La reina Isabel II de Inglaterra presionó al Gobierno para que cambiara un proyecto de ley con el fin de ocultar su riqueza privada al público. Según aparece reflejado en una serie de documentos de los Archivos Nacionales, el abogado privado de Elizabeth Windsor presionó a los ministros en la década de los 70 para que modificaran la legislación con el fin de evitar que sus participaciones accionarias fueran reveladas al público.
Según ha desvelado el diario británico The Guardian, tras la intervención de la Reina, el Gobierno insertó una cláusula en la ley otorgándose el poder de eximir a las empresas utilizadas por “jefes de estado” de nuevas medidas de transparencia. El acuerdo, que se inventó en la década de 1970, se utilizó en efecto para crear una corporación fantasma respaldada por el estado que, según se entiende, ha ocultado las participaciones e inversiones privadas de la Reina hasta al menos 2011.
La verdadera magnitud de su riqueza nunca se ha revelado, aunque se ha estimado que asciende a cientos de millones de libras.
Los documentos revelan que en noviembre de 1973 la Reina temía que un proyecto de ley para brindar transparencia a las acciones de la empresa pudiera permitir al público escudriñar sus finanzas. Como resultado, envió a su abogado privado para presionar al gobierno para que hiciera cambios.
La noticia coincide con la conmemoración, este sábado, de los 69 años que lleva Isabel II en el Trono británico, ahora confinada en su castillo de Windsor a causa de la pandemia y alejada de su residencia de Sandringham por primera vez en 30 años por estas fechas. La última vez que esta se ausentó de Sandringham durante el aniversario de su ascensión fue en 1990 por encontrarse entonces de visita oficial en Nueva Zelanda.
"Consentimiento de la Reina"
El diario ha realizado este descubrimiento mientras se encontraba investigando el uso por parte de la familia real de un procedimiento parlamentario antiguo, conocido como "el consentimiento de la Reina" mediante el que se debe buscar el consentimiento de la reina antes de que el parlamento pueda aprobar una ley.
Ello requiere que los ministros avisen a la Reina cuando la legislación pueda afectar la prerrogativa real o los intereses privados de la corona.
El sitio web de la familia real lo describe como “una convención establecida desde hace mucho tiempo” y, según recoge el diario británico, los eruditos constitucionales han tendido a considerar el consentimiento como un ejemplo opaco pero inofensivo del boato que rodea a la monarquía.
Sin embargo, ahora los documentos desenterrados en los Archivos Nacionales sugieren que el proceso de consentimiento, que le da a la Reina y a sus abogados una visión anticipada de los proyectos de ley que llegan al parlamento, le ha permitido presionar en secreto para lograr cambios legislativos.