La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, acusándole de crímenes de guerra por su invasión de Ucrania. Se trata de la primera vez en la historia que este tribunal dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
En un comunicado, la CPI señaló que Putin es "supuestamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de personas (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa".
"Hay motivos razonables para creer que Putin tiene la responsabilidad penal por los crímenes antes mencionados (I) por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (Artículo 25 (3)(a) del Estatuto de Roma), y (II) por su incapacidad para ejercer el control adecuadamente sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitido para su comisión, y quienes estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior (Artículo 28(b) del Estatuto de Roma", justifica el comunicado.
Además de la acusación sobre Putin, la Corte también acusa a Maria Lvova-Belova, la comisaria presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, también por los crímenes de deportación ilegal y traslado ilegal de personas.
En este sentido, un informe de la Universidad de Yale y el programa del Observatorio de Conflictos del Departamento de Estado de EEUU señalaba el pasado mes de febrero que al menos 6.000 menores de edad han sido sacados de Ucrania en el último año y retenidos en al menos 43 campamentos en Rusia. Desde el Gobierno ucraniano estiman que la cifra superaría los 16.000 niños y adolescentes.
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El Tribunal aclara que no acostumbra a hacer públicas este tipo de órdenes de arresto para proteger a víctimas y testigos y salvaguardar la investigación, pero apuntan que, dado que esta violación de los derechos humanos sigue en activo, la publicación de las órdenes "puede contribuir a la prevención de una mayor comisión de delitos".
Rusia no se da por concernido
Ante las informaciones de los últimos días que adelantaban la posibilidad de la acusación, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que no reconoce la jurisdicción del tribunal. Con respecto a las acusaciones de retención de menores, desde Moscú vienen señalando que se trata de una "misión humanitaria" para proteger a los menores huérfanos o abandonados de la guerra.
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Tras conocerse las acusaciones formales de este viernes, la portavoz de Exteriores rusa, Maria Zakharova, ha reiterado que los dictámentes de La Haya "no tienen significado" para el país. "Rusia no es parte del Estatuto de Roma ni de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación ante ellas", indicó. Rusia sí firmó el Estatuto en el año 2000 pero lo retiró en 2016, y nunca ratificó su entrada en la CPI.
Por su parte, el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, ha agradecido la iniciativa de la CPI y recuerda que la orden dictada por La Haya obliga a los países que forman parte del tribunal a detener y entregar al presidente ruso a la CPI. "Los líderes del mundo deben pensárselo dos veces antes de darle la mano o sentarse con Putin", remacha el fiscal ucraniano.
Ucrania ha iniciado varios procesos contra Rusia en La Haya por los más de 70.000 crímenes de guerra rusos que dice haber documentado en el territorio.
La Federación Rusa inició el 24 de febrero de 2022 su intervención ilegal sobre parte del territorio ucraniano, justificándolo en una "desnazificación" del territorio.