Francia vive hoy la primera de las batallas contra la reforma del sistema de pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron con una huelga general que ha paralizado parte del país, con especial incidencia en el transporte y en la educación, y que cuenta con el apoyo de todos los partidos, desde la izquierda hasta el Frente Nacional, y con la histórica unión de todos los sindicatos.
Trenes y vuelos cancelados y otros retrasados, colegios y universidades cerradas, centros de salud y hospitales bajo mínimos y refinerías y gasolineras con un apoyo a la huelga superior al 70% han marcado las primeras horas de esta huelga general.
La red eléctrica estatal ha sufrido una importante reducción de la producción eléctrica debido a los paros, sobre todo a partir del mediodía cuando se han convocado más de 200 manifestaciones en todo el país.
Calles llenas de manifestantes
Las calles de algunas ciudades como Marsella, Lyon o París se han llenado de manifestantes mientras Macron y 11 de sus ministros están en España para firmar un Tratado de Amistad con nuestro país.
De acuerdo con los sindicatos y a falta aún de cifras de asistencia oficiales, solo en la capital unas 400.000 personas marcharon contra los planes del Gobierno, y formaron una marea humana que se expandió durante horas entre la Plaza de la República y la de la Nación.
La de la capital fue la demostración de músculo más importante de esta jornada nacional de movilizaciones, pero las protestas se repitieron por toda la geografía francesa.
Por primera vez en años, los sindicatos acuden a esta huelga general unidos y sin fisuras. El objetivo es que este jueves sea la primera batalla de su guerra contra el Ejecutivo para forzar, con más grandes movilizaciones, a Macron a dar marcha atrás como ya consiguieron en 1995 cuando un proyecto de reforma de las pensiones de Jacques Chirac fue retirado por la intensa presión de la calle; incluso a pesar de la mayoría absoluta de la que gozaba en el Parlamento francés.
Sindicatos y asociaciones han convocado más de 200 manifestaciones en todo el país, con especial atención a ciudades como Marsella, Lyon, Toulouse, Montpellier, Niza y París, donde las marchas contra el Gobierno han comenzado desde primera hora de la mañana y se extenderán durante todo el día con miles de personas manifestándose.
"La movilización es a la imagen de lo que leemos en las encuestas, es decir, que una gran mayoría de los ciudadanos de este país están en contra de esta reforma", celebró Philippe Martínez, secretario general de la Confederación general del trabajo (CGT) francesa, desde la cabecera de la multitudinaria manifestación organizada en París.
"Hay mucha, mucha gente. Mucho más que lo habitual. El mensaje es claro: No al aumento del tiempo de cotización y no al retraso de la edad legal de comienzo de la jubilación. Es simple", recalcó a EFE Martínez.
De 62 a 64 años
La propuesta de Macron prevé elevar de 62 a 64 años para 2030 la edad mínima de jubilación y adelantar a 2027 el aumento de 42 a 43 años de cotización para poder disfrutar de una jubilación completa (hasta ahora previsto para 2035). Aquellos que no logren cotizar durante todo este periodo deberán jubilarse a los 67 años o bien aceptar una pensión mucho más baja.
Ese proyecto de reforma de las pensiones ha recibido el rechazo frontal de todos los sindicatos y de los partidos de izquierda, también de la ultraderecha de Marine Le Pen, y sólo podría recibir el apoyo del partido conservador Los Republicanos, que sería suficiente para su aprobación parlamentaria.
El Gobierno insiste en que su propuesta tiene en cuenta a quienes comenzaron a trabajar antes de los 20 años y también a quienes por motivos médicos deban jubilarse antes de los 64. Por ello, asegura que un 40% de los futuros pensionistas podrán jubilarse antes de los 64 años.
El 66% está en contra
Sin embargo, estas justificaciones no convencen en absoluto, ya que el 66% de los franceses se oponen a la reforma, según un sondeo del instituto Elabe publicado este miércoles en la cadena BFM TV.
El Ejecutivo de Macron asegura que la reforma es necesaria porque de lo contrario se generará un déficit en el sistema de pensiones que alcanzaría los 12.500 millones de euros en 2030, mientras que los detractores al proyecto creen que se podría tasar a los ultrarricos y a los beneficios del capital para conseguir ese dinero.