La policía de Nicaragua allana la sede de 'La Prensa', principal diario del país

La ola de represión que el Gobierno de Daniel Ortega está desplegando contra cualquier amago de oposición se ha recrudecido este viernes sobre la libertad de expresión. La Policía de Nicaragua irrumpió a mediodía en la sede del diario La Prensa. Los oficiales tomaron la redacción del principal rotativo del país horas después de que su edición impresa fuera suspendida debido al embargo del papel por parte del propio Ejecutivo.

"En cumplimiento de orden judicial, equipo técnico de la Dirección de Auxilio Judicial, acompañado de funcionarios de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), Procuraduría General de la República (PGR) y Ministerio Público, realizaron allanamiento y registro en las bodegas de Editorial La Prensa Sociedad Anónima, las cuales permanecen bajo custodia policial", indicó la Policía Nacional en un comunicado mientras sus oficiales actuaban en el periódico.

El gerente general del diario, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue trasladado también en la madrugada a la sede de la Dirección de Asuntos Judiciales, que cuenta con un complejo carcelario.

“La Policía traslada a Juan Lorenzo Holmann, gerente general de La Prensa, a la Dirección de Auxilio Judicial (…), va en su propio vehículo y, según colaboradores del diario que estaban con él, la Policía dijo que sólo iban a firmar unos documentos”, informó el medio en línea, a las 03.18 hora local (09.18 GMT).

La actuación se enmarca en una investigación en contra del Grupo Editorial y sus directivos por presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

El rotativo, fundado en 1926, informó de que "la Policía orteguista cortó el acceso a internet, la energía y apagaron todos los servidores". En ese momento, dentro de la redacción, había periodistas que "quedaron incomunicados porque los policías no les permitieron el acceso a sus medios electrónicos".

Según este relato, las "patrullas policiales" que allanaron las instalaciones de La Prensa, no dejaron "que los colaboradores que estaban en las oficinas" usaran sus teléfonos móviles. Eso no fue suficiente para evitar que los periodistas contaran lo que estaba sucediendo. El diario aseguró que "mientras nuestra materia prima es liberada, el sitio web y las redes sociales de La Prensa seguirán brindando noticias y denunciando los atropellos del régimen en contra de la democracia".

La respuesta de Ortega fue una acusación de "esconder" pruebas de lavado de dinero. Durante un acto este viernes, el mandatario acusó a La Prensa de cometer delitos y prestarse "a lavar dinero y luego a esconder las pruebas".

Ortega restó toda credibilidad a la versión del rotativo: "Decían que se habían quedado sin papel, que por eso no podía salir ese diario (...). Cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, está cometiendo un delito". "El que calumnia, el que difama, va a la cárcel", acabó advirtiendo el mandatario.

Libertad de prensa

El allanamiento a este medio, que el pasado 2 de marzo cumplió 95 años desde su primera publicación, se interpreta como la última estocada a la libertad de prensa, más si cabe por el simbolismo del rotativo, estrechamente relacionado con dos figuras históricas del país: su director, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista en 1978, y su viuda, Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1996.

De hecho, unos días antes, el pasado martes, los medios de comunicación nicaragüenses críticos con el Gobierno decidieron suprimir la firma de los redactores en los artículos como una medida de protección.

"Ante la escalada de agresiones y amenazas a la prensa independiente, a partir del mes de julio, medios de comunicación como La Prensa, Confidencial y otros medios digitales, han decidido suprimir la firma de los redactores de los artículos periodísticos", señaló La Prensa, que matizó que "esta medida, transitoria y de emergencia, tiene la finalidad de proteger la integridad de los periodistas amenazada a todos los niveles".



Según el informe del rotativo titulado Amenazas, exilio, citatorias y negativas de información: el diario vivir de la prensa independiente en Nicaragua, en el mes de julio al menos 11 periodistas, que recibían asedio y amenazas por parte de "fanáticos" del Gobierno, se vieron "forzados" de exiliarse "para resguardar su vida y continuar su trabajo periodístico".

Uno de ellos es el periodista Iván Olivares, que este jueves dejó el país tras haber sido interrogado dos veces por el Ministerio Público por la causa que se ha abierto contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica. 

"Para poder seguir ejerciendo el periodismo en libertad, y en estricto apego a mi libertad de conciencia, a los valores profesionales y éticos que forman parte de mi compromiso con las audiencias nicaragüenses, he decidido poner en resguardo mi seguridad fuera del país, para seguir haciendo periodismo al servicio de la verdad", explicó en el documento.

Condenas

Varios países y organismos internacionales se pronunciaron este viernes ante el allanamiento con una condena unánime. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó "la constante persecución oficial a la prensa en Nicaragua".

A través de su cuenta de Twitter recordó que "las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor de la prensa afectan el debate democrático y son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión".

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos apeló a Ortega "para que respete la libertad de expresión de La Prensa en lugar de actuar para silenciar los informes independientes". Otras organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional lanzaron mensajes similares.

Para Reporteros sin Fronteras, el presidente Ortega es uno de los dirigentes que ha entrado en la lista de los "depredadores de la libertad" de prensa por su política de "asfixia económica" y "censura judicial" de los medios independientes.

Nicaragua está a tres meses de celebrar unas elecciones generales que, por el momento, carecen de las necesarias condiciones de transparencia y competitividad. Ortega afronta el próximo 7 de noviembre con la aspiración a su quinto mandato presidencial, cuarto consecutivo, y segundo junto con su pareja, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En los últimos meses, más de 30 políticos y periodistas independientes ha sido detenidos, una situación que la comunidad internacional está denunciando con intensidad y que ha provocado un choque diplomático con España.

La comunidad internacional ha denunciado la situación en el país y, junto a España, han llamado a consultas a sus embajadores en Managua Argentina, Costa Rica, México y Colombia, por la falta de garantías de este proceso electoral.

En España, Ortega ha propiciado un choque diplomático. La crisis comenzó a mediados de esta semana, cuando el régimen atacó con dureza lo que considera una "intromisión" de España en los asuntos domésticos del país. En el escrito, que desde el departamento de Albares se considera como "desmedido y a destiempo", se hacía alusión a temas tan lejanos en el tiempo como los GAL. Incluso se tachaba de "inmorales" a las instituciones de España.

La respuesta no tardó en llegar. España llamó a consultas a su embajadora, María del Mar Fernández-Palacios, la cual se encuentra en España y no tiene fecha de vuelta a Managua. El ambiente que se respira en los despachos de Exteriores es de pesimismo ante el creciente autoritarismo de Ortega, que en los últimos días ha endurecido las represalias a los políticos opositores.