La violencia contra las mujeres persiste en Túnez a pesar de las leyes progresistas

En 2021 y 2022, esta organización internacional realizó un centenar de entrevistas en todo Túnez sobre la actuación de las autoridades ante la violencia doméstica, a 30 supervivientes de dicha, además de a policías, abogados, jueces y proveedores de servicios.

La conclusión a la que se llegó es que, a pesar de que el marco jurídico ofrece herramientas para proteger a las mujeres, éstas siguen siendo víctimas de graves actos de violencia. "La aplicación insuficiente de esta ley expone a las mujeres al riesgo de sufrir violencia. Las autoridades no reaccionan, no investigan, no ofrecen sistemáticamente protección a las mujeres que denuncian la violencia", denunció Salsabil Chellali, directora de HRW en Túnez.

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"Me siento como si caminara hacia mi propia tumba", explicó una superviviente de 40 años. Según su declaración, las autoridades se negaron a ayudarla después de que su marido la golpeara con un ladrillo.

La realidad es que la mayoría de las mujeres tunecinas, especialmente si viven en zonas rurales o son analfabetas, desconocen las medidas y servicios disponibles para protegerlas de la violencia.

La policía tunecina registró casi 69.000 denuncias de violencia contra mujeres en 2021, pero "el alcance real de la violencia doméstica sigue siendo difícil de evaluar", entre otros motivos, por "la escasa recopilación de datos y la presión social y económica que sufren las mujeres para tolerar la violencia de los hombres".

De esta manera, "los esfuerzos de Túnez para proteger a las mujeres de la violencia doméstica siguen siendo insuficientes a pesar de una ley aprobada hace cinco años en el país considerado pionero en la materia", denuncia HRW.

Túnez aprobó en 2017 una ley que castiga el acoso sexual en lugares públicos y, en teoría, proporciona apoyo legal y material a las víctimas. La Ley 58 amplió la definición de violencia punible, incluido el acoso sexual en espacios públicos. También pretendía garantizar apoyo jurídico, económico y social a las afectadas. A pesar de ello, existe un desfase entre el texto de la ley y la aplicación de la misma, que deja a las mujeres insuficientemente protegidas. 

Desde entonces, se han creado unas 130 unidades policiales especializadas en todo el país al amparo de esta ley y se ha impartido formación al personal, pero la falta de información sigue llevando a algunos agentes a aconsejar a las víctimas que se reconcilien con sus agresores o que inicien una mediación familiar en lugar de presentar una denuncia penal.

Las mujeres entrevistadas aseguraron que "la policía no les explica sistemáticamente sus derechos y opciones y responde a sus quejas con desdén", afirmó en la presentación del informe Salsabil Chellali.

La mayoría de las unidades especializadas sólo abren durante el horario administrativo en días laborables y carecen de recursos humanos y materiales suficientes, como vehículos para trasladar a las mujeres al hospital para su reconocimiento médico.

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La policía también suele insistir en requisitos probatorios arbitrarios, como un certificado médico muy reciente que acredite los malos tratos, antes de acceder a abrir una investigación o solicitar órdenes de protección, a pesar de que la Ley 58 no lo exige.

"Cuando fui a comisaría, la policía me dijo que no podía hacer nada con mis certificados médicos de 2020 y 2021 porque todos habían sido expedidos hace más de 15 días", se quejó una superviviente de 26 años. "Soy analfabeta y nadie me dijo que mis certificados perderían su validez al cabo de unas semanas", añadió.

Sin refugio ni asistencia

La investigación también deja en evidencia el acceso insuficiente a refugios de emergencia, especialmente en las zonas rurales, lo que impide a algunas mujeres abandonar sus hogares. Muchas de ellas no tienen adónde ir a menos que dispongan de recursos suficientes.

Túnez cuenta actualmente con 10 centros de acogida para supervivientes, con una capacidad total para 186 mujeres y niños. El Ministerio de Asuntos de la Mujer tiene previsto abrir más refugios para garantizar que en 2024 haya, al menos, uno operativo en cada una de las 24 gobernaciones del país.

Además de aumentar el número de refugios, Túnez necesita esfuerzos de sensibilización para desestigmatizar la decisión de una mujer de huir del hogar familiar y recurrir a los refugios, así como financiación para ayudarlas a encontrar alojamiento a largo plazo.

Human Rights Watch también descubrió que las mujeres que acuden a los tribunales, ya sea para presentar denuncias penales o para solicitar órdenes de protección a largo plazo, a menudo no reciben asistencia jurídica gratuita, como exige la ley.

La Ley 58 también garantiza el derecho de los supervivientes a un seguimiento médico y psicológico. No obstante, el personal médico rara vez informa a las supervivientes de sus derechos y en pocos casos las remite a psicólogos. Asimismo, la mayoría carece de la formación necesaria para detectar indicios de violencia, especialmente las repercusiones fisiológicas y psicológicas más profundas. De hecho, en 2020, el único centro de escucha público dedicado al bienestar psicológico de los supervivientes en el país cerró por falta de financiación.

"Túnez no puede descansar en su reputación de líder de los derechos de la mujer en la región (MENA) si no hace cumplir sus propias leyes y empieza a tratar la violencia doméstica como el grave delito que es", mantiene Kenza Ben Azouz, autora del informe.

"Ahora Túnez debe aplicar esta ley con eficacia y eficiencia. Esto significa proporcionar recursos materiales y financieros a las unidades especializadas que responden a la violencia contra las mujeres, así como al personal judicial y sanitario. También debe permitir que las mujeres tengan acceso a refugios de emergencia en todo el país", sentenció Salsabil Chellali.

El país magrebí, a puertas de las elecciones legislativas el 17 de diciembre, ha perdido derechos fundamentales que se habían conseguido con la Primavera Árabe a partir de la llegada al poder del presidente Kais Saied en 2019.

A pesar de haber salido a las calles con los jóvenes en 2011 para pedir libertad y reformas, desde su llegada al poder se mostró contrario a muchas de las libertades individuales conseguidas en el país.