidas a las afirmaciones de Donald Trump sobre su derrota electoral en el mismo mes ante Joe Biden.

Democracia en jaque

En Estados Unidos preocupa lo que este golpe pueda suponer a nivel de la manutención de los régimes democráticos en la región. Daniel Russel, el máximo diplomático de Estados Unidos para el este de Asia durante la administración de Barack Obama, señaló que un golpe militar en Birmania se trata de un duro revés en la región.

"Es un gran revés, no solo para la democracia en Birmania, sino también para los intereses de EEUU. Es un recordatorio más de que la ausencia prolongada de un compromiso estadounidense creíble y constante en la región ha envalentonado a las fuerzas antidemocráticas", destacó.

También el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la acción militar como un duro golpe a las reformas democráticas en el país. La ONU se ha posicionado en el centro de los esfuerzos, por lo pronto infructuosos, para organizar el regreso de decenas de miles de refugiados rohingya atrapados en campamentos en Bangladesh.

En 2019, el Comandante Supremo de las Fiuerzas Armadas que se ha hecho con el poder del país, Min Aung Hlaing, fue sancionado por el Gobierno estadounidense por su papel en la persecución y violación de derechos humanos de los rohingyas en 2017. Más de 700.000 rohingyas huyeron a Bangladesh tras el recrudescer de la persecución.

La ONU ha calificado esta campaña de "limpieza étnica con marcas de genocidio". La acción fue la respuesta del país a un ataque de un grupo insurgente rohingya que se atribuyó una serie de atentados coordinados contra puestos de las fuerzas de seguridad birmanas. El Ejecutivo contestó con una fuerte represión a todo el pueblo rohingya, ya perseguido y maltratado desde hace años.

Ante el golpe de Estado, el propio Bangladesh pidió paz y estabilidad en Birmania y ha dicho que aún espera que su vecino haga esfuerzos genuinos para hacer avanzar el proceso estancado de repatriación voluntaria de refugiados musulmanes rohingya. "Hemos sido persistentes en el desarrollo de relaciones mutuamente beneficiosas con Birmania y hemos estado trabajando con el país para la repatriación voluntaria, segura y sostenida de los rohingyas refugiados en Bangladesh", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Red de Derechos Humanos de Birmania ha rechazado las acusaciones de fraude electoral por parte de los militares y ha destacado que "hace mucho tiempo que los militares buscaban consolidar su poder", llamando a una intervención internacional.

"El tiempo de la diplomacia ha terminado, la comunidad internacional debe imponer de inmediato sanciones específicas a los generales y a sus empresas y debe ver estos arrestos como una continuación de los crímenes por los que el ejército ya estásiendo investigados en la corte internacional de Justicia".