"Yo estaba en la misma choza con mi hijo cuando los atacantes abrieron fuego en el campamento. Todos nos tumbamos en el suelo mientras las balas silbaban sobre nosotros. Pocos minutos después de que comenzara el tiroteo, escuché a mi hijo decir: 'Me estoy muriendo'. Vi que no respiraba: le habían disparado en la cabeza, cerca de su oreja derecha".
Este es el relato de una madre que presenció cómo mataban a Aoukondjé, su hijo de 15 años. El asesinato se produjo en un campamento de desplazados en Ngakobo, al sur de la República Centroafricana. El drama de esta madre es el de miles de ciudadanos de este país en el corazón de África que sufre desde hace años una guerra invisible. “Es el paradigma de un estado fallido”, resume el teniente coronel Jesús Díaz Alcalde en un análisis para el Instituto Español de Estudios Estratégicos.
La obstinación y el fanatismo de las facciones enfrentadas, entre los que destacan los Seleka musulmanes y los anti-Balaka cristianos, enfrentados desde 2013, se ha instaurado de manera permanente. El corazón de África ha dejado de latir, apuñalado por las atrocidades y crímenes de guerra perpetrados por ambos bandos, en un conflicto justificado por el control político pero atravesado por la intolerancia étnico-religiosa.
El legado de tanta inestabilidad es un sistema judicial enquistado e inoperante que amnistía y absuelve el horror de los crímenes perpetrados por ambos grupos, tal y como denuncia Human Rights Watch (HRW) en un informe titulado Killing Without Consequence ('Matando sin consecuencia') . A pesar de que en febrero de 2016 saliera de las urnas un nuevo Gobierno con voluntad de justicia, y de que este 19 de junio 13 de los grupos armados firmasen un acuerdo de paz, la inestabilidad persiste en el país.
Reparto del territorio de la República Centroafricana entre los diferentes grupos.
Las cifras de la violencia
La fragilidad del sistema judicial en República Centroafricana no ayuda a sacar de la impunidad los crímenes de guerra. Según las cifras de HRW, sólo 170 magistrados y 113 abogados componen el cuerpo judicial, muchos de los cuales no han vuelto a sus puestos desde 2013. El nivel de formación profesional del personal judicial es bajo y la policía tampoco tiene suficientes herramientas para investigar, por lo que condena a la justicia a la inoperatividad.
Un cóctel explosivo con todos los ingredientes necesarios para plasmar una existente pero fría y lejana realidad: torturas, secuestros, crímenes de guerra y golpes de Estado. Entre noviembre de 2014 y abril de 2017, 566 personas fueron asesinadas y otras 144 murieron mientras huían. Además, más de 185.000 personas huyeron del país, según los datos recogidos de la ONG.
La incesante violencia y el éxodo que vive la población, complica sobremanera la actuación de la Corte Penal Especial, un organismo híbrido formado por jueces y fiscales centroafricanos e internacionales. Su objetivo es enjuiciar los crímenes perpetrados por los grupos armados durante el conflicto, aunque la falta de financiación de la Justicia y la falta de recursos de las fuerzas de seguridad para realizar detenciones hacen imposible la tarea de este tribunal.
Esta situación está agravada por la incapacidad del Gobierno para ejercer su autoridad y construir un país institucionalmente cohesionado. Por eso, la ONU ha ofrecido su apoyo a través de un plan conocido como MINUSCA, que además de la asistencia humanitaria y del respaldo para alcanzar la paz, ofrece apoyo militar a este país que no cuenta con un ejército como tal. El objetivo es que el Ejecutivo pueda ejercitar su soberanía en todo el territorio nacional.
Los Seleka destruyeron numerosas sedes y documentos judiciales, lo que dificultado el trabajo de la justicia.
Justicia enquistada
En las zonas rurales de este país ha funcionado un modelo de justicia en la que "los jefes del pueblo o del barrio asumían un rol de mediador", según explica a este periódico Enrica Picco, investigadora especializada en África Central.
Los Seleka y los Anti-Balaka han abolido este sistema y han suplantado a estos ‘jueces mediadores’ para imponer su ley en aquellos territorios que controlan. Picco sostiene que al margen de la importancia de la Corte Penal Especial, es clave recuperar las formas tradicionales de justicia en estas zonas rurales. Los ciudadanos necesitan el acceso a una "justicia del día a día para acabar de una vez por todas de dirimir las controversias con la violencia".
Filmando el rostro de la muerte
“Presencié cómo un conocido señor de la guerra trató de impresionarme ordenando a uno de sus hombres que se rajara la lengua con una cuchilla frente a mí. Me amenazó con hacerme lo mismo si no le pagaba una cantidad de dinero”. Alfredo Torrescalles, director del documental Los párpados cerrados de Centroafrica, conoce muy bien el país y su violento día a día.
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Este reportero de guerra advierte de que el conflicto entre los Seleka y los anti-Balaka ha evolucionado hasta transformarse en una pelea de bandas. Perdieron toda su legitimidad "con el uso de una violencia feroz e indiscriminada", concluye Torrescalles.
El futuro de la República Centroafricana todavía es muy incierto, aunque en los últimos años se han conseguido ciertos avances. La Asamblea Nacional cuenta hoy con nuevos diputados que han vivido en sus carnes el conflicto y con voluntad de conciliación entre los grupos armados. Además, en las últimas elecciones presidenciales celebradas el año pasado hubo un relativo e insólito periodo de calma y paz como años llevaba sin conocerse. De las urnas salió el nuevo presidente Faustin-Archange Touadéra, que quiere acelerar el funcionamiento de la Corte Penal Especial y ha prometido un nuevo rumbo para el país: “La impunidad no puede ser el precio a pagar para conseguir la reconciliación nacional”.