Vladímir Kara-Murza es discípulo del político opositor ruso asesinado en 2015, Boris Yefímovich Nemtsov, que se convirtió en un personaje prominente del escenario político ruso en los 90, cuando ejerció como viceprimer ministro bajo la Presidencia de Boris Yeltsin. Para evitar que Kara-Murza recoja el testigo, ha sido perseguido por las autoridades, detenido en abril del 2022 por "difundir información falsa" sobre el Ejército ruso y acusado de participar en una organización extranjera "no deseable" y de "alta traición". Este lunes ha sido condenado a 25 años de prisión.
Cuando fue detenido, las autoridades rusas mencionaron como un agravante su discurso del 15 de marzo del 2022, en la Asamblea estatal de Arizona (EEUU), donde denunció la "guerra de agresión" que suponía la invasión de Ucrania, los "crímenes de guerra" y el "regimen dictatorial" de Vladímir Putin.
Kara Murza es vicepresidente del movimiento Rusia Abierta, dedicado a la defensa de los derechos civiles y la democracia en Rusia fundado por el exiliado magnate Mijaíl Jodorkovski. En octubre de 2022 fue distinguido con el Premio Václav Havel de Derechos Humanos 2022 otorgado por el Consejo de Europa. Su condena, de un cuarto de siglo, es la más larga establecida para cualquier preso político del país, lo cual da muestra de su importante nivel de credibilidad frente al mandatario ruso.
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Contrario a Vladimir Putin
El disidente Kara-Murza ha pasado años hablando en contra de Putin y presionando a los gobiernos occidentales para que impusieran sanciones tanto a Rusia como a ciertos oligarcas rusos por supuestas violaciones de los derechos humanos. Una labor que llevó a cabo junto a su amigo, el mayor inversor extranjero en Rusia, Bill Bowder, que se ha convertido en el aequitecto en la sobra de las sanciones a ciudadanos rusos.
El Kremlin llevaba años siguiendo la pista del disidente por su trabajo, desde su papel crucial en la aprobación en 2012, en EEUU, de la Ley Magnitsky que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. También participaba muy activamente en foros púplicos, parlamentos, etc. para visibilizar las atrocidades cometidas por Vladímir Putin. Esa ley le costó a Kara-Murza su puesto como periodista en la agencia rusia de noticias RTVI en Washington.
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Ser discípulo de Boris Yefímovich Nemtsov no es cosa baladí. Nemtsov fue asesinado en 2015 mientras caminaba a escasos metros del Kremlin, en la víspera de liderar una marcha multitudinaria contra la "agresión de Putin en Ucrania", en referencia a la guerra de la península de Crimea: hoy en día anexionada ilegalmente a Rusia.
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Después de aquel asesinato no resuelto, tanto Browder como Kara-Murza intervinieron en el Congreso de EEUU para pedir nuevas sanciones. Varios medios de comunicación realizaron una investigación conjunta en 2022 para desvelar que estaba bajo la vigilancia de un agente del FSB (Servicio Federal de Seguridad de Rusia) vinculado a un grupo relacionado con asesinatos políticos.
Denuncia por envenenamiento
Un mes después de hablar ante los congresistas estadounidenses, Kara-Murza se encontró en el centro de la trama. Hospitalizado, los doctores le indujeron un coma y lo entubaron. Había sufrido un intento de asesinato por envenenamiento, aunque los investigadores no pudieron determinar ni el origen ni la sustancia. Quedó tocado, teniendo que caminar con la ayuda de un bastón. A finales del 2015 decidió regresar a Rusia y denunció haber sido envenenado a cuenta de su actividad política, pero no se abrieron diligencias.
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De pronto, en febrero del 2017 se encontró en la misma situación, con los mismos síntomas. Tuvo un fallo multiorgánico, le volvieron a inducir el coma y una semana después despertó. Según el colectivo de investigación Bellingcat, con anterioridad había sido seguido por la misma unidad del Servicio Federal de Seguridad que luego envenenó al líder opositor Alexéi Navalni, que cumple una condena de ocho años de cárcel.
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Kara-Murza, que tiene doble nacionalidad, británica y rusa, está cosechando sin saberlo un apoyo inusitado mientras su figura cobra mayor atención mediática. El Gobierno británico ha convocado al embajador de Rusia en Reino Unido para pedir cuentas sobre la "detención y el maltrato" del opositor, y para criticar una "sentencia políticamente motivada". Una condena a la que se ha sumado Noruega, según ha trascendido en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que además tiene previsto expulsar a 15 funcionarios de la embajada rusa por considerarlos "espías".Se trata de "otro golpe al Estado de Derecho" en Rusia, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volcker Turk.