Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y presidente de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos (AIODH), es uno de los juristas amigos de la causa saharaui. Sobre todo, el Frente Polisario se apoya en sus consultas y opiniones desde hace décadas.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han establecido que el Sáhara Occidental no es parte de Marruecos. Por lo tanto, Rabat no puede comercializar con sus recursos naturales sin consultar a la población saharaui. Detrás de estas victorias legales está Juan Soroeta, que recomendó al Frente Polisario que optara por la vía legal.
Al recibir la llamada de EL ESPAÑOL acepta la entrevista. No obstante, se muestra reacio a que se desvele que es en parte el ideólogo de este camino diplomático basado en la jurisprudencia internacional que tomó el Frente Polisario para defender los recursos naturales del Sáhara Occidental en el ámbito mundial.
Finalmente, reconoce que “desde los noventa les vengo dando la lata. Lo tenían que haber hecho cuando Marruecos no aceptó las propuestas de Kofi Annan (entonces, secretario general de la ONU) en el año 2000”.
Una década más tarde, en 2012, el Frente Polisario presentó los recursos en la Unión Europea. Sin embargo, Soroeta huye del protagonismo. No le gusta. Solo quiere figurar como parte del equipo de juristas que asiste al Frente Polisario en la Unión Europea. Para Soroeta, “el Polisario tenía que haber retornado las armas en 2000, cuando Marruecos dijo que no iba a haber nunca urnas (que no se celebraría el referéndum de autodeterminación). Suena fuerte, pero habían dejado las armas por las urnas en 1991”.
Lleva más de 25 años luchando por la causa saharaui. Es uno de los impulsores del Club 44, una asociación cultural sin ánimo de lucro que ya ha organizado más de medio centenar de conciertos para apoyar a los saharauis. De ahí surgió un doble CD con 21 canciones con estilos diferentes para concienciar sobre la situación que se vive en el Sáhara.
Soroeta se siente esperanzado con que se encuentre una solución después de cuarenta y siete años porque “el Derecho internacional está del lado del pueblo saharaui”, y considera que “la sentencia va a complicar enormemente las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos”. Repasa el giro político de Pedro Sánchez, el espionaje con Pegasus, el escándalo del Moroccogate, la situación de los presos saharauis en las cárceles marroquíes, las malas relaciones con Argelia y la extradición de refugiados políticos.
¿Cómo se fraguó la idea de denunciar en la Unión Europea la comercialización de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos?
El 6 de septiembre de 1991 entró en vigor el alto el fuego, dando lugar a la aplicación del plan de Paz, que preveía la celebración del referéndum de autodeterminación. Cuando se hizo público el censo final para el referéndum, que concluyó la MINURSO en el año 2000 (aunque Francia y, en especial algunos expresidentes españoles, lo nieguen, el censo está ya concluido -aclara-), y antes de tomar la decisión de volver a las armas, el Frente Polisario debía utilizar su arma principal, las vías que ofrece el Derecho internacional, ciertamente limitadas, pero reales. Por esta razón se recurrieron los acuerdos de pesca y de libre comercio. El Derecho internacional está palmariamente del lado del pueblo saharaui. La Unión Europea y Marruecos lo saben perfectamente.
¿La vía diplomática y jurídica le reportará una victoria al Frente Polisario?
La vía diplomática es muy activa con los Estados que reconocen a la RASD (República Árabe Saharaui Democrática). Pero en Europa, la posición francesa y el seguidismo español la obstaculizan permanentemente. Afortunadamente, la vía judicial no requiere el apoyo de estos Estados. Es más, España ha participado en los procedimientos que se desarrollan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la defensa no de los derechos del pueblo saharaui, como es su obligación como Potencia administradora del territorio, sino en la defensa de la legalidad, de unos acuerdos que, como ha señalado el Tribunal General de la Unión Europea, son nulos por no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
España está presionando en Europa para que se negocie un nuevo protocolo que permita aplicar el acuerdo de pesca UE-Marruecos, que expira el 17 de julio. ¿Llegará a firmarse a pesar de que está pendiente de la sentencia de la Justicia europea?
En mi opinión, es poco probable. Sería una temeridad. El Tribunal General de la Unión Europea extendió los efectos de los acuerdos de pesca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara la sentencia en casación, algo que, por otra parte, es contrario al Derecho internacional, pues permite a la Unión Europea y a Marruecos seguir violando durante ese tiempo una norma de derecho imperativo, pero el Frente Polisario lo asumió como un peaje a pagar para obtener una sentencia que va a complicar enormemente las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos. Pero también estableció que, a partir de ese momento, los acuerdos solo serían acordes con el Derecho internacional si cuentan con el consentimiento del pueblo saharaui, manifestado a través del Frente Polisario. Concluir unos nuevos acuerdos supondría una violación evidente de esta sentencia.
¿Qué se espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se conocerá en el mes de diciembre?
Que confirme la sentencia del Tribunal General, y que ponga fin a la explotación ilegal de los recursos del Sáhara Occidental por parte de la Unión Europea.
¿Hasta que punto la investigación del Moroccogate influirá en la decisión judicial?
La actividad febril de Marruecos comprando voluntades o chantajeando a políticos europeos es sobradamente conocida por cualquiera que conozca de cerca el conflicto. Ahora se ha hecho pública en relación con los Mundiales de fútbol de Qatar, pero hace décadas que la practica sin ningún pudor. Los jueces deben aplicar el Derecho; esta circunstancia no debería condicionar su decisión. Pero quizás pueda servir para contrarrestar las presiones que Estados e instituciones de la UE practican sobre los jueces. Hay que confiar en su imparcialidad.
¿Qué le pareció la carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI donde reconocía el plan de autonomía marroquí como “la solución más seria, creíble y realista”?
La pregunta negociada por Marruecos y el Frente Polisario para el referéndum previsto en el Plan de Paz es clara: independencia o integración en Marruecos. La opción de la autonomía equivale a la integración. España apoya, simple y llanamente, la consolidación de la ocupación militar del territorio, algo que como español me avergüenza profundamente.
¿Qué piensa de que se haya conocido la cesión de Sánchez a través de un comunicado de la casa real alauita?
Se trata de un documento diplomático entre dos Estados sobre cuya publicidad existe una prohibición expresa, a no ser que cuente con el visto bueno de las dos partes. No consta, y sería absurdo pensar que el gobierno español quisiera darle publicidad, precisamente dos semanas después de que Pedro Sánchez proclamara a los cuatro vientos que “España defenderá siempre a un Estado que sufre la invasión militar por parte de otro”, refiriéndose a Ucrania. Por otra parte, es la forma de actuar del gobierno de Marruecos. Esa “lealtad” a la que se refería Sánchez para explicar el cambio de posición.
Se barajan varias posibilidades para explicar el paso de Pedro Sánchez, presiones de terceros países como EEUU, pero también la posibilidad de que sea consecuencia del espionaje con Pegasus. ¿Cuál es la causa?
Para los Estados Unidos el conflicto saharaui está lejos de sus prioridades. Si dejamos a un lado el desvarío de Donald Trump, que reconoció la soberanía de Marruecos sobre el territorio, un gesto dirigido más a Israel que a Marruecos, la administración de Joe Biden ha dado señales evidentes de que no va a aplicar tal decisión, y que considera que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Sin duda el espionaje con Pegasus no es ajeno a la decisión, absolutamente fuera de lugar tanto por el contenido, como por el momento, como por la forma en que se dio a conocer. Un despropósito se mire por donde se mire.
Sánchez tomó esta decisión de manera unilateral, sin el apoyo del resto de partidos políticos y sin pasar por el Parlamento. Desde el punto de vista legal, ¿un presidente de un país democrático puede actuar de manera unilateral?
Oficialmente España no ha concluido un tratado internacional con Marruecos desarrollando el contenido de la carta. Si llegara a hacerlo, que no creo, el Parlamento podría actuar. Pero también el Frente Polisario.
Incluso, ha dividido al PSOE, por un lado, los barones que siempre han apoyado a Marruecos, y por el otro, históricos del partido como Odón Elorza, que no solo ha criticado la postura, sino que ha abandonado la militancia.
