El Tribunal Supremo del Reino Unido, máxima instancia judicial de este país, consideró este miércoles ilegal el plan del Gobierno británico de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que entran de manera clandestina en el país.

En un dictamen unánime de cinco jueces, el presidente del Supremo, Robert Reed, consideró que, a la luz de las evidencias, hay un riesgo de que los demandantes de asilo puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen, de los que huyeron.

El Supremo dio a conocer su decisión después de que el Ejecutivo de Rishi Sunak recurriera el dictamen de una corte inferior -la Corte de Apelación- que consideró también que Ruanda no era "un país seguro" para enviar a migrantes en situación irregular.

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Con el dictamen de la máxima instancia judicial del Reino Unido, los magistrados dieron la razón a varios solicitantes de asilo y organizaciones no gubernamentales, que argumentaron en todo momento las deficiencias del país africano en materia de derechos humanos.

Reed explicó que la misión de la corte en este caso era puramente legal y que no se tenía en cuenta el actual debate político sobre la política migratoria, y agregó que se evaluaron leyes y tratados internacionales en materia migratoria y de derechos humanos.

El presidente hizo hincapié, además, en el principio legal fundamental de que no se debe devolver a un solicitante de asilo a su país de origen sin haber "considerado sus reclamaciones" sobre el peligro que supondría ese retorno.

Al leer el argumento del dictamen, Reed dijo que no había ninguna duda de que el gobierno ruandés celebró su acuerdo con el Reino Unido para recibir solicitantes de asilo de buena fe, con fuertes incentivos para seguir los términos del acuerdo.

"Sin embargo, las intenciones y aspiraciones no necesariamente corresponden con la realidad: la pregunta es si son alcanzables en la práctica. La cuestión central en el presente caso, por tanto, no es la buena fe del Gobierno de Ruanda a nivel político, sino su capacidad práctica para cumplir sus garantías, al menos a corto plazo", agregó el magistrado.

El Consejo para los Refugiados saludó hoy el fallo legal al afirmar que supone "una victoria para los derechos de hombres, mujeres y niños que simplemente quieren estar seguros".

"Todos los días en el Consejo para Refugiados trabajamos con personas que han huido de las bombas y las balas en países devastados por la guerra como Sudán y Siria, niños y familias que han huido de amenazas de muerte y persecución en Afganistán", dijo su director ejecutivo Enver Salomon.

"Se han sentido muy angustiados, ansiosos y traumatizados ante la perspectiva de ser enviados como si fueran un cargamento humano a Ruanda", agregó.

La decisión de hoy supone un duro varapalo para la política migratoria del Ejecutivo conservador, puesto que el plan de Ruanda -iniciado en abril de 2020 cuando Boris Johnson era primer ministro- era central para atajar el aumento de los botes con migrantes que cruzan el Canal de la Mancha, que separa Inglaterra de Francia.

Este programa había sido defendido por la ahora ex ministra británica de Interior Suella Braverman, quien fue destituida por Sunak el pasado lunes a raíz de sus críticas contra la Policía británica.

La iniciativa, primero anunciada en 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson, se sustentaba en que desalentaría la llegada de inmigrantes clandestinos que emprenden traslados peligrosos -como en patera- hasta el Reino Unido.

Sunak ha admitido tras conocer el dictamen que no ha sido "el resultado" que esperaba su Gobierno, aunque ha reiterado que está "completamente comprometido a detener las pateras".

"La migración ilegal destruye vidas y cuesta a los contribuyentes británicos millones de libras al año. Necesitamos ponerle fin y haremos lo que sea necesario para lograrlo", ha afirmado Sunak en un comunicado.