El mayor cártel del narcotráfico en Colombia, el grupo paramilitar Clan del Golfo, amenaza al tribunal de paz derivado del Acuerdo de Paz del 2016 por investigar el caso de los 'falsos positivos' al entender que podría perjudicar sus intereses. Se trata de uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en el país, en el que exoficiales del Ejército colombiano ejecutaban extrajudicialmente a miles de civiles inocentes y los hacían pasar por guerrilleros para engrosar sus resultados en la supuesta lucha contra el crimen organizado y el narco.
Las amenazas del Clan del Golfo contra dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la rama judicial del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, llegan en medio de un nuevo choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en Colombia. Un choque protagonizado por el fiscal general, Francisco Barbosa, y el presidente Gustavo Petro.
"Hay una tensión importante que no es reciente entre el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro", señala la politóloga mexicana Ana Vanessa Cárdenas, especializada en Relaciones Internacionales y Análisis Político, en declaraciones a EL ESPAÑOL: "Se sabe que el fiscal general tiene una cierta cercanía con Iván Duque, pero a diferencia de lo que dice Petro, de que él es 'el jefe de Barbosa', no es así. Él es el jefe de Estado y la Fiscalía General goza de autonomía y de independencia".
Sin embargo, el Poder Judicial lo ha puesto en duda a cuenta de las críticas de Gustavo Petro. El último encontronazo entre Francisco Barbosa y Petro responde a las repetidas acusaciones del presidente contra el fiscal Daniel Hernández, por supuestamente haber omitido una investigación a 14 miembros del Clan del Golfo.
La última acusación y más grave se ha producido en redes sociales, donde Petro se hizo eco de un artículo periodístico en el que aparecían supuestas pruebas de la omisión de Hernández -capturas de WhatsApp entre las que aparecía una foto del hijo menor de edad del fiscal-, entre llamamientos a investigar al propio Hernández. La politóloga mexicana sostiene que hoy por hoy Daniel Hernández es "un funcionario protegido por lo peligroso del caso, que está bajo investigación".
Así es como el propio fiscal general, Barbosa, al defender a su compañero de profesión y la independencia de la Fiscalía al mismo tiempo, ha indicado que tendrá que salir del país junto a su familia por temor a ser represaliados y asesinados. Entretanto, el fiscal Daniel Hernández ha denunciado a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Colombia pide respetar la separación de poderes.
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En este sentido, Ana Vanessa Cárdenas observa que "la independencia del sistema judicial está en riesgo por defecto", si bien considera que "Barbosa ha exagerado en sus declaraciones" y no cree que haya un riesgo real. Y es que no ha trascendido que Barbosa haya recibido ninguna amenaza ni contra él ni contra su familia, ni de parte de grupos guerrilleros ni de grupos paramilitares.
En un comunicado emitido el sábado por la Presidencia de Colombia, el presidente Gustavo Petro asumía el "llamado de la honorable Corte Suprema de Justicia" para respetar "todas las ramas del poder público", pero con un matiz: "Como presidente de la República no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias" [las referidas a Hernández y su supuesta omisión para investigar al Clan del Golfo].
La experta entiende que prolongar el enfrentamiento no le interesa ni a una parte ni a la otra: "Petro tiene que avanzar en su plan de 'Paz Total', la joya de la corona de su Presidencia, y con ese propósito se reunió días atrás con el propio Barbosa para lograr la deposición de las armas por parte de estos grupos, que estarían como en una especie de armisticio".
El Clan del Golfo y los 'falsos positivos'
Es sabido, cuenta Cárdenas, que en el mayor cártel del narcotráfico en Colombia participan "exmiembros del Ejército colombiano, sobre todo, generales en retiro": "No es una práctica que sorprenda entre los cárteles -también ha ocurrido por ejemplo en México- precisamente porque la capacidad de despliegue en territorio que tiene el Clan del Golfo requiere tal conocimiento de la zona, que difícilmente lo tenga un civil o alguien que no se haya formado en el Ejército". El Clan del Golfo es un temido ejército del narco integrado por 9.000 combatientes que extienden sus tentáculos a unos 30 países y trafica cerca de la mitad de la cocaína de Colombia, su principal recurso financiero.
'Falsos positivos' es el nombre que recibió la escandalosa práctica militar operada en Colombia por la que la fuerza pública asesinaba a miles de civiles y los hacía pasar por rebeldes caídos en combate. "Uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia", lamenta Cárdenas, del que se empiezan a descubrir cada vez más crímenes, más detalles: "Personas que fueron acusadas de guerrilleros sin serlo, asesinadas, para falsear los resultados de la lucha contra el narco y el crimen organizado".
Presentando aquellos como "buenos resultados", se otorgaba al Ejército colombiano bonos, premios y distinciones, mientras se indagan supuestos "importantes vínculos del cártel no sólo con el poder militar, sino político". A juicio de la especialista, las amenazas del Clan del Golfo a los miembros de la JEC, el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, por investigar los 'falsos positivos', guarda una lectura incómoda para el correcto funcionamiento del sistema democrático colombiano: "Con las últimas amenazas a estos magistrados se presume que el Clan del Golfo fue favorecido y, en lugar de enjuiciar o perseguir a los miembros del cártel se utilizó a civiles encubriendo y permitiendo el crecimiento de alguna célula en determinadas regiones".
Por primera vez en abril del 2022 un grupo de 10 exoficiales admitió ante más de 70 familiares de las víctimas su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad al haber participado entre 2007 y 2008 en 120 ejecuciones extrajudiciales, más de 24 desapariciones forzadas y un intento de asesinato en la región montañosa del Catatumbo.
Surgida del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016, la JEP investiga los crímenes de todos los actores del conflicto interno y ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes acepten su responsabilidad, cuenten la verdad y reparen a las víctimas.