En privado son muchos los políticos socialistas que confiesan su vergüenza por la posición de España en el conflicto. Pero es evidente que quien se mueve de la foto está fuera del partido. Es de celebrar la posición actual de Odón Elorza, nunca es tarde. Pero lo cierto es que durante las tres legislaturas de su mandato como diputado el tema del Sáhara Occidental pasó casi desapercibido. En caso contrario habría abandonado el Congreso hace tiempo. Pese a las promesas de Felipe González en los campamentos de refugiados en 1976, el PSOE viene apoyando la ocupación marroquí desde que llegó al poder en 1982.
Por su parte, ¿el Partido Popular, que critica el giro de Sánchez, cambiará el rumbo si llega al gobierno? o ¿PSOE y PP se comportan de la misma manera en relación con el Sáhara Occidental?
En mi opinión, nada va a cambiar en esta cuestión si se produce un cambio de gobierno. No tengo dudas de que, si la carta de Sánchez la hubiera firmado Feijóo, los socialistas habrían clamado al cielo, como lo ha hecho ahora el PP. Desgraciadamente forma parte del circo en que se ha convertido el Parlamento. Un arma arrojadiza más.
El apoyo explícito de España a Marruecos ha cambiado también las relaciones del país con Argelia, ¿vaticina más consecuencias a corto y medio plazo?
Habrá que esperar, pero en este sentido, y en plena crisis en Ucrania, la decisión de Sánchez fue como pegarse un tiro en el pie. Argelia tiene mucho más que ofrecer, además del gas, que Marruecos, y, además, no chantajea. Es un Estado que va de frente en las relaciones internacionales.
El pueblo español, siempre solidario con los campamentos de refugiados saharauis, también parece que no está de acuerdo con el posicionamiento de Sánchez con Marruecos. ¿Cómo ha sentado en la sociedad civil?
Por lo que me llega a mí, la gente está indignada. Desde hace algún tiempo, la sociedad civil española ya no mira “solo” a los campamentos de Tinduf. Desde que se ha alzado la voz de los activistas de derechos humanos (Aminatou Haidar, Sultana Khaya, Brahim Dahane…) mira ya a los territorios ocupados del Sáhara Occidental con la esperanza de que en algún momento se ponga fin a la ocupación. Los campamentos no son el origen del conflicto, sino su consecuencia.
Un grupo de jóvenes increparon a Sánchez en un acto de la precampaña electoral por abandonar al Sáhara Occidental, y días después expulsaron de un mitin a un portador de una bandera saharaui. ¿Cómo se interpreta?
La censura de “lo saharaui” en los actos del partido socialista evidencia que su cambio de posición ha dolido a las bases, y que sigue siendo un tema innegociable para “los barones”.
Ha seguido los juicios de Gdeim Izik en Rabat y Salé con observador internacional. ¿Cuál es la situación de los presos saharauis en las cárceles de Marruecos?
Terrible. Llevan más de 10 años sufriendo unas condenas de entre 10 años y cadena perpetua por acusaciones falsas, tal y como se demostró tanto en el juicio ante el tribunal militar como en el civil en Salé. La vida en esas siniestras cárceles es insoportable. Tras más de una década no hemos conseguido visitarlos. No hay día que no piense en ellos. Fueron condenados por defender pacíficamente el derecho de autodeterminación de su pueblo, algo que le niega el gobierno español.
Incluso, no les permiten viajar al Sáhara Occidental, como abogados y observadores internacionales, donde no tenemos ojos tampoco los periodistas, y donde es recurrente la expulsión de europeos. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo allí?
Primero fue la pandemia, y ahora es la guerra. Ambas son las excusas para justificar que no se permita la llegada de observadores, periodistas, abogados o políticos españoles. Desde entonces se ha vuelto a instalar en el Sáhara central el muro de silencio que ocultó lo que pasaba en el territorio durante décadas.
Por otro lado, está el estudiante saharaui Husein Amadour deportado por España a Marruecos a pesar de ser solicitante de asilo. Lo hemos visto también con el ex militar argelino, Mohamed Benhalima, deportado a Argel en 2022 para ser encarcelado, a pesar de las denuncias de ACNUR. ¿Qué se puede hacer ante estos casos?
El caso de Husein Amadour es especialmente sangrante, porque España le denegó el asilo por entender que no corría peligro de que sus derechos fueran violados por Marruecos, que, según nuestro gobierno, es un modelo de Estado de Derecho, respetuoso con los derechos humanos. No sería la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por ello