Los problemas judiciales siguen creciendo para Lenín Moreno, presidente de Ecuador entre 2017 y 2021 y uno de los 37 imputados por presunto cohecho en el caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El proceso comenzó en febrero de 2021, pero este domingo el juez Adrián Rojas ordenó la presentación periódica de Moreno en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Además, el viernes la fiscal general de Ecuador Diana Salazar solicitó el arresto domiciliario de Moreno. En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados por haber participado en un sistema de sobornos que habrían favorecido a la constructora china.

Entre los procesados también están, por tanto, el exembajador chino Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro, y el representante de la empresa Wu Yu.

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A pesar de la petición de Salazar, la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados. Para Wu Yu, menor de esa edad, sí se ha decretado la prisión preventiva.

La fiscal también requirió al juez Rojas retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

En cuanto a la decisión del juez de ordenar su comparecencia cada 15 días ante al CNJ, David Meza, abogado del expresidente, señaló que fue tomada "en derecho". Moreno, no obstante, siempre ha negado todas las acusaciones.

La Fiscalía "no pudo justificar que no existe ni riesgo de fuga ni riesgo procesal", indicó Meza al señalar que se han presentado a lo largo de toda la investigación previa y, adicionalmente, no van a obstruir ningún proceso de investigación.

Caso Sinohydro

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante, en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa "offshore" INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).

Según las investigaciones, Edwin Moreno, hermano de Lenín, habría recibido pagos irregulares de la empresa china Sinohydro a través de una empresa pantalla en Panamá, a cambio de contratos de obra pública en Ecuador. Además, se ha acusado al expresidente de haber utilizado su influencia para beneficiar a esta empresa china en la adjudicación de contratos públicos durante su mandato.

La fiscal Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares entre 2019 y 2018, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica del país pasase de 1.979 millones de dólares a 2.245 millones de dólares.

En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.

La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes los hermanos de Moreno Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

De acuerdo con la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvo presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.

Rafael Correa

Moreno ha negado tajantemente la denuncia y ha sugerido que esta obedece a una estrategia política del expresidente Rafael Correa, su predecesor y principal detractor, quien reside en Bélgica y que ha sido condenado por la Justicia por cohecho en otro caso de corrupción.

El viernes, la Fiscalía General de Ecuador citó a declarar a Correa, según confirmó él mismo en sus redes sociales al publicar el documento remitido por la Policía Nacional en el que se le insta a dar testimonio el 8 de marzo mediante videoconferencia.

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El líder del partido Revolución Ciudadana consideró que esa citación busca involucrarlo en el caso. No obstante, recordó que fueron ellos quienes denunciaron el caso y avisó a la Fiscalía que está "bajo jurisdicción de Bélgica, y cualquier cosa tendrá que solicitarla a través de la Cancillería belga".

Desde finales de 2017, Correa tiene su residencia en Bélgica, donde alega tener la condición de refugiado y denuncia una persecución política en su contra desde que dejó la Presidencia, ante acusaciones de corrupción que rechaza enfáticamente.

En 2020 fue condenado a ocho años de prisión por cohecho e inhabilitado políticamente por un caso de financiación irregular del movimiento oficialista, lo que ha motivado una solicitud de extradición de la Justicia ecuatoriana cursada a Bélgica